Por: Redacción AGENCIAS
El fiscal general de Bolivia presentó los resultados parciales de la investigación del caso de corrupción el fin de semana.
El caso de corrupción es considerado como el más grande desde que Evo Morales llegó a la presidencia de Bolivia en 2006.
La justicia de aquel país halló 49 obras «fantasma» y proyectos observados por los que se giraron US$6,8 millones de arcas públicas a cuentas privadas de referentes del partido de Evo Morales.
205 personas se encuentran procesadas y se dispuso la detención de una exministra, dos senadores y dos dirigentes de organizaciones que son parte del oficialismo en Bolivia.
El fin de semana, el fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, dio un informe sobre el caso que en ese país es conocido como «Fondo Indígena».
«Aquí no hay persecución política, aquí se está persiguiendo los delitos de corrupción, los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Es gente que ha recibido dinero en cuentas particulares y no hay estos proyectos, son inexistentes», explicó el titular del Ministerio Público.
Fondo Indígena
– Era una partida presupuestaria destinada a financiar proyectos de desarrollo a favor de organizaciones sindicales y campesinas en Bolivia.
– Fue liquidado en agosto de este año por el gobierno de Evo Morales después de que estalló el escándalo de corrupción.
– La justicia de Bolivia halló 49 obras «fantasma» y proyectos observados por los que se giraron US$6,8 millones de arcas públicas a cuentas privadas de referentes del partido de Evo Morales.
Datos: Fiscalía de Bolivia y BBC Mundo
ABI
El gobierno boliviano aseguró que no va a proteger a ninguno de sus referentes y líderes que puedan estar involucrados en el caso.
«La justicia tiene que actuar de manera independiente, sin ningún tipo de influencia de nadie. No se olviden que quien denunció el tema fue el Gobierno y pedimos que se convoque a quien se lo deba hacer», aseguró el vicepresidente de aquel país, Álvaro García Linera.
Los acusados
El Fondo Indígena era una partida presupuestaria destinada a financiar proyectos de desarrollo a favor de organizaciones sindicales y campesinas en Bolivia.
Fue liquidado en agosto de este año por el gobierno de Evo Morales después de que estalló el escándalo de corrupción.
El informe presentado el fin de semana por la fiscalía boliviana señala responsabilidades individuales en cinco líderes oficialistas.
En los 10 meses previos, desde que la Contraloría General de Bolivia denunció irregularidades en al menos 153 obras financiadas por el Fondo Indígena, otras 205 personas fueron procesadas.
La exministra Julia Ramos es acusada por enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, por 28 proyectos observados del Fondo Indígena.
Según explicó el fiscal Guerrero, la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Julia Ramos es acusada por incumplimiento de deberes, incumplimiento de contrato, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
Añadió que Ramos recibió desembolsos en su cuenta personal de alrededor de US$2,8 millones por la ejecución de 28 proyectos observados.
Ramos, en breve contacto con los medios, calificó su detención como «un show mediático» y aseguró que todo «se va a esclarecer».
Es la primera vez que un exministro de Evo Morales resulta detenido por un hecho de corrupción.
Los senadores Jorge Choque y Felipa Merino son investigados por cinco proyectos «fantasma». Ambos también fueron detenidos involucrados con desembolsos de más de US$500.000.
Los dirigentes oficialistas Melva Hurtado y Remy Vera, así como el disidente Damián Condori, también guardan detención y fueron imputados por la fiscalía por varios delitos y decenas de proyectos «fantasma» que estuvieron bajo su directa supervisión.
El dinero
El debate en Bolivia se concentra en el destino del dinero salido de las arcas públicas destinado a proyectos que no se concluyeron o a obras que jamás fueron empezadas.
Si bien la fiscalía boliviana detectó malos manejos por US$6,8 millones, la interventora del Fondo Indígena, Lariza Fuentes, informó en agosto que el daño económico podría alcanzar los US$14,9 millones.
Dirigentes y senadores del partido oficialista fueron responsabilizados por decenas de obras «fantasma».
Pocos días después del informe de la interventora, la alta dirigente oficialista Nemecia Achacollo renunció a su cargo de ministra de Desarrollo Rural.
En la semana hizo público que se presentará a declarar si es convocada por la justicia boliviana.
La oposición de aquel país y dirigentes en la disidencia han denunciado que una parte de los recursos del Fondo Indígena fue aprovechada por el partido de Evo Morales para campañas electorales y actos proselitistas, algo que ha sido negado por el oficialismo.
Las críticas
El partido de Evo Morales insiste en que no encubrirá a ninguno de sus líderes que pueda resultar involucrado en el escándalo, sin embargo las críticas se multiplicaron después de que cinco referentes oficialistas resultaron involucrados y detenidos.
Rafael Puente, viceministro de Régimen Interior de Evo Morales durante su primer año de mandato, criticó duramente a las dirigencias sindicales y campesinas oficialistas involucradas en el caso por «perder el rumbo» y por aprovechar sus cargos en el Estado para obtener beneficios particulares.
Como Puente, en los últimos años varios exideólogos y exautoridades gubernamentales insinúan que organizaciones sindicales y sus dirigentes fueron «cooptados» para cumplir objetivos proselitistas y partidarios.
En varias oportunidades el presidente boliviano se refirió a las organizaciones indígenas y campesinas como la «reserva moral de la humanidad», sentencia que ahora es cuestionada por culpa de lo sucedido con el Fondo Indígena.
No es el primer caso de corrupción en el gobierno de Morales en los casi 10 años que lleva en la presidencia, sin embargo sí es la ocasión en la que las organizaciones que dan sustento a su partido se han visto más salpicadas.
Las consecuencias de ello podrán medirse el 21 de febrero del año próximo, cuando los bolivianos acudan a las urnas para decidir si Evo Morales puede ser candidato a la presidencia una vez más.
