- Información clave que podría develar actos de corrupción es ocultada
- Tasa de Seguridad, se ha convertido en un bunker
- Información sobre compras, contratos y licitaciones, es escondida por las instituciones públicas
Los periodistas hondureños se las ingenian para investigar y develar casos emblemáticos de corrupción.
Ejercer el periodismo de investigación en Honduras es cada día una tarea más difícil de cumplir, debido a que el bloqueo de la información pública es ahora parte del estamento legal, con lo que se han cerrado las puertas a la verdad y transparencia y la cultura de la sospecha se entroniza cada vez más en una sociedad ávida de conocer un poco más sobre el quehacer de sus servidores públicos.
En virtud del difícil acceso a la información pública, la investigación periodística ejercida en la sociedad hondureña, solo se compara con el accionar de los perros sabuesos, a quienes la naturaleza los facultó de un olfato letal capaz de encontrar todo lo que se oculta, para descubrir cualquier sospecha.
En el 2006 se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, que permitía a la ciudadanía en general y en especial a la prensa, acceder a la información pública de su interés y aunque esta ley sigue vigente, su cumplimiento es limitado luego de la aprobación de la Ley de Secretos Especiales y Clasificación de la Información
El artículo 4 de la Ley de Secretos Oficiales, aprobada el año pasado, establece la clasificación de la información en las categorías de reservada, confidencial, secreta y ultra secreta, en atención al grado de protección que se requiera, con lo que se le puso un candado a mucha información que los medios de comunicación desean trasladar a su público para cumplir su misión de informar y de paso garantizar un país más transparente.
La ley estipula que la información clasificada no puede ser revelada por estrategia, porque podría ocasionar efectos institucionales no deseados al interno del Estado o porque su revelación podría originar riesgo inminente o amenaza directa contra la seguridad, la defensa nacional, integridad territorial y el orden público.
Las trabas a la información pública para la prensa rebasaron los límites a partir del 22 de julio de 2014, con la entrada en vigencia de la resolución 069/2014, emanada del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, cuya jefatura recae en el Presidente de la República.
Con dicha resolución se determinó clasificar como información reservada todo lo relacionado a asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos de 17 instituciones, “cuyo conocimiento por personas no autorizadas puede dañar o poner en riesgo la seguridad/ y/o defensa nacional, y el logro de los objetivos en esta materia”, reza en su artículo segundo.
En la lista de las instituciones aparece la Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad, Policía Nacional, Ministerio Público-Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Dirección de Información Estratégica de las Fuerzas Armadas de Honduras, Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Instituto Nacional de Migración, Dirección Ejecutiva de Ingresos, Registro Nacional de las Personas, Instituto Hondureño de Seguridad Social, Instituto de la Propiedad.
Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Dirección General de la Marina Mercante Nacional, Dirección General de Aeronáutica Civil, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados.
Al ponerse en práctica las legislaciones antes referidas, los hondureños y en especial los periodistas y/o comunicadores sociales, tienen cuesta arriba su misión de informar, y más difícil aún, practicar el periodismo de investigación, que dicho sea de paso, es poco explorado por los medios de comunicación.
La poca investigación periodística que se origina a través de los medios nacionales se relaciona a noticias de impacto social, derivados del comportamiento humano, no así a temas de corrupción por malversación de caudales públicos, producto del abuso de poder por los administradores de la cosa pública.
La Ley de Acceso a la Información Pública establece en su artículo 20 que la solicitud de información deberá presentarse por escrito, o por medios electrónicos, indicándose con claridad los detalles específicos de la información solicitada, sin motivación o formalidad alguna.
En tanto, el artículo 21 señala que, una vez se haya presentado la solicitud, esta se resolverá en el término de 10 días, declarándose con o sin lugar la petición. En casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo y si la información solicitada es denegada, se deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma.
El comisionado de Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Gustavo Adolfo Manzanares Vaquero, explicó a Criterio.hn, que la información más ocultada por las instituciones del Estado, son las relacionadas a las compras, licitaciones y celebración de contratos.
En cuanto a las instituciones que más deniegan información, se encuentra la Tasa de Seguridad Poblacional, detalló Manzanares Vaquero, quien señaló que la situación se debe a que los recursos son manejados por un fideicomiso y porque el gobierno aduce que forma parte de las instancias de defensa y seguridad nacional.
Asimismo, refirió que el IAIP conoce que en muchos casos las solicitudes son entregadas de manera tardía, incompleta o la han denegado.
Lo anterior, devela la mala intención de quienes están al frente de la administración pública, ya que es lógico pensar que si se esconden asuntos relacionados al manejo y administración de recursos financieros, es porque hay algo oculto o porque las cosas no se están manejando de la mejor manera.
Inmersos en la dificultad para lograr la información solicitada, se encuentran los periodistas Alex Flores, de El Heraldo y Wendy Funez, de Conexihon.hn, quienes han presentado ante el IAIP, recursos de revisión, al considerar que las instituciones obligadas les han entregado la información de manera tardía, incompleta o en el peor de los casos se les han negado.
En el caso del periodista Alex Flores, la información solicitada y denegada es en torno a la compra, contratos y licitaciones de medicamentos y otros insumos, por la Secretaría de Salud; y Wendy Funes ha tenido problemas de esa misma naturaleza en el Ministerio Público donde se le ha negado información estadística sobre condenas por muerte de periodistas contra autores intelectuales y materiales y en la a Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), sobre el conflicto estudiantil.
Manzanares Vaquero, apuntó que el periodista Alex Flores ha solicitado información muy compleja de los contratos, compras y licitaciones de una empresa que vende medicamentos a la secretaría de Salud, pero no ha precisado el contrato o los contratos en referencia, pues la empresa maneja un sin número de actos de esta naturaleza.
Sin embargo, aclaró que la secretaría de Salud está obligada en facilitar cualquier información que se le solicite.
En virtud que en Honduras existen más de 20 leyes que protegen la seguridad nacional, mediante la clasificación y reserva de la información, la aprobación de la Ley de Secretos Oficiales, no viene más que a ocultar la información pública.
Durante su gira por Honduras, realizada a finales del año pasado, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, concluyó que la Ley de Secretos Oficiales está afectando el acceso a la información pública.
A juicio de expertos en el tema, no existía la necesidad de la aprobación de la nueva normativa porque ya se cuentan con varias leyes orientadas a la clasificación de la información, entre las que se cita la Ley de Inteligencia, Ley Contra el Terrorismo, Ley Contra el Lavado de Activos, Ley del Sistema Penitenciario, Ley de Protección a Testigos, Ley del Juicio Político, Código Procesal Penal, Ley de Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), Ley de Policía Militar y del Orden Público y Ley de Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE)
Actualmente las autoridades del IAIP llevan a cabo un proceso para armonizar todas las leyes, a efecto de que sea esta institución, quien clasifique y reserve la información pública, informó el comisionado de esa institución, Gustavo Adolfo Manzanares Vaquero.
En una próxima emisión, Criterio.hn, traerá el testimonio de periodistas que realizan investigaciones, que contarán las dificultades por las que atraviesan para lograr su cometido de informar a la sociedad.
