Blindaje a prohibición del matrimonio igualitario sigue vulnerando derechos a personas LGBTIQA+ en Honduras

Congresistas abordados por Criterio.hn aseguran que en la agenda política del Congreso Nacional no existe espacio para temas relacionados a personas LGBTIQA+.

Honduras es uno de los 27 países del continente americano que prohíben el matrimonio igualitario.

Tegucigalpa -En noviembre de 2021, los diputados del Partido Nacional y parte de la bancada del Partido Liberal aprobaron una reforma constitucional al artículo 112, que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, negando el goce de este derecho civil a una de las poblaciones más vulneradas en el país. 

Pese a que dicha prohibición ya existía en la Constitución de la República desde 2004, los legisladores aprobaron la iniciativa, logrando blindar aún más el artículo, que para ser derogado necesita una mayoría de tres cuartas partes de votos de los miembros del Congreso Nacional, es decir, 86 de 128 congresistas. 

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Tras la llegada al poder de la presidenta Xiomara Castro, en 2022, la mandataria expuso que dentro de su plan de gobierno estaban contempladas las personas LGBTIQ+, a quienes prometió garantizar el goce de sus derechos y poner un alto a los ataques y crímenes de odio en su contra, promesas que hasta el momento se mantienen en espera.

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INICIATIVA INCONCLUSA

El 17 de mayo de 2022, el diputado suplente del Partido Libertad y Refundación (Libre), José Manuel Rodríguez, anunció la presentación de una iniciativa de ley para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, sin embargo, el proyecto nunca fue llevado ante el pleno del Congreso Nacional. 

En una entrevista con Criterio.hn, el congresista aseguró que realizó la propuesta porque considera que las personas LGBTIQ+ tienen derecho a poder casarse, no obstante, manifestó que el proyecto no fue presentado ante la cámara legislativa al considerar que no hay ambiente para la aprobación de leyes en beneficio de esta población. 

De acuerdo con Rodríguez, la falta de ambiente en el Congreso Nacional obedece a la oposición de la iglesia católica y otros grupos religiosos, por lo que sostiene que una ley de este tipo, está muy lejos de ser aprobada en el país. 

VACÍO POLÍTICO EN EL CONGRESO NACIONAL

El también diputado suplente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Víctor Grajeda, quien se ha declarado abiertamente una persona LGBTIQ+, explicó a Criterio.hn que en el Congreso Nacional existe un vacío político que no permite que este tipo de leyes se puedan presentar y que tengan una respuesta favorable por parte del pleno y, asegura que, en lugar de beneficiar, esto podría abrir la posibilidad que se creen obstáculos que vuelvan aún más engorroso el proceso. 

Grajeda, en compañía de la diputada independiente Ligia Ramos, presentó en marzo de 2022, una iniciativa para declarar el 17 de mayo como el Día Nacional Contra la Homofobia, en honor a la lucha, la discriminación y el abusó en contra de las personas LGBTIQ+, sin embargo, dicho proyecto no ha sido sometido a votación. 

Al respecto, el congresista lamentó que la iniciativa no haya tenido relevancia dentro del Poder Legislativo y, consideró que, si no ha habido voluntad para la aprobación de una fecha conmemorativa, ve poco probable la aprobación de una ley de esta magnitud que sería tomada de manera controversial por el arraigo religioso y conservador de los legisladores. 

VULNERACIÓN DE DERECHOS A PERSONAS LGBTIQ+

En Honduras, como en la gran parte de los países de América Latina, el matrimonio es un derecho garantizado únicamente a las parejas heterosexuales, lo que obstaculiza el goce y el beneficio de los derechos fundamentales como la familia y la vivienda para las personas de la diversidad sexual. 

Frente a esta prohibición, algunas parejas de esta población vulnerable eligen viajar a países donde el matrimonio igualitario es legal, para acceder a un derecho que les es negado por el Estado.

En Honduras, recientemente se popularizó el caso de Ricardo y Fernando, una joven pareja de creadores de contenido que viajó a Costa Rica para contraer matrimonio. Sin embargo, no han sido los únicos hondureños en oficializar su unión en la vecina nación centroamericana.

Ejemplo de ello, es el caso Kenia Bonilla y Ángeles Palma, dos activistas LGBTIQ+ quienes, en 2021, tomaron la decisión de casarse en Costa Rica, enfrentando desafíos y vulneración al reconocimiento de sus derechos.  

De acuerdo a lo expuesto por ambas mujeres, la idea del matrimonio surgió tras estar cuatro años juntas y ante la prohibición en Honduras se vieron obligadas a viajar a Costa Rica, donde a partir del 26 de mayo de 2020, el matrimonio igualitario fue legalizado, siendo este país, hasta el momento, el único en Centroamérica en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Kenia, señala que el proceso es igual al de un matrimonio heterosexual, con la diferencia que el trámite se debe realizar en el país de origen, pues la documentación debe estar certificada, para que la unión sea válida. Los documentos, al estar en orden, son escaneados y enviados a la notaria, quien se encarga del protocolo para la ceremonia y, quien, posteriormente, realiza el proceso de certificación para la autenticación del matrimonio. 

Aunque legalmente están casadas en Costa Rica, el vínculo legal que las une no es reconocido en Honduras en aplicación del artículo 11 del Código de Familia que establece de manera explícita que los matrimonios igualitarios que se hayan celebrado en otros países no serán válidos ni reconocidos en el país. 

Como consecuencia de esta normativa, Ángeles, relata que se les han negado préstamos hipotecarios, limitando el acceso a la adquisición de una vivienda, y explica que esto obstruye las posibilidades de la construcción de un patrimonio mancomunado que, en caso de existir, al momento del fallecimiento de una de las dos partes, pasa a manos de la familia de la pareja a causa de la invalidez de los derechos por parte del Estado. 

Además de enfrentar dificultades con el acceso a la vivienda, señala que también se les niega el acceso pleno a la salud, porque se les impide acompañar o tomar decisiones como cónyuges, y el derecho a la familia, al prohibirles la adopción, al no ser reconocidos como familias tradicionales. 

De acuerdo con Kenia, las leyes universales facultan el derecho a la familia independientemente de la raza, sexo u orientación sexual, por lo que considera que esta prohibición es una transgresión más que se añade a la larga lista de derechos que se les vulneran. 

Finalmente, las activistas opinaron que la aprobación de las leyes en favor de las personas LGBTIQ+ está lejos de ser una realidad. Sin embargo, consideran que con la lucha constante por la igualdad que se lleva a cabo en el país, esperan poder disfrutar eventualmente del pleno goce de sus derechos o, al menos, dejar un camino allanado para las nuevas generaciones.

LA LUCHA DE LAS ORGANIZACIONES LBGTIQ+

Tras la prohibición del matrimonio igualitario y el impedimento de adopción a las parejas del mismo sexo, las organizacines LGBTIQ+, han presentado diferentes recursos de inconstitucionalidad a los articulos 112 y 116 de la Constitución de la República, sin obtener respuestas por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

Larisa Velásquez, abogada de la Red Lésbica Cattrachas informó que en febrero de 2021 se presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional debido a que existían suficientes motivos para realizar la impugnación a las reformas, no obstante, se necesitaba un dictamen de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución que fue emitido el 17 de enero de 2023. 

Velásquez, recuerda que ha pasado más de un año desde la emisión del dictamen que reconoce los motivos de la impugnación a las reformas que elevaron a rango constitucional la prohibición del matrimonio igualitario, pero que aún la Sala de lo Constitucional no ha emitido ninguna resolución. Sin embargo, esta simple acción ha sido considerada como un logro por parte de la Red Lésbica Cattrachas porque antes la Fiscalía ni tan siquiera les daba una respuesta.