Batallones de Protección Ambiental se construyeron sin licencias ni estudios de impacto

Desde las Fuerzas Armadas no niegan que construcción inició sin estudio de impacto y sin permiso ambiental, tampoco que la obra de Santa Barbará fue finalizada sin la correspondiente autorización de Serna. Se limitaron a responder que las obras “fueron construidas dentro de unidades militares” y que los licenciamientos están en trámite

Auditoría del TSC reveló que construcciones en los batallones ambientales en Santa Barbara y Olancho iniciaron sin evaluación de impacto ni licencias previas, pese a tratarse de proyectos categoría 3, o sea de alto impacto ambiental

Advierten que la omisión de licencias en las obras militares no solo constituye una infracción administrativa, sino un posible delito ambiental

Tegucigalpa, Honduras. – Su misión es la protección ambiental, pero olvidaron realizar estudios de impacto y gestionar las licencias correspondientes antes de levantar su infraestructura. Se trata del tercer y primer Batallón de Protección Ambiental construidos en Santa Barbará y Olancho, respectivamente.

Así lo expuso el informe de auditoría al proceso de contratación N° 03/2025/DEP/GSP, correspondiente a la licitación pública nacional N° LPN-064-2023-SDN, realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) entre el 11 de septiembre de 2023 y el 11 de enero de 2024, publicado en marzo de este año.

En noviembre de 2024, la presidenta Xiomara Castro, inauguró el tercer Batallón de Protección Ambiental, en Pinalejo, Quimistán, Santa Barbará, y destacó la labor de protección forestal y recursos naturales que realizan las Fuerzas Armadas de Honduras. No obstante, la solicitud de la licencia ambiental correspondiente para la construcción de dos infraestructuras categoría 3, de alto impacto ambiental, no fue realizada sino hasta marzo de 2025.

La auditoría del TSC señaló que “no se realizó la evaluación de impacto ambiental y su correspondiente licencia” previo a la entrega de la orden de inicio. Remarcó además que la ejecución de obras públicas sin licencia ambiental poder resultar en multas, cierre temporal o permanente de la obra.

Criterio.hn solicitó, mediante el Sistema de Información Electrónico (Sielho), a la Serna establecer la fecha en que se realizaron las solicitudes de licencia ambiental CAT1-106-2025 y CAT1-105-2025. Mediante el Oficio No. UTGPC.241-2025, la institución respondió que ambas fueron creadas el 18 de marzo de 2025.

Las obras realizadas en ambos batallones ambientales son: fosas sépticas, sistemas de agua potable, barracas y comandancias, entre otras.

SEDENA NO DESMIENTE QUE OBRAS FUERON REALIZADAS SIN LICENCIAS

Si bien el TSC minimiza la acción concluyendo únicamente que “no se había solicitado los permisos ambientales, previo al inicio del proceso de contratación de la obra”, al menos una de las construcciones fue inaugurada y tres meses después se solicitó la licencia ambiental ante la Serna.

En su informe el TSC establece que al no realizar el estudio de impacto ambiental y la solicitud de licencia ambiental previo a la orden de inicio se incumplió el artículo 69 de la Ley de Contratación del Estado, el artículo 82 de su Reglamento y el artículo 7 del Acuerdo Ministerial No. 705-2021, de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna).

La institución auditora, además, señaló que es obligación legal de las instituciones del Estado, incluidos los Batallones de Protección Ambiental, el realizar estudios de impacto ambiental y obtener licencias antes de iniciar cualquier obra pública.

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En respuesta, a lo señalado por la institución auditora y como quedó consignado en el informe, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) evitó referirse al estudio de impacto ambiental y únicamente, explicó que las solicitudes para las respectivas licencias ambientales ya fueron ingresadas ante la Serna, sin especificar la fecha, pero proporcionando los números de solicitudes CAT1-106-2025 y CAT1-105-2025 para la construcción del Primer y Tercer Batallón de Protección Ambiental, respectivamente.

En términos similares, respondió a Criterio.hn el portavoz de las Fuerzas Armadas, capitán Mario Rivera, a quien se le llamó la tarde-noche del lunes 1 de septiembre, y pidió ser contactado el martes 2 de septiembre, para ese día notificar que debido a reuniones e impartición de clases a oficiales no podría brindar declaraciones y que preferiblemente atendería hasta este miércoles, sin brindar hora.

Pasadas las 10:00 AM del miércoles, el capitán Rivera escribió por mensajería “que ambos batallones de protección ambiental fueron construidos dentro de unidades militares”, y que cualquier consulta se realizará por la misma vía.

Criterio.hn respondió que incluso las construcciones al interior de unidades militares deben realizar estudios de impacto y solicitar las licencias ambientales correspondientes ante la Serna, como manda la ley.

En respuesta, Rivera, quien evitó el tema del estudio de impacto ambiental, dijo: “Si, como parte de la transparencia que caracteriza a nuestra institución militar, puedo expresarle que las licencias ambientales desde hace varios meses están en trámite y solo estamos a la espera de la resolución que emita la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas”.

Tal como pudo comprobar Criterio.hn, las solicitudes de ambas licencias ambientales para las construcciones del primer y tercer batallón ambiental fueron solicitadas el 18 de marzo, aproximadamente diez días antes de la publicación del informe de auditoría del TSC.

Es decir que al menos en el caso del Tercer Batallón de Protección Ambiental en Santa Barbara, la solicitud de licencia ambiental para su construcción fue realizada tres meses después de la inauguración de la obra finalizada por la presidenta Xiomara Castro en noviembre de 2024.  

Con respecto a la construcción en el Primer Batallón de Protección Ambiental ubicado en El Aguacate, Catacamas, Olancho, no se tienen datos sobre la finalización de la obra. A partir de lo establecido en el pliego de condiciones este proyecto tenía un plazo de ejecución de siete meses a partir de la orden de inicio, por lo que probablemente el proyecto finalizó al igual que el de Quimistán, Santa Barbará, sin que se emitiera la respectiva licencia ambiental.

BATALLONES AMBIENTALES CONSTRUIDOS SIN LICENCIA HABRÍAN INCURRIDO EN DELITO

Criterio.hn consultó a Emma Velásquez, coordinadora del programa de Derechos Humanos y auditoría social del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), y a Pedro Landa, defensor e integrante de la Red Continental Iglesias Sin Minería, para ahondar en el tema y las repercusiones que tiene que los mismos designados para la protección medioambiental desatiendan su mandato.

Velásquez sostuvo que es imposible explicar lo indefendible, porque los Batallones de Protección Ambiental son estructuras cuyo propósito es la protección ambiental y la biodiversidad en el marco del Plan Estratégico “Cero Deforestación al 2030”, y que, al no haber solicitado la licencia ambiental, ellos mismos no estarían cumpliendo con la misión que les fue encomendada.

La coordinadora del programa de Derechos Humanos y auditoría social del Fosdeh manifestó que además de una infracción administrativa, podrían estar incurriendo en un delito ambiental en función de los daños ocasionados.

El integrante de la Red Continental Iglesias Sin Minería sostuvo que la gestión de las licencias ambientales por parte de Sedena después de iniciar las obras constituye un delito ambiental, situación que refleja un patrón ya visto en proyectos donde hay grandes intereses en juego, como ocurrió con la construcción de una carretera y el funcionamiento de una mina en área protegida, como ocurrió en Tocoa, Colón.

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Insistió en la necesidad de realizar una auditoría forense para determinar los impactos ocasionados y se presenten denuncias ante la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) y la Procuraduría General de la República (PGR), ya que se trata de daños directos a bienes nacionales como bosques y áreas protegidas.

Recordó que, en Santa Bárbara, la mayoría de las zonas son áreas protegidas y productoras de agua. Landa agregó que además del estudio de impacto ambiental se tuvo que realizar una consulta previa libre e informada, debido a que muchas de las comunidades de ese departamento son lencas.

Esta postura, fue compartida por Emma Velásquez, quien señaló que si bien Pinalejo, Santa Barbara, no es un territorio indígena declarado, forma parte del municipio de Quimistán, con presencia significativa del pueblo Lenca, y en donde ya se han interpuesto amparos por las posibles afectaciones causadas por el proyecto de la represa de El Tablón.

Incluso, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) emitió un comunicado el 29 de julio de este año, en torno a la construcción de la represa El Tablón, señalando la necesidad de realizar el perfil de un nuevo estudio histórico-antropológico que documente prácticas culturales y establezca un plan de salvaguardia.

Landa agregó que la construcción de destacamentos militares implica impactos que deben evaluarse: población residente, desmonte de áreas, reforestación y mitigación, manejo de desechos sólidos y aguas grises, abastecimiento de agua, afectación a comunidades vecinas, tránsito de vehículos pesados y ejercicios militares con artillería. Especificó que todo eso exige una licencia ambiental y medidas de mitigación, que no pueden sustituirse solo bajo el nombre batallones ambientales.