Por: Redaccion CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- El magisterio sigue en protesta por la falta de pago de salarios por parte de la Secretaría de Educación, la cual debe a maestros de al menos 14 departamentos del país, el sueldo correspondiente al mes de julio.
La protesta de los docentes ha consistido en un apagón virtual que ya lleva una semana, y el cual ha sido motivado por la presión de la base magisterial ante la omisión de un sector de la dirigencia aglutinado en la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH).
Según el profesor de base, Juan Romero, en las últimas dos semanas se han realizado dos asambleas convocadas por la base, en las que han acudido más de 200 personas. Las reuniones han servido para hacer un llamado a la dirigencia y presionar por acciones de protesta para lograr el cumplimiento de sus derechos laborales.
“Es interesante el papel que ha jugado la base magisterial, la cual ha hecho un importante llamado a la dirigencia para que asuma decisiones a favor del gremio en un momento donde el Gobierno sigue violando nuestros derechos”, contó a Criterio.hn el profesor Romero.
Hasta el momento, sólo el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh) y el Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), se han sumado a las convocatorias de los docentes de base y han asumido responsabilidades de convocatoria a la suspensión de labores virtuales a nivel nacional.
El profesor Edwin Hernández, presidente de Colpedagogosh en entrevista a Radio Progreso calificó de importante la presión que la base está haciendo ante una dirigencia que no está cumpliendo con las demandas que su propio gremio exige.
Hernández afirmó que el magisterio debe apostar por el rescate de sus derechos y cumplimiento de cosas que son tan básicas como el pago de salarios mes a mes y también condiciones óptimas para hacer su trabajo.
Además del asunto salarial, los docentes han dejado clara su exigencia de que el Gobierno autorice internet gratis para los docentes que imparten clases virtuales, los que durante la pandemia han financiado el internet para poder impartir los temarios correspondientes al año lectivo.
“En este momento hay muchos motivos por los cuales el magisterio debe luchar, pero es lamentable ver que la dirigencia siga plegada al Gobierno defendiendo intereses particulares y dejando por un lado a la mayoría de aportantes”, calificó el profesor Romero a la dirigencia.
Con nombre y apellido, el docente apuntó contra los dirigentes del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras, Sindicato Profesional de Docentes Hondureños y contra el Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros, por su papel de complicidad con las autoridades de educación.
“No hay justificación válida para entender el papel de estos colegios magisteriales en un momento como este. La base lo sabe y lo repudia en cada asamblea que se realiza”, relató Romero.
La crítica contra la dirigencia empezó a tomar fuerza ante el papel que estos colegios magisteriales jugaron durante la lucha de la Plataforma por la Defensa de la Salud y Educación en 2019.
La dirigencia traicionó a las decisiones de la base y en junio de 2019 en plena crisis por la derogación de los PCM 16-2011, 40-2012,27-2018 y 08-2019, el lado oscuro del magisterio firmó un acuerdo desmovilizador con el Gobierno de Juan Orlando Hernández.
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La lucha de la Plataforma fue motivada en gran medida por la base magisterial ante la negativa de la dirigencia por asumir tareas de defensa de la educación a pesar de la amenaza de los decretos de emergencia aprobados por el Poder Ejecutivo que fomentaban el despido de empleados de la salud y educación.
Por su parte la dirigencia se ha referido a las reuniones que han sostenido con el Gobierno en los últimos meses, en la cual destacaron que gracias a las reuniones se han alcanzado acuerdos importantes como reajustes salariales que están listos para entrar en vigencia.
Entre esos acuerdos se encuentra la firma del aumento salarial por 2 mil lempiras el pasado mes de enero y que será aplicable a dos años a todos los docentes a nivel nacional.
