“La jueza ha faltado a sus deberes de funcionario público, al no aplicar el presente decreto y violentado el derecho a la libertad que le asiste a los representados, [y] el debido proceso”, exteriorizó la abogada del Cofadeh, Karol Cárdenas
Tegucigalpa.- Por segunda ocasión se negó la amnistía a favor de los defensores territoriales de la Península de Zacate Grande, en el sur de Honduras, Santos Hernández y Abel Pérez, sentenciados a dos años de prisión por la supuesta comisión del delito de usurpación.
El pasado martes 15 de agosto, la jueza del Juzgado de Ejecución, Melissa Ponce Aplicano, adujo que el decreto 04-2022, comúnmente conocido como Decreto de Amnistía, es incompatible a las normas legales, cuestionándolo en forma y fondo, y solicitando a la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, que sea esta la que analice si se aplica o no la amnistía, informó la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos.
La controversial figura de usurpación es ampliamente usada para criminalizar a las y los defensores de la tierra y territorio en Honduras. En marzo de este año, las comunidades de Zacate Grande en Valle y Los Prados en Namasigüe, Choluteca, pidieron a la comisión de asuntos constitucionales del Congreso Nacional la derogación parcial del decreto 93-2021, el cual criminaliza a defensores de la tierra y el territorio.
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JUEZA COARTÓ DERECHO DE OBTENER LIBERTAD INMEDIATA A DEFENSORES: ABOGADA COFADEH
La abogada del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Karol Cárdenas, afirmó no estar sorprendida con la decisión de Ponce Aplicano y que lo sorprendente habría sido que la togada actuara con objetividad y aplicara el decreto de amnistía el cual asiste a los representados.
El Cofadeh, junto a la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), son las dos instituciones acreditadas para emitir constancias y certificaciones que justifiquen de forma clara y amplia como requisito vinculante para que el operador de justicia aplique la amnistía en favor de la persona defensora criminalizada, no así cuando se traten de exfuncionarios del derrocado gobierno de Manuel Zelaya, esposo de la actual presidenta Xiomara Castro.
Cárdenas sostuvo que Hernández y Pérez “están injustamente cumpliendo una pena privativa de la libertad” y que a través de “esta resolución la jueza les coarta el derecho de obtener su libertad inmediata, así como lo establece el presente decreto, que es de aplicabilidad inmediata”.
La abogada del Cofadeh compartió con la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande que la jueza Ponce Aplicano faltó a sus funciones porque debió aplicar de forma inmediata el decreto de amnistía, como lo establece el artículo número 7 del Decreto de Amnistía.
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En cambio, mencionó, que la jueza cuestionó la calidad de ciudadano de los representados, las constancias emitidas tanto por la SEDH y Cofadeh. “Reunimos todos los requisitos, por lo tanto, consideramos que la jueza ha faltado a sus deberes de funcionario público, no aplicando el presente decreto y violentando el derecho a la libertad que le asiste a los representados, [y] al debido proceso”, exteriorizó.
DECRETO DE AMNISTÍA ES IGNORADO POR OPERADORES DE JUSTICIA DEL SUR DE HONDURAS
La coordinadora de litigio estratégico de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, Denia Castillo, cuestionó la capacidad en la toma de decisiones de los operadores de justicia de la zona sur de Honduras, puesto que la petición presentada en favor de amnistía favorece directamente a los defensores del territorio, de acuerdo con el artículo 4, inciso c.
El cual estable que gozan de amnistía los defensores “que han realizado actos en defensa de la soberanía nacional, la democracia, territorios, tierras y fuentes de agua, en beneficio de sus comunidades o en defensa de su patrimonio inmaterial e intangible y cuyas acciones han sido criminalizadas por los operadores de justicia por motivaciones políticas […]”.
Castillo apuntó que la acción de la jueza de trasladar la decisión a la Sala de lo Constitucional esta fuera de lo que establece la ley a los operadores de justicia, luego de que se les presenten los requisitos que acreditan a los defensores.
La abogada compartió a La Voz de Zacate Grande que además de acreditar que Hernández y Pérez son defensores, incorporaron documentación que ambos gozan de medidas cautelares por el Mecanismo de Protección y la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), pese a todo esto les fue denegada la amnistía.
La Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, conocida como Ley de Amnistía, es cuestionada porque en la práctica las y los defensores no han sido beneficiados. En cambio, opacas figuras políticas como Enrique Flores Lanza, Rasel Tomé, Edgardo Casaña y Marcelo Chimirri gozan de libertad.
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La jueza Karla Lizeth Romero Dávila, quien juramentó a la presidenta Xiomara Castro durante la toma de posesión del 27 de enero de 2022, presentó en marzo del año pasado un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que definiera si la amnistía violentaba o no la Constitución de Honduras. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional pronunció sin lugar el recurso señalando que la jueza había actuado a título personal.
