Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo el lunes que está profundamente alarmada por las condiciones de personas migrantes y refugiadas, niñas, niños y adultas, que permanecen en detención en los Estados Unidos después de cruzar la frontera sur. Bachelet enfatizó que las niñas y los niños nunca deben ser recluidos en detención migratoria o separados de sus familias.
La Alta Comisionada expresó que varios organismos de derechos humanos de la ONU han encontrado que la detención de niñas y niños migrantes puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante que está prohibido por el derecho internacional*.
«Como pediatra, pero también como madre y ex jefa de Estado, estoy profundamente conmocionada porque niñas y niños se vean obligados a dormir en el suelo en instalaciones sobrepobladas, sin acceso a atención médica ni alimentación adecuadas, y con malas condiciones de saneamiento», dijo la Alta Comisionada Bachelet.
«Detener a una niña o un niño, incluso por un período corto de tiempo y en buenas condiciones, puede tener un impacto grave en su salud y desarrollo – considere el daño que se está causando cada día al permitir que esta alarmante situación continúe». La Alta Comisionada señaló que la detención migratoria nunca es acorde con el interés superior del niño o niña.
Señalando el perturbador informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre las condiciones en centros de detención de migrantes a lo largo de la frontera sur, Bachelet urgió a las autoridades a encontrar alternativas a la detención para niñas, niños y personas adultas migrantes y refugiadas.
‘Cualquier privación de la libertad de personas migrantes adultas y refugiadas debe ser una medida de último recurso’ dijo. Si la detención se produce, la Alta Comisionada enfatizó, ésta debe ser por el período más breve de tiempo posible, cumpliendo con las garantías de debido proceso y en condiciones que cumplan plenamente con todos los estándares internacionales de derechos humanos relevantes.
“Los Estados tienen la prerrogativa soberana para decidir sobre las condiciones de entrada y permanencia de extranjeros. Pero claramente, las medidas de gestión de las fronteras deben cumplir con las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos y no deben basarse en políticas restrictivas dirigidas únicamente a detectar, detener y deportar inmediatamente a los migrantes irregulares” añadió.
“En la mayoría de estos casos, las personas migrantes y refugiadas se han embarcado en peligrosos viajes con sus hijas e hijos en busca de protección y
dignidad y huyendo de la violencia y el hambre. Cuando finalmente creen que han llegado a un lugar seguro, pueden encontrarse separados de sus seres queridos y encerrados en condiciones indignas. Esto no debería suceder nunca en ninguna parte”.
Las presencias de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México y América Central han documentado numerosas violaciones de derechos humanos y abusos contra personas migrantes y refugiadas en tránsito, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, la privación arbitraria de la libertad, la separación de familias, la negación de acceso a servicios, devoluciones y expulsiones arbitrarias.”
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La Alta Comisionada reconoció la complejidad de la situación y los desafíos que enfrentan los Estados de origen, tránsito y destino. Les pidió trabajar en conjunto para abordar las causas estructurales que obligan a las personas migrantes a abandonar sus hogares mediante la implementación de políticas transversales que tomen en cuenta los complejos factores impulsores de la migración. Éstos incluyen la inseguridad, la violencia sexual y de género, la discriminación, la pobreza, los impactos adversos del cambio climático y la degradación medioambiental.
Bachelet también rindió homenaje a las personas y a las organizaciones de la sociedad civil que han brindado a los migrantes los derechos más básicos, como el derecho al agua, a la alimentación, a la salud, a una vivienda adecuada y otros tipos de asistencia.
«La prestación de asistencia para salvar vidas es un imperativo de los derechos humanos que debe respetarse en todo momento y para todas las personas necesitadas – es inconcebible que aquellos que buscan brindar dicho apoyo corran el riesgo de enfrentar cargos penales», mencionó.
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