Redacción CRITERIO/ CONARE
Los países centroamericanos lograron mejoras económicas y sociales indiscutibles entre los años 2010 y 2014, pero estas siguen siendo insuficientes para que el desarrollo humano de la región avance en su conjunto de modo sustantivo.
En varios ámbitos Centroamérica estaba, hacia 2015, en mejor situación que en 2010. Así lo señala el Quinto Informe Estado de la Región, presentado por el Consejo Nacional de Rectores de las universidades públicas de Costa Rica (Conare).
La recuperación de las exportaciones, moderados ritmos de crecimiento después de la crisis internacional de 2008-2009 y bajos niveles de inflación, fueron acompañados de un repunte en la mayoría de los indicadores sociales, entre ellos: la inversión en educación y salud, la cobertura educativa y la esperanza de vida.
Hubo también ciertos avances en la gestión ambiental: la superficie dedicada a áreas protegidas siguió aumentando y se amplió la generación eléctrica con fuentes renovables y limpias. No obstante, el Quinto Informe Estado de la Región destaca que el limitado impacto de esa evolución se explica por su corto alcance y por el hecho de que no se enfrentaron desafíos fundamentales, que históricamente no se han atendido. Centroamérica no ha logrado contrarrestar los problemas crónicos que impiden su progreso. Además de la persistencia de problemas crónicos, en el ámbito político han surgido nuevos y más complejos retos.
Más de dos décadas después de la transición, desde la guerra y los regímenes dictatoriales, los Estados democráticos no han logrado afianzarse. En tal circunstancia, el fortalecimiento de los ejércitos en los últimos años y su creciente participación en actividades distintas a la seguridad nacional comprometen la subordinación del poder militar al civil y constituyen una amenaza para la libertad, la paz y la tutela de los derechos humanos.
Ninguno de los avances alcanzados implicó cambios importantes en la estructura productiva, en los patrones de distribución de la riqueza, en la sobreutilización del patrimonio natural o en las capacidades de la institucionalidad para impulsar el desarrollo humano y la democracia. Como consecuencia, casi la mitad de la población continúa afectada por la pobreza y la exclusión social, sobre todo en los países del centro y norte del Istmo, los más grandes y con mayor población.
Los niveles de desigualdad en la distribución de los ingresos en la mayoría de las naciones continúan estando entre los más altos de América Latina, la región más desigual del mundo. Las bajas cargas tributarias y su concentración en impuestos indirectos impiden actuar sobre este estado de cosas, revertir la creciente insostenibilidad fiscal y adecuar la inversión a la magnitud de las necesidades.
En materia ambiental, Centroamérica muestra una situación paradójica: posee una abundante riqueza natural, pero hace un uso insostenible de sus recursos y su territorio. La región tiene un balance ecológico negativo. En 2011 (fecha del último dato regional disponible), cada centroamericano consumió un 18,2% más de recursos de lo que el territorio puede proveer, considerando su capacidad de reposición. Asimismo, se ampliaron las brechas entre un sur del Istmo más dinámico y desarrollado y un centro-norte con persistentes rezagos económicos, sociales y políticos, pues las naciones mejor posicionadas fueron las que, en general, consiguieron mayores progresos.
Estas diferencias se agudizan a lo interno de los países y para ciertos grupos de población. El Informe señala que la cuenta regresiva que supone el agotamiento del bono demográfico –que ocurrirá en el año 2020 para Costa Rica y Panamá y se prolongará hasta el 2050 en Guatemala– impondrá retos diferenciados a los países, para impulsar acciones que permitan cosechar sus beneficios con el fin de promover el desarrollo humano sostenible.
Estratégicamente, los países deben introducir ajustes de fondo en sus estilos de desarrollo y crear una institucionalidad pública más eficiente y robusta, capaz de materializar el potencial del capital humano que hoy se desaprovecha, tal como lo demuestran los 5,4 millones de jóvenes de 15 a 24 años (60% del total) que hoy están fuera del sistema educativo.
Esta es una barrera estructural que impide romper el ciclo de reproducción intergeneracional de la pobreza y la exclusión social y apalancar el crecimiento económico. Para romper ese ciclo y elevar la productividad de las economías de la región, mejorar la equidad social e impulsar la habilitación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia, este Informe llama a ampliar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación.
En la mayoría de los países ello supone ampliar la inversión pública en este rubro e implementar sistemas de gestión por resultados, a fin de que la educación se constituya en el principal mecanismo para asegurar el bienestar de las futuras generaciones.
En los próximos años, no hacer nada distinto de lo que ya se ha venido haciendo en educación significaría convertir en frustración el bono demográfico, una enorme oportunidad para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo humano sostenible en Centroamérica.
