Los militares tomaron el control de los centros penales en julio de 2023, luego que la cárcel de mujeres ubicada en Támara, se registrara una masacre que acabó con la vida de 46 privadas de libertad. Pero en su nueva gestión al mando de las penitenciarías, la institución castrense no ha procurado que la rendición de cuentas sea un factor crucial, lo que pone en tela de duda el manejo que están dando
De hecho, durante la intervención penitenciaria se desnudaron dos casos que posiblemente vinculen a jerarcas militares con el crimen organizado. El primero fue en diciembre de 2023, cuando arrestaron a un director intentando ingresar más de medio millón de lempiras para entregarse a líderes de la Pandilla 18
Tegucigalpa, Honduras.- En julio de 2023, la Policía Militar de Orden Público (PMOP) tomó el control administrativo y operativo de todos los centros penales de Honduras. Durante esos más de siete meses, la fuerza castrense ha tenido poca o nula rendición de cuentas sobre el manejo que le están dando a las cárceles, incluso cuando esta intervención está siendo cuestionada por abusos y complicidad con las agrupaciones criminales que giran directrices desde el interior.
Para Kenneth Madrid, analista en temas de seguridad, hay preocupaciones sobre la falta de transparencia y rendición de cuentas en la intervención militar en los centros penitenciarios. Madrid señala que se han recibido muchas denuncias de grupos de derechos humanos sobre la falta de información adecuada para evaluar la situación dentro de las cárceles y las presuntas violaciones de derechos humanos hacia los reclusos.
Destacó la importancia de mostrar cómo se está llevando a cabo la intervención, asegurando la eliminación de privilegios y la garantía de los derechos de los internos, como el acceso a la salud y la educación.
Madrid advierte que la falta de transparencia genera dudas sobre la efectividad de la intervención penitenciaria, que debería modernizar el sistema y preparar el camino para el retorno de la gestión civil de las prisiones. Además, enfatiza que la intervención debe establecer una estrategia integral que rinda cuentas sobre sus acciones y prepare a los privados de libertad para la reinserción social.
El abogado enfatiza la importancia de evitar que las cárceles se conviertan en «escuelas del crimen» y asegurar la seguridad de los reclusos. En resumen, Madrid subraya que la falta de transparencia pone en riesgo la intervención militar en los centros penitenciarios y la necesidad de garantizar los derechos de los internos.
“Pero si no están sentando las bases y no rinden cuentas ponen en tela de duda esta intervención militar (…) sobre todo deben brindar un informe de cómo están evitando que las cárceles no seas escuelas del crimen, que ya efectivamente estén reduciendo los niveles de peligrosidad que se producen”, opinó Madrid en pláticas con Criterio.hn.
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¿HAN RENDIDO CUENTAS?
Durante los primeros meses, el líder de la PMOP, Ramiro Muñoz, se mostró accesible con los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos, asegurando que no habría falta de rendición de cuentas para mantener informada a la población sobre cómo progresivamente las cárceles dejarían de ser «escuelas del crimen».
Sin embargo, después de una polémica en la que se le vio amenazando de muerte a uno de sus subalternos antes de realizar una requisa en una de las cárceles del país, el jerarca militar se retiró de la vida pública, generando incertidumbre sobre lo que está ocurriendo en el interior de los centros penales.
Por otro lado, durante la dirección de la misión por parte de la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, bajo la orden de la presidenta Xiomara Castro, se reveló cómo las maras y pandillas tenían escondites de armas y dinero, y disfrutaban de comodidades en el interior de las prisiones.
Sin embargo, la intervención de Villanueva duró poco tiempo debido a una masacre que, según conversaciones con Criterio.hn, se atribuye incluso a funcionarios descontentos con su labor en las cárceles. La peor consecuencia fue la muerte de 46 mujeres.
LA HISTORIA DE SIEMPRE: NO ESTÁN PREPARADOS
Para el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, la intervención penitenciaria, de la mano de la Policía Militar, no es la alternativa que el gobierno debería haber elegido, ya que no están capacitados para dirigir cárceles ni para convivir con la población.
“Los militares no pueden estar a cargo de las cárceles. De hecho, el Estado debe cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenan adecuar los centros penitenciarios a los estándares internacionales para evitar situaciones como las que se están viviendo (amotinamientos y reyertas)”, detalló.
El abogado Mejía recordó la sentencia del caso Pacheco Teruel vs. Honduras, llevado a cabo en 2012, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la que se insta a la nación centroamericana a prevenir situaciones que pongan en riesgo a los privados de libertad, como incendios, y también a cumplir con sus necesidades básicas.
Además, Mejía propuso que Honduras establezca una carrera penitenciaria que capacite al personal en materia penal, derechos humanos y dirección de cárceles, para evitar así el uso de fuerza policial y militar, que, como resultado, termina siendo parte de la corrupción que impera en los centros penales.
Desde las Fuerzas Armadas, presumen que, entre las medidas que están implementando, capacitaron a unos mil policías penitenciarios para encargarse de la seguridad dentro de los centros penales y así erradicar la gobernanza.
