Por: Joaquín Mejía Rivera
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado claramente establecido que la libertad de expresión es la piedra angular en una sociedad democrática, ya que permite buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, incluidas las que se difunden o acceden a través de internet.
La libertad de expresión no es absoluta y algunas expresiones pueden ser prohibidas como la propaganda en favor de la guerra y la apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar.
Sin embargo, los Estados tienen un limitado margen de actuación al momento de establecer restricciones a este derecho justificadas en la prohibición de las expresiones de odio, ya que deben enmarcarse en cinco parámetros importantes. Primero, nadie debe ser penado por decir la verdad.
Segundo, nadie debe ser penado por divulgar expresiones de odio a menos que se demuestre que las divulga con la intención de incitar a la discriminación o la violencia; tercero, debe respetarse el derecho de los periodistas a decidir sobre la mejor forma de transmitir información y comunicar ideas al público.
Cuarto, nadie debe ser sometido a censura previa; y quinto, toda imposición de sanciones debe ser proporcional. A la luz de ello, el último movimiento para afianzar la dictadura juanorlandista es la aprobación de una Ley Nacional de Ciberseguridad con la excusa de sancionar los discursos de odio.
Sin embargo, como lo plantea el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, esta ley pone en riesgo la labor de los defensores de derechos humanos, comunicadores sociales y propietarios de dominios web, así como personas con discursos críticos hacia el Estado y sus instituciones.
Según María Soledad Pazo, representante Residente del Alto Comisionado, si se aprueba esta ley tendrá un impacto sobre la libertad de expresión en internet, el cual podría verse limitado indebidamente en contradicción con el derecho internacional.
Al igual que las reformas penales sobre apología del terrorismo aprobadas hace un año, esta ley puede dar lugar a tergiversaciones deliberadas para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos.
Cuánta razón tiene Amnistía Internacional cuando señala que en Honduras no hay espacio para que las personas expresen sus opiniones y cuando lo hacemos, enfrentan toda la fuerza del aparato represivo del gobierno. Está claro que la dictadura quiere silenciarnos en todos los espacios.
2 respuestas
No paran…
En Honduras nos quieren imponer el sistema comunista de ver y escuchar solo los medios tarifados.Obviamente los medios digitales son su peor piedra en el zapato,quieren coartar la información para que nadie se informe de los escándalos que de manera maratonica suceden y están a la orden del día.así se hace patria hoy día en esta dedocracia.