“Exigimos, frente a esta etapa de audiencias públicas, que los postulantes a magistrados y magistradas tengan el conocimiento integral en materia de derechos humanos y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas”, Jennifer Sorto
Por: Breidy Hernández
Tegucigalpa. – Honduras está pasando por un proceso de suma importancia en materia judicial, la selección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Estos representantes de la CSJ son los encargados de aplicar las leyes en un estado derecho, por consiguiente, se convierten en la máxima autoridad en materia jurídica.
En ese sentido, se asume que estos representes del poder judicial cumplan con los requisitos académicos, éticos y morales, pero sobre todo que tengan el pleno conocimiento de los derechos humanos de las y los hondureños.
Entre esos derechos, están los derechos sexuales y reproductivos establecidos por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), de los que el Estado de Honduras ha adquirido responsabilidades.
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En el segundo día de entrevistas, al cuestionar al Abogado José Mauricio Salazar, sobre su criterio del incumplimiento del Estado de Honduras a las obligaciones internacionales, establecidas CEDAW, al no aprobar la pastilla anticonceptiva de emergencia, más conocida como PAE, respondió que la constitución de la República prohíbe el aborto y por ende sería una contradicción recibir esa recomendación.
Con esta respuesta, el postulante dejó entrever el desconocimiento de las realidades que atraviesan las poblaciones vulnerabilizadas en Honduras como ser las mujeres y las niñas.
HACE FALTA VOLUNTAD JUDICIAL Y POLÍTICA EN MATERIA DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Feministas y defensoras de mujeres se han pronunciado ante la respuesta de Salazar, argumentando que no tienen el conocimiento científico e integral sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer hondureña.
Jennifer Sorto, activista feminista y parte de Optio Choice Freedom Justic, expresó a Criterio.hn su preocupación que los aspirantes a la CSJ no tengan el conocimiento en temas de derechos humanos y el acceso a la salud de las mujeres y niñas.
“Exigimos, frente a esta etapa de audiencias públicas, que los postulantes a magistrados y magistradas tengan el conocimiento integral en materia de derechos humanos y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas” apuntó Sorto.
Para la diputada del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, los derechos humanos se vuelve importante, ya que no puede haber democracia si no hay igualdad de derechos humanos.
Mena, también señaló que los derechos sexuales y reproductivos son el reconocimiento que “las mujeres tenemos derecho sobre nuestro cuerpo y a la planificación”.
En ese sentido, es importante que los magistrados y magistradas de la CSJ puedan entender la deuda que el Estado de Honduras tiene con las mujeres y las niñas hondureñas.
ACCESO PÚBLICO DE LA PAE
Otro tema que resaltó Sorto, es la solicitud que se aplique el acceso total y público de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia y no sólo en casos de violación como lo establece el Protocolo de Atención Integral a Personas Víctimas / Sobrevivientes de Violencia Sexual, presentado el pasado 6 de diciembre de 2022.
“Sabemos que no es suficiente la PAE dentro de este protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, sino que tiene que ser de acceso público” demandó Sorto.
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Por otra parte, la diputada Maribel Espinoza, mencionó que, en Honduras la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció en relación al aborto y que como hondureños “debemos aceptar las sentencias proferidas dentro el marco constitucional”.
Al tiempo que recomendó a los grupos de mujeres organizadas, proceder a hacer el debido plebiscito, a través de una consulta popular para que sea el pueblo quien decida.
Honduras registró, de acuerdo a datos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), 1.615 denuncias de violencia sexual contra niñas, niños y mujeres entre enero y junio de 2022.
1,093 son casos contra menores de edad, de ellos el 88 % (960) se cometieron contra niñas y un 12 % (133) contra niños.
La sociedad hondureña espera que exista una nueva Corte Suprema de Justicia justa y garante de los derechos humanos, en especial el acceso de los derechos de las mujeres, de las niñas y de las poblaciones vulnerabilizadas, con una mirada integral de las diferentes realidades que se viven en Honduras y contrarrestar la mora judicial que están evidente en el país.
