Fotos: Redes sociales de ASJ
Tegucigalpa. – La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), anunció este miércoles su alianza con la cúpula del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) de la que varios recibieron el pago de coimas en el régimen del expresidente Juan Orlando Hernández, que además les sancionó un escudo de impunidad para evitar se investigue denuncias de corrupción en el ente de pensiones gremial.
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La organización de sociedad civil anunció en un comunicado la firma de un convenio de cooperación entre su más alto ejecutivo, Carlos Hernández y el presidente del CPH Osman Reyes para fortalecer la libertad de expresión, la lucha anticorrupción, la transparencia y la defensa de los derechos humanos.
“La fortaleza de la Asociación para una Sociedad Más Justa con el acompañamiento de Transparencia Internacional, va a venir a traer muchos beneficios, vamos a fortalecer las capacidades de los periodistas en el tema de investigación y lucha contra la corrupción”, dijo Reyes en una entrevista difundida en redes sociales por ASJ.
Hernández extraditado a Estados Unidos al culminar sus ocho años el poder, bajo cargos de narcotráfico, pagó entre 2014 y 2016 unos 98.3 millones de lempiras en coimas a unos 77 periodistas, entre los que figuran dirigentes y exdirigentes del CPH para “que emitieran “opiniones favorables” al exmandatario, sin existir ninguna justificación o contrato, según el requerimiento presentado ante los tribunales en el caso “Hermes” por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).
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La acusación, presentada contra 11 personas, en su mayoría funcionarios de Hernández, no incluyó a los periodistas, pero Reyes anunció la contratación de un equipo de abogados por parte del CPH para defender a los llamados “Hermes”, entre ellos a sus compañeros en la directiva en el ente gremial y de pensiones.
Entre los directivos del CPH, que recibieron coimas de la casa presidencial en el gobierno de JOH, figuran los periodistas Juan Carlos Sierra y Lesman Aníbal Morazán miembros reelectos en el Tribunal de Honor de la organización gremial, en una asamblea en enero de este año, según el requerimiento de la UFERCO en el caso “Hermes”.
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Sierra recibió 1,240.000 lempiras y Morazán 1,400.000, pero también otros exdirectivos entre ellos un expresidente captaron coimas de Hernández, que logró relegirse en noviembre de 2017, pese a movilizaciones masivas de la oposición en todo el país, contra lo que se describió como un fraude, pero que no se reflejó en los medios tradicionales.
Hernández, además de pagar coimas a los llamados “Hermes”, sancionó a la cúpula del CPH un escudo de impunidad, decreto 113-2019 publicado en La Gaceta el 25 de noviembre de 2019, que impide que órganos estatales especializados investiguen corrupción en el Instituto de Previsión del Periodista (IPP).
El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Osman Reyes junto a los directivos de ese gremio, Karla Villalta, Ninfa Arias, Juan Carlos Sierra y el director de la Asociación para una Sociedad Más Justa y de Transparencia Internacional para Honduras, Carlos Hernández.
Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), denunció, además en octubre de 2021, en un foro en Estados Unidos que Hernández, durante su régimen, estableció un esquema de corrupción y narcotráfico en el que la prensa contribuyó con su silencio.
Aseguró que ese esquema se respaldó en la banca y el “denominado cuarto poder, es decir, los medios de comunicación. Los primeros les dieron la potestad de lavar dinero sin hacer preguntas incómodas, los segundos (la prensa) el poder de saber, pero no contar”.
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En el inconstitucional decreto 113-2019, Hernández situó sobre las leyes a los directivos del CPH en el IPP, al afirmar que al ente de previsión “no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas”. Una normativa que es un privilegio de los directivos del ente de pensiones de los periodistas.
La normativa ha desembocado en que denuncias de despojo de pensiones, desvío y despilfarro de fondos, compras sobrevaloradas de propiedades y la operación en el ente de negocios inmobiliarios privados revelados por Criterio.hn, no sean investigados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y se cierren los casos de denuncia en el Ministerio Público.
