El Decreto Ejecutivo PCM-004-2026 ordena la intervención de siete instituciones públicas con el argumento de reorganizar su funcionamiento administrativo y financiero, mientras analistas advierten que este tipo de medidas rara vez resuelve los problemas estructurales del Estado.
Tegucigalpa, Honduras. –El presidente, Nasry Asfura Zablah, anunció la creación de siete comisiones interventoras en varias instituciones públicas con el objetivo de reorganizar su funcionamiento administrativo y financiero, una decisión que vuelve a colocar en el centro del debate la eficacia de este tipo de mecanismos –que según— analistas funcionan únicamente para dar colocar a figuras a fines al gobierno.
Las entidades que serán intervenidas son el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema); el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA); la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacit/Ihcieti); el Ferrocarril Nacional de Honduras, el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (Ihadfa); el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito) y el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La disposición está contenida en el artículo 17 del decreto ejecutivo PCM-004-2026, instrumento mediante el cual se formaliza la intervención temporal de estas instituciones con el argumento de corregir deficiencias en su gestión y establecer procesos de reorganización interna.
De acuerdo con el Poder Ejecutivo, estas comisiones deberán elaborar diagnósticos técnicos sobre la situación administrativa, financiera y operativa de cada institución intervenida, y posteriormente presentar informes al mandatario en un plazo de un año.
La creación de comisiones interventoras está fundamentada en los artículos 99, 100, 101 y 102 de la Ley General de Administración Pública.
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COMISIONES INTERVENCIONES SUMAN DÉCADAS SIN RESOLVER PROBLEMAS ESTRUCTURALES
En Honduras, las juntas interventoras han sido utilizadas con frecuencia por los distintos gobiernos como mecanismos para enfrentar crisis administrativas, actos de corrupción o situaciones de ineficiencia en instituciones públicas.
Durante los últimos 20 años se han contabilizado al menos 44 comisiones interventoras en unas 36 entidades estatales, entre ellas el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el propio Inprema y el sistema de emergencias 911.
Aunque en teoría estas comisiones buscan normalizar la administración y depurar irregularidades, diversos sectores han cuestionado su eficacia al considerar que muchas terminan ampliando la burocracia sin resolver los problemas estructurales de las instituciones intervenidas.
El uso intensivo de este mecanismo también caracterizó a las administraciones del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), sentenciado a 45 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico e indultado en 2025 por el mandatario estadounidense Donald Trump, período en el que se decretaron intervenciones en entidades como Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H), la ENEE y el Hospital Mario Catarino Rivas, entre otras dependencias del Estado.
Durante la administración de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento (2022-2026), también se recurrió a la figura de las comisiones interventoras con el nombramiento de siete.
La primera fue decretada el 28 de febrero de 2022 en el Inprema, mientras que en febrero de 2023 se aprobaron intervenciones en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y en el Servicio Civil de Honduras (ANSEC).
Ese mismo año también se designó una comisión interventora en el Sistema Nacional de Emergencias 911, con el objetivo de revisar su funcionamiento y estructura administrativa en esa institución. Poco después –en junio de 2023— se creó la Comisión de Seguridad Agraria para atender conflictos por invasiones de tierra y fortalecer programas de acceso a la tierra para campesinos.
Posteriormente, en julio de ese mismo año se decretó la intervención del Instituto Nacional Penitenciario (INP), cuyo control administrativo fue trasladado nuevamente a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), luego del asesinato de 46 privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) ocurrido en junio de 2023.
En mayo de 2024 se estableció una junta interventora en el Instituto de la Propiedad (IP), mientras que en noviembre del mismo año se anunció la intervención en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
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RARA VEZ LAS INTERVENTORAS DAN RESULTADOS
Pese a la recurrencia de estas medidas por parte de los diferentes gobiernos analistas y organizaciones de sociedad civil han advertido que las juntas interventoras rara vez generan cambios estructurales duraderos en las instituciones intervenidas.
La abogada y defensora de derechos humanos, Gabriela Blen señaló que uno de los principales problemas de estas comisiones en Honduras, se debe a que se nombra a personas sin criterios técnicos o que cumplan con perfiles profesionales de sus integrantes, para garantizar que vayan a hacer un trabajo de auditoría técnica.
Según la jurista, históricamente se ha nombrado a activistas políticos o personas cercanas a los liderazgos partidarios en lugar de profesionales con experiencia en auditoría técnica o gestión institucional.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn la integrante de sociedad civil recalcó que muchas de las instituciones que ahora serán intervenidas presentan problemas graves, pero también arrastran deficiencias derivadas de la falta de capacidad técnica de quienes han estado al frente de su administración.
También planteó que los informes derivados de las investigaciones deben publicarse en portales de transparencia o ser difundidos para permitir que la ciudadanía tenga acceso a la información sobre el uso de los recursos públicos invertidos en cada una de las juntas interventores.
De igual manera, mencionó que se deben rendir informes periódicos. “El problema de Honduras que las cosas no se hacen con carácter rigurosamente técnico y científico”, cuestionó la entrevistada.
A su juicio, sin mecanismos rigurosos de rendición de cuentas, las juntas interventoras corren el riesgo de convertirse en estructuras meramente simbólicas.
Blen insistió en que el país necesita intervenciones con un enfoque técnico y científico que permitan identificar las causas estructurales de los problemas institucionales.
Mientras tanto, el anuncio del gobierno abre un nuevo capítulo en el debate sobre la capacidad del Estado hondureño para reformar sus instituciones sin recurrir de forma reiterada a mecanismos extraordinarios que, hasta ahora, han mostrado resultados limitados
