Entre 2022 y 2026, 170 personas LGTBIQ+ han sido asesinadas en Honduras, un reflejo de la persistencia de la violencia y la impunidad frente a crímenes motivados por la orientación sexual e identidad de género. Los patrones de agresión muestran que ciertos grupos, como mujeres trans y hombres gay, enfrentan riesgos más intensos, mientras la protección estatal sigue estando ausente.
Por: Doris Sánchez
Los asesinatos de personas LGTBIQ+ en Honduras evidencian un patrón sostenido de violencia que se ha mantenido durante más de una década. Entre los factores que contribuyen a esta situación se encuentran la falta de leyes específicas de protección, la limitada respuesta del sistema de justicia y la normalización de la discriminación en distintos ámbitos sociales. La violencia se manifiesta de manera diferenciada según la orientación sexual y la identidad de género, mostrando que algunos grupos son más vulnerables que otros.
A esto se suma la clasificación inadecuada de los homicidios, muchas veces registrados como crímenes comunes o pasionales, lo que impide identificar la motivación de odio y mantiene un alto nivel de impunidad. La combinación de estos elementos revela que, más allá de los casos individuales, existe un fenómeno sistemático de agresiones hacia la población LGTBIQ+ que persiste sin que se implementen medidas efectivas para prevenirlo o sancionarlo.
De acuerdo con datos del Observatorio de Violencia Social y Género de la Red Lésbica Cattrachas, desde el golpe de Estado de 2009 hasta marzo de 2026 se han registrado 572 muertes violentas de personas LGTBIQ+ en Honduras. Este registro permite identificar la continuidad de la violencia a lo largo de distintos gobiernos, sin que se evidencien cambios sostenidos en la protección de esta población, independientemente del partido político en el poder.
En ese sentido, durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti se documentaron 31 muertes violentas, mientras que en la administración de Porfirio Lobo Sosa la cifra ascendió a 129. Posteriormente, en los dos periodos de Juan Orlando Hernández, incluyendo su reelección en un proceso cuestionado, se registraron 123 y 120 muertes respectivamente. Estos datos reflejan que la violencia no solo se ha mantenido, sino que ha persistido con niveles elevados a lo largo del tiempo.
Por su parte, durante la administración de Xiomara Castro de Zelaya se contabilizan 163 muertes violentas de personas LGTBIQ+, lo que representa una de las cifras más altas dentro del período analizado. A esto se suman 6 muertes registradas en el inicio del gobierno de Nasry Asfura, quien asumió el cargo el 27 de enero, indicando que la problemática continúa vigente sin mostrar una reducción significativa.
Asimismo, del total de 572 muertes, 331 corresponden a hombres gay, seguidos por 164 personas trans, en su mayoría mujeres trans, y 86 mujeres lesbianas. Esta distribución permite identificar que la violencia afecta de manera diferenciada a los distintos grupos dentro de la diversidad sexual, con mayor impacto en aquellos que enfrentan mayor exposición social y estigmatización.
Cabe señalar que, el registro también incluye nueve personas LGTBIQ+ reportadas como desaparecidas, implicando el panorama de violencia más allá de los homicidios. En conjunto, estas cifras reflejan un patrón sostenido de violencia que se ha mantenido durante más de una década, sin lograr que las respuestas institucionales se hayan logrado modificar de manera significativa para la seguridad de esta población.
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CRÍMENES Y DISCRIMINACIÓN SIN MECANISMOS DE PROTECCIÓN
Así que, puntualizando en los datos de los últimos cuatro años de 2022 hasta la fecha, 170 personas LGTBIQ+ han sido asesinadas en Honduras, un dato que refleja la persistencia de la violencia contra esta población, que recibe poca o ninguna protección estatal, según explica Grecia O’Hara, defensora de los derechos de las personas, “aunque el aumento en las denuncias ha hecho que estas muertes sean más visibles, esto no disminuye la gravedad del fenómeno. La violencia que enfrenta la comunidad incluye agresiones físicas, psicológicas, emocionales y digitales, muchas de las cuales terminan en homicidios”.
Existe un patrón claro en los crímenes contra personas LGTBIQ+, especialmente hacia mujeres trans, donde las agresiones son extremas y están directamente vinculadas con la identidad de género y la orientación sexual de las víctimas. Estos homicidios no son incidentes aislados, sino parte de un fenómeno sistemático de violencia que refleja la falta de respuesta efectiva del Estado y la normalización de la discriminación en la sociedad.
En cuanto a la protección estatal, O’Hara explica que históricamente la población LGTBIQ+ ha sido vulnerada en distintos niveles. Desde la asociación con enfermedades como VIH en décadas pasadas hasta la falta de reconocimiento legal de sus derechos, sumado a la influencia de factores culturales, religiosos y educativos que generan estigmatización, la comunidad enfrenta un contexto de desprotección constante.
Sin embargo, los avances legales para proteger a las personas LGTBIQ+ en Honduras son limitados. El país no cuenta con leyes específicas que garanticen su protección, y los intentos de impulsar normativas como la Ley de Igualdad de Equidad desde 2015 no han logrado avanzar en el Congreso. Esta situación evidencia que la falta de voluntad política y la ausencia de representantes comprometidos dentro del poder legislativo han impedido que estos esfuerzos se traduzcan en mecanismos efectivos de protección y reconocimiento de derechos.
Asimismo, el sistema de justicia en Honduras muestra serias deficiencias en el manejo de los homicidios contra personas LGTBIQ+. Cabe resaltar que “la mayoría de los casos no recibe seguimiento adecuado y se clasifica como homicidios comunes o crímenes pasionales”, impidiendo reconocer la motivación de odio que subyace en estos ataques. Esta forma de registro y clasificación genera un alto nivel de impunidad, evitando que se investiguen los patrones de violencia dirigidos específicamente contra la comunidad. Como resultado, la gran mayoría de los crímenes queda sin sanción, reforzando la sensación de vulnerabilidad y la falta de protección efectiva para las personas LGTBIQ+.
En ese sentido, Seydi Irías, de la Red Lésbica Cattrachas, señaló que las orientaciones sexuales y las identidades de género son objeto de distintas formas de violencia. Estas agresiones no responden a un único patrón, sino que se manifiestan de manera diferenciada según cada grupo, evidenciando que la violencia se adapta a las características de las víctimas dentro de la población LGTBIQ+.
Asimismo, advirtió un patrón específico en el aumento de la violencia contra mujeres lesbianas y mujeres trans, reflejando que ciertos grupos enfrentan formas más extremas de agresión. Esta dinámica confirma que la violencia no es homogénea, sino selectiva, y se dirige con mayor intensidad hacia determinadas identidades dentro de la diversidad sexual.
Por consiguiente, la violencia contra personas LGTBIQ+, no se presenta de forma aislada, sino que responde a patrones diferenciados según la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas. Esta distinción evidencia que las agresiones no operan bajo una lógica uniforme, sino que adoptan formas específicas de rechazo que se intensifican en determinados grupos. Destacando que, la recurrencia de estos patrones expone una violencia selectiva y sostenida, sin que existan respuestas efectivas orientadas a su contención.
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COBERTURA SENSACIONALISTA PERPETÚA DISCRIMINACIÓN Y PREJUICIOS
Grecia O’Hara, hizo un llamado a los medios de comunicación tradicionales sobre la cobertura de noticias vinculadas con esta población. Según O’Hara, los titulares sensacionalistas, las fotografías inapropiadas y la falta de moderación en los comentarios de la audiencia fomentan violencia simbólica y refuerzan discursos de odio, contribuyendo a la estigmatización de las personas LGTBIQ+. La defensora subrayó la necesidad que los medios asuman su responsabilidad informativa y mantengan un enfoque riguroso y respetuoso sobre los derechos y problemáticas de esta comunidad.
Por lo tanto, O’Hara dice que este tipo de cobertura evidencia el desconocimiento general de la población sobre los temas LGTBIQ+ y refuerza prejuicios, muchas veces con influencia de discursos religiosos que juzgan y estigmatizan a estas personas. Por ello, hace un llamado a los medios para mejorar la formación de periodistas y directores, proponiendo espacios de acompañamiento y capacitación que permitan cubrir las noticias de manera responsable y respetuosa, disminuyendo los niveles de discriminación y fomentando una comunicación más ética y consciente sobre la población LGTBIQ+.
En consecuencia, la cobertura mediática de noticias relacionadas con la población LGTBIQ+ refleja patrones de información que, al priorizar el sensacionalismo y descuidar la moderación de comentarios, perpetúan estigmas y prejuicios en la sociedad.
Este enfoque evidencia la falta de preparación y sensibilidad de los periodistas frente a temas de diversidad sexual, así como la influencia de discursos culturales y religiosos que refuerzan la discriminación. La ausencia de protocolos claros para abordar estas noticias contribuye a normalizar formas de violencia simbólica, subrayando la necesidad de un cambio en la forma en que se comunica sobre esta población.
