Por: Breidy Hernández
Tegucigalpa. – Honduras despertó este jueves con dos noticias, la aprobación en un único debate del Presupuesto General de la República 2023, que asciende a mas de 392 mil, millones de lempiras y el asesinato de un joven hombre a pocos metros de la Casa Presidencial, hecho violento que se registra en pleno estado de excepción, que entró en vigor el pasado 6 de enero mediante el PCM 01-2023.
Este hecho violento ha generado incertidumbre y para algunos podría tratarse de un mensaje claro de los grupos criminales a la presidenta Xiomara Castro, por la forma en que fue dejado el cadáver y frente a la política de seguridad implementada en las últimas semanas con la puesta en marcha del estado de excepción encaminado a perseguir el crimen, especialmente el delito de extorsión, por parte de las maras y pandillas.
El cadáver, quedó con las manos esposadas y a un lado del cuerpo dejaron un rótulo con el mensaje: “Esto les pasa por sapo”.
De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Prensa, en la escena del crimen se encontraron 27 disparos, 15 casquillos con un fusil AR-15 y 12 con un arma 9 milímetros.
SIN IDENTIDAD
El joven fue identificado por sus familiares como Brayan Fernando Díaz. Criterio.hn indagó en la Dirección Medicina Forense del Ministerio Público sobre la identidad de la víctima y se nos informó que esta no portaba documento de identificación al momento de su levantamiento cadavérico.
La identificación se efectuó bajo el método de odontograma porque no se contaba con las huellas dactilares, pese a estar inscrito en el Registro Nacional de las Personas, pues nunca tramitó su Documento Nacional de Identificación (DNI).
Medicina Forense estableció que el joven tenía 19 años. Asimismo, que se le practicó la autopsia médico legal y que el dictamen preliminar será trasladado a la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida.
La investigación de esta muerte violenta será llevada a cabo por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre el caso.
Por el momento, la incertidumbre permanece, ya que se cuestiona cómo pudo ocurrir este asesinato en las cercanías de la Casa Presidencia, siendo un lugar con presencia policial y militar.
Previo a recibir la información del Ministerio Público, Criterio.hn se comunicó con el vocero de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid, para conocer quién fue la víctima en este hecho, sin embargo, el funcionario explicó que hasta el momento no se había autorizado dar a conocer los detalles.
“Estamos restringidos a poder dar declaraciones que podrían ser contraproducentes a la investigación que está siendo manejada técnicamente por el Ministerio Público”, informó el comisionado Martínez Madrid.
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DELINCUENCIA DESAFÍA A LA PRESIDENCIA
Para el analista Joaquín Mejía, este crimen, se trata de un desafío directo de parte de la delincuencia hacia la presidenta Xiomara Castro. Según el también abogado, es como decir “miren en sus narices matamos”.
De igual manera, Mejía señala que este hecho es un reflejo de la realidad en la que vive Honduras.
Por consiguiente, cualquier crimen registrado es producto del fracaso que ha tenido el Estado de Honduras, con los diferentes gobiernos en materia de seguridad.
Del mismo modo, el especialista en derechos humamos, advirtió que este es “un gran llamado de atención para la presidenta Castro, no es posible que siga creyendo que los militares, de la noche a la mañana, cambiaron de bando y ahora son unas santas palomitas”.
Mejía propone que el gobierno debe promover un gran dialogo nacional sobre el papel de las Fuerzas Armadas ya que “son la peor pesadilla para la democracia”.
Por lo que, se debe definir su existencia, por el gasto de recursos que representan y por los constantes señalamientos de estar vinculados con el narcotráfico y por ser violadores de derechos humanos.
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Los índices de muertes en el país dejan claro, que la violencia y la criminalidad son un problema urgente por resolver y que es necesario crear estrategias desde un enfoque amplio e integral en la prevención de la violencia, a través de la intervención del Estado en el sistema de salud, educación, la mejora de condiciones culturales y ambientales de las comunidades, generación de empleo, recuperación de espacios públicos, a fin de garantizar a los hondureños y hondureñas la seguridad y calidad de vida.
