Tegucigalpa.- Mientras son señalados por empresarios, gobiernos y medios corporativos como “delincuentes, revoltosos y usurpadores”, la violencia sigue cobrando las vidas de los defensores de la tierra, el territorio y ambiente en el fértil Valle del Aguán, en el departamento de Colón, norte de Honduras.
Bajo estas líneas se expresó el Bufete Estudios para la Dignidad tras el asesinato del dirigente y miembro activo de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez, Santos Hipolito Rivas, junto a su hijo adolescente de 15 años, Javier Rivas.
El despacho legal hizo un llamado a la presidenta Xiomara Castro, recordando que hace un año firmó un convenio con el movimiento campesino del Aguán, el cual generó desde la Plataforma Agraria una propuesta de solución para la violencia en la zona, el cual no tuvo respuesta.
Además, remarcó que es tiempo que desde el ejecutivo se “garantice, con hechos, la vida de los y las campesinos del Aguán, quite el cálculo político, el discurso bonito y bien escrito y las acciones a medias de sus ministros. Es momento de acciones concretas, reales y duraderas para El Aguán”.
EN EL AGUÁN, ASESINATOS CONTRA DEFENSORES TIENEN UN MISMO PATRÓN
El Bufete Estudios para la Dignidad estableció que el doble asesinato “mantiene el mismo patrón de los últimos 10 asesinatos en la zona y que reiteramos se ordenan desde empresas agroindustriales como Dinant, que en este gobierno también mantiene el privilegio de su impunidad”.
El crimen fue cometido el domingo 12 de febrero, cuando padre e hijo se conducían en motocicleta en la comunidad de Ilanga en Trujillo, Colón. Este doble homicidio es precedido por el asesinato del presidente de la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles, Omar Cruz Tomé y su suegro, Andy Martínez, la noche del miércoles 18 de enero.
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Previamente, el sábado 7 de enero y siempre en la zona del Aguán, fueron asesinados los defensores del agua y el Parque Nacional Carlos Escaleras, Alí Domínguez y Jairo Bonilla, cuando se dirigían en motocicleta de la aldea La Concepción hacía la comunidad de Guapinol, ambas en Tocoa, Colón.
Mientras que en el norte de Honduras pero en el departamento de Atlántida fue asesinado a finales de enero en la comunidad del Triunfo de la Cruz, en Tela, el defensor del territorio garífuna Ricardo Arnaúl Montero.
Con el asesinato de Hipólito y Javier Rivas, ya suman siete los crímenes contras defensores del agua y el territorio en Honduras, todos cometidos tras la ampliación temporal y territorial del estado de excepción.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INEFICACES
Desde la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), de las cuales Rivas formaba parte, remarcaron mediante un comunicado conjunto, que Hipólito Rivas “tenía medidas de protección por parte del Mecanismo de Protección desde el 28 de marzo del 2019, sin embargo, el Estado ha sido incapaz de proteger a los y las defensoras de la tierra y el agua en el Aguán”.
Recordaron que Rivas denunció en varias ocasiones ser víctima de amenazas, persecución y vigilancia por miembros de un grupo armado que opera a lo interno de la finca Paso Aguán, lo que no es desconocido por las autoridades en la región.
Días previos a su asesinato, ambas organizaciones, subrayaron que Santos Hipólito Rivas expresó durante una reunión que tenía amenazas y que había acudido al Mecanismo de Protección para interponer la denuncia.
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Rivas y su hijo residían en la comunidad de Panamá, la misma que el 25 de junio de 2019 en acompañamiento con la Plataforma Agraria presentó denuncia ante el fiscal general de la República, Óscar Chinchilla, contra dicho grupo armado que opera desde la finca Paso Aguán.
Posterior a esta denuncia, en julio de 2021 fue asesinado Juan Moncada, miembro de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez, quien también tenía medidas de protección del Mecanismo de Protección, informaron la Plataforma Agraria y COPA.
“Nos preocupa que criminales involucrados en asesinatos entre los años 2010 y 2013, han regresado a la zona”, expresaron las organizaciones.
El Bufete Estudios para la Dignidad, que representa a la Plataforma Agraria y COPA, en el proceso legal para la reivindicación de su derecho a la tierra, manifestó en su comunicado que Hipólito Rivas “en múltiples ocasiones acudió al Mecanismo Nacional de Protección a denunciar diferentes agresiones y amenazas en contra de su vida e integridad personal. El el resultados es el mismo, nuevo asesinato”.
REACCIÓN DESDE LA INSTITUCIONALIDAD Y ORGANISMOS INTERNACIONALES
La titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque, expresó condena y repudio ante el asesinato del dirigente campesino Hipólito Rivas, junto a su hijo, señalando que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro “tiene cero tolerancia hacia ataques constantes que sufren los defensores de DD. HH.”. Recalcó la necesidad de que entidades como el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad actúen de forma diligente y esclarezcan los hechos.
“Instamos iniciar de manera inmediata la implementación del convenio firmado con las organizaciones campesinas” en febrero de 2022, escribió Roque desde su cuenta en Twitter.
Por su parte, siempre desde Twitter, la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, se mostró “impactada con la continua violencia en el Bajo Aguán” tras el asesinato de Rivas junto a su hijo de 15 años. Shackelford, volvió a realizar un llamado de “cero violencia y protección de defensor@s de DDHH”.
La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras emitió un comunicado en el que urgió al gobierno a tomar medidas para prevenir las muertes de líderes campesinos en el Bajo Aguán e instalar la Comisión Tripartita prevista en los acuerdos firmados con las cooperativas en febrero de 2022.
El Bufete Estudios para la Dignidad concluyó su pronunciamiento haciendo un llamado a la comunidad nacional, internacional y organismos de derechos humanos a “que su compromiso se transforme en acciones reales y concretas para solucionar esta violencia promovida y ejecutada por parte de las empresas agroindustriales y las fuerzas de seguridad del Estado”.
