Criminalización, vigilancia y abandono estatal marcaron años de persecución contra Juan López, mientras sus denuncias contra Inversiones Los Pinares y la Alcaldía de Tocoa permanecieron desoídas por las autoridades
Tegucigalpa, Honduras. – La decisión de matar a Juan López no se tomó en un día. Se fue gestando durante años de persecución, criminalización y abandono estatal, en medio de más de veinte denuncias que el defensor interpuso contra la alcaldía de Tocoa y la empresa minera Inversiones Los Pinares, sin que el Ministerio Público actuara. La omisión de las instituciones hondureñas, advierten desde el Bufete Justicia para los Pueblos, allanó el camino a su asesinato.
“A Juan no lo protegieron porque no investigaron las denuncias que Juan presentó contra Lenir Pérez, no investigaron las denuncias que presentaron contra los agentes de seguridad de la empresa Los Pinares, no investigaron todas las denuncias que Juan presentó por las violaciones, por los daños ambientales”, declaró Edy Tábora, abogado del bufete especializado en defensa de derechos humanos.
La afirmación fue realizada durante la conferencia de prensa realizada al finalizar el peregrinaje exigiendo justicia para Juan López, que inició frente al Palacio Universitario de los Deportes y las Ciencias de la Cultura Física de la UNAH y finalizó en la Basílica de Suyapa.
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El profesional del derecho dijo que entre 2016 a agosto de 2024, López presentó 25 denuncias contra Inversiones Los Pinares y la Alcaldía de Tocoa sin que se diera seguimiento a las mismas. En cambio, López junto a otros compañeros y compañeras del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) fueron señalados, desde la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, de formar parte de un grupo de criminalidad organizada denominada Los Antimineros, con López figurando como el supuesto cabecilla.
¿Qué llevó a la designación contra López y sus compañeros? Tábora remarcó que esta criminalización, estigmatización y vigilancia contra Juan López, a cargo de cuerpos de seguridad del Estado y de inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, fue impulsada desde Inversiones Los Pinares, filial del Grupo Emco que este año demandó al Estado de Honduras por 300 millones.
Tábora recordó que, en octubre de 2018, las personas integrantes del CMDBCPT, con acompañamiento de otras comunidades y organizaciones de Tocoa, instalaron el campamento por el agua y por la vida, que tenía como propósito evidenciar la contaminación de los ríos Guapinol y Sector San Pedro, producto de la instalación de un proyecto minero en la zona. Sin embargo, tras 88 días de resistencia fueron desalojados de forma violenta por los entes de seguridad del Estado.
El abogado remarcó que pese a las medidas cautelares colectivas emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado continuó sin proteger a López y a sus compañeros del CMBDPT, permitiendo que persistieran las amenazas, la vigilancia y la criminalización en su contra, lo que finalmente llevó a su asesinato.
“Solo faltaba el asesinato del coordinador y eso lo sabía el Estado, lo sabía la Secretaría de Derechos Humanos, lo sabía el Mecanismo Nacional de Protección, lo sabía la Policía Nacional, lo sabía las Fuerzas Armadas, lo sabía el Ministerio Público […] El Estado tenía la obligación de proteger a Juan y no lo protegieron”, denunció Tábora.
El profesional del derecho remarcó que tras el asesinato de Juan López se señaló que la investigación del crimen debía estar centrada en la empresa Los Pinares y la Corporación Municipal de Tocoa, Colón, pero “eso hasta la fecha, lastimosamente no ha dado un resultado efectivo».
MEDIDAS CAUTELARES COLECTIVAS IGNORADAS POR EL ESTADO
Tras el asesinato de López, Angélica Álvarez, quien ese momento era titular de la Secretaría de Derechos Humanos y ahora aspira a ser designada presidencial de la candidata Rixi Moncada, señaló a un medio televisivo que a Juan López se le habría ofrecido un vehículo blindado, pero él se negó a recibirlo.
Al respecto, el abogado calificó las declaraciones, sin mencionar a la funcionaria, como una manipulación y aclaró que si bien el ofrecimiento sí se realizó y López no lo aceptó. Esto fue debido a que las medidas cautelares eran colectivas y no individuales. Además, el vehículo blindado tampoco estaba disponible, porque en ese momento estaba a disposición del titular de una cartera ministerial y sería asignado a López una vez este lo dejara de usar.
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Los señalamientos por el otorgamiento de carros blindados a personas que no son defensoras no son nuevos y no son únicos a la administración de la presidenta Xiomara Castro. En julio de 2019, durante la administración de Juan Orlando Hernández, la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa) denunció que el Mecanismo de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos estaría dotando de vehículos blindados a personas particulares.
En septiembre de 2024, Criterio.hn publicó “Secretaría de Seguridad alquilará 226 camionetas a pesar de promesa de austeridad de Xiomara Castro”. En este artículo periodístico se evidenció que desde dicha institución se buscó arrendar unas 127 camionetas blindadas.
Edy Tábora, quien junto al Bufete Justicia para los Pueblos ha acompañado a las personas que integran el CMDBCPT, destacó que, para investigar el asesinato del defensor socioambiental es necesario comprender el contexto en que ocurrió. Señaló que, si bien la identificación de los posibles autores materiales representa un avance importante y existen pruebas para que estos sean condenados, no existen avances en la investigación que respecta a los autores intelectuales.
Para abogados que conocen casos de asesinatos de defensores de derechos humanos, como Tábora, la ausencia de una justicia plena que sancione no solo a los autores materiales, sino también a quienes planificaron y financiaron los crímenes, permite que estos queden en la impunidad y que los ciclos de violencia contra los defensores se perpetúen.
Esta dinámica queda evidenciada en el asesinato de Carlos Escaleras Mejía, ambientalista y líder popular del Valle del Aguán, asesinado en octubre de 1997 tras oponerse a la instalación de una planta extractora de aceite de palma africana que contaminaría el río Tocoa, y que era gestionada por el empresario Miguel Facussé. Curiosamente, Facussé es el padre de Ana Facussé, esposa de Lenir Pérez e inversionista de Inversiones Los Pinares.
