A grandes problemas grandes soluciones, dice con razón la sabiduría popular. Vivimos tiempos en los que el país requiere de soluciones radicales a nuestros problemas históricos, los que ya todos y todas conocemos y no se trata de repetir aquí
Por: Tomás Andino
El gobierno de Xiomara Castro, fruto del masivo rechazo a la narcodictadura corrupta y criminal que durante doce años nos gobernó, representa una ventana de oportunidad para iniciar la senda hacia esas grandes soluciones. Una oportunidad de oro para despegar como país que probablemente no tendremos en décadas, pero solo a condición de que esa oportunidad sea aprovechada y no desperdiciada.
Por supuesto, no puede esperarse que un gobierno que tiene la duración de apenas cuatro años resolverá problemas que tienen siglos. Ninguno tiene ni tendrá esa varita mágica. Pero un gobierno que realmente tiene clara la ruta que debe seguir, debería mostrar progresos significativos, sentando bases sólidas, en la ruta hacia resolver esos problemas.
Las preguntas claves, a un año y medio de su gestión, son: ¿vamos por el camino correcto? ¿nos dirigimos verdaderamente a resolver esos grandes problemas históricos? ¿o solo estamos rumiando las mismas respuestas que gobiernos burgueses anteriores han dado para terminar no resolviendo nada?
Desafortunadamente, aun siendo alguien que voté por el gobierno y deseo que triunfe, debo decir que no veo que el gobierno actual vaya por la ruta correcta. Lo siento, pero es que “Amor no quita conocimiento”.
Tomemos como base la ruta que inicialmente se propuso, plasmada en su oferta electoral, o sea en su plan de gobierno, plan que constituyo una promesa al Pueblo que lo apoyo con la mayor votación que presidente alguno ha recibido en la historia del país. Por razones de espacio, no voy a repetir las decenas de fórmulas que ahí existen, algunas cumplidas y otras no, sino que me limitare a señalar una sola, que a mi juicio es la llave maestra que abriría muchas otras puertas de solución, cuya no realización ha sido el pecado original de este gobierno. Me refiero a la Asamblea Constituyente.
Si desempolvamos la oferta electoral de Xiomara Castro, esta incluye como una de sus primeras medidas la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué ha pasado? Esta no solo no ha sido preparada, organizada ni convocada, sino que ha sido proscrita; no puede hablarse de ella. “No hay condiciones para una Constituyente y quien la pida es gente de derecha”, decía el comandante vaquero. Y desde entonces casi todo mundo enmudeció sobre ese tema.
A las claras se ve que desde un inicio no existió voluntad política para impulsarla, lo que lamento porque fue precisamente en el inicio del gobierno que se dieron las mejores condiciones para eso, con el apoyo de 1.7 millones de hondureños en las urnas. Muchos de los problemas que hoy seguimos lamentando habrían comenzado a tener una solución de haberse instalado una Constituyente originaria con facultades de tomar decisiones soberanas por encima de la vetusta institucionalidad heredada de siglos de dominación. Error estratégico.
¿Por qué es tan importante una constituyente en la coyuntura actual?
Las dificultades económicas, políticas y legales que está teniendo el gobierno de Xiomara para implementar su plan de gobierno, eran previsibles, y no solo tienen que ver con el hecho de que los cachurecos robaron a mansalva de las arcas públicas antes de salir, lo que por supuesto es un factor de mucho peso. El problema es más profundo que eso. Cabe recordar que el tipo de Estado sobre el que está sentado el gobierno en su conjunto, es un estado clasista, oligárquico, hecho a la medida de los intereses de la gran burguesía explotadora y parasitaria de este país; y por supuesto, de los intereses del imperio. Ninguna hoja puede moverse en este Estado si no responde a los intereses del capitalismo depredador, parasitario y dependiente, reflejados fielmente en su orden constitucional, y en el andamiaje legal, institucional y cultural; el cual es vigilado por un sistema judicial estricto y defendido por un organismo policial y militar al servicio de las elites.
En un Estado de tal tipo, las iniciativas que entreguen poder y beneficien a los trabajadores, a los más pobres y excluidos, a los pueblos originarios, a las mujeres y jóvenes, tienen que recorrer penosos caminos para alcanzar logros mínimos o directamente fracasan en el intento, porque siempre hay una ley, una disposición constitucional, una política publica, un convenio internacional (como el CAFTA), que lo impide. Es un orden oligárquico pensado para el enriquecimiento de los pudientes, en el que los de abajo no tenemos realmente ningún poder de decisión.
Este orden burgués oligárquico es lo que impide que campesinos y campesinas puedan recuperar sus tierras, ya que hay una Ley de Modernización Agrícola y procesos judiciales y órdenes de captura contra “usurpadores de tierras” que “deben cumplirse”. Permite que los trabajadores sigan indefensos ante sus patronos; que los pobladores pobres, campesinas y campesinos, las comunidades negras e indígenas sean progresivamente despojadas de sus patrimonios económicos, ambientales y ancestrales; que los autores del Golpe de Estado de 2009 sigan en impunidad; que las Fuerzas Armadas, incluida la Policía militar que nos metió bala en 2017, sean intocables; que las empresas extractivas, las ZEDE, los peajes y otras formas de recolonización de nuestro territorio, no pueden ser revertidas porque hay “convenios internacionales” como el CAFTA que los protegen; que no haya dinero para atender las demandas sociales porque hay compromisos multimillonarios con las térmicas y con la banca nacional e internacional.
Por otro lado, hay decisiones que el gobierno necesita aprobar en el Congreso –como la Ley de Justicia Tributaria, el presupuesto, la elección del fiscal y otros cargos de peso– pero no puede hacerlo porque hay una inmerecida representación de la oposición cachureca (inmerecida por ser producto de un fraude en las legislativas) que le impide al gobierno tener los votos necesarios para aprobarlas. Y así podría seguir el rosario de situaciones por las que nos quejamos y no tenemos soluciones.
Esta situación mantiene al gobierno empantanado en la lógica burguesa de los tramites, los plazos, los mecanismos establecidos y las condicionalidades que la burguesía históricamente ha impuesto a las mayorías para mantener sus obscenos privilegios y derrochar sus inmerecidas fortunas.
Es cierto que el gobierno no se ha quedado de brazos cruzados. Veo, por ejemplo, el esmero de Xiomara por acceder a alternativas como el Banco CAF, el establecimiento de relaciones con la República Popular China y su cercamiento a España y otros países, para aliviar su situación, lo cual está bien, pero, de todos modos, los recurso que de ahí se obtengan tendrán que pasar por el tamiz del Estado oligárquico y por las leyes de este. Mientras los trabajadores y los pobres no tengan realmente Poder, será la gran empresa privada la que se llevara la mejor parte del pastel.
En Venezuela, Hugo Chávez comprendió que nada podría hacer si se limitaba a gobernar con el viejo estado que encontró y por eso procedió a convocar la Constituyente, la que, aunque tampoco es una varita mágica, ayuda muchísimo a sentar bases para soluciones estratégicas. Otros países que tenían claro esto, hicieron lo mismo. ¿Por qué aquí no se ha convocado a una Constituyente, mediante una amplia consulta popular, con todo el apoyo popular que ha tenido el gobierno de Xiomara?
Cada día que pasa y que el gobierno no soluciona los problemas que aquejan a los electores, se debilita, y, por otro lado, su (nuestro) enemigo principal se fortalece; la oligarquía burguesa. Peor aún, al no avanzar, retrocedemos, ya que siempre el gobierno estará tentado a utilizar las leyes e instituciones del viejo Estado para dizque “solucionar” problemas sociales. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, por presión de los terratenientes y del COHEP, recientemente decidió cumplir órdenes de desalojo pendientes contra indígenas, campesinos, en su mayoría emitidas durante la dictadura, y en general a todo aquel que haga tomas y protestas, independientemente de que tengan razón o no en sus demandas. Y aquí uno se pregunta: ¿un gobierno “socialista-democrático” desalojando a pobres a solicitud de ricos? Paradójico ¿no? Solo falta que ocurra el primer disparo para que lamentemos una tragedia. No podría haber mejor indicador de que vamos por mal camino.
Si una Constituyente originaria, soberana, democrática e incluyente fuera instalada, por supuesto, respaldada por una intensa movilización popular, todas esas trabas serian removidas de un plumazo y la verdadera refundación sería posible. La gran movilización del pasado 18 de julio demuestra que aún hay energía suficiente en el pueblo para respaldar algo semejante.
A pesar que se ha perdido tiempo, considero que todavía hay una oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Tal vez sólo tengamos un año para eso; porque 2025 es año electoral y la fiebre por alcanzar puestos en las planillas es peor que el COVID para enfermar las mentes de muchos. El proceso constituyente debe iniciar ya. Para mi gusto, la mejor manera de empezar es levantar el debate nacional sobre el tema de la Constituyente, porque la ventana histórica que mencioné al inicio no permanecerá abierta permanentemente. El pueblo que le dio su respaldo a Xiomara se va a cansar si no tiene respuestas. Así que, o el gobierno de Xiomara Castro se redime de ese pecado original, o estará listo y servido para las próximas elecciones y su estampa solo será un accidente en la historia del Estado oligárquico nacional.
