El decomiso de armas debió ir de la mano con la investigación previa a la destrucción, opina la subsecretaría de seguridad, Julissa Villanueva y sociedad civil, debido a que el armamento pudo ser evidencia clave en casos de homicidios sin resolver.
Por: Kelly Ortez
Fotos: Secretaría de Pensa
Tegucigalpa.- Autoridades de la Policía Militar junto al secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, realizaron la presentación de todas las evidencias que se aseguró durante las requisas en el marco de la operación “Fe y esperanza”.
Durante la primera fase se realizó una serie de inspecciones en 25 centros penales del país, y como resultado se estima que se logró decomisos que ascienden a más de 212 millones de lempiras.
Entre lo encontrado se registró: droga, armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y satelitales, dinero en efectivo, joyería, granadas de fragmentación y artículos electrodomésticos, según informaron las autoridades.
Tras la presentación se procedió a realizar la destrucción de las armas utilizando una máquina trituradora e incineración, acción que ha sido cuestionada por algunos sectores.
La quema de armas realizada fue indebida, si no se analizaron los patrones de cada una de las armas en cuanto al registro de huellas y marcaje respectivo que sirva como evidencia para realizar las investigaciones, y comprobar si estas fueron utilizadas para cometer homicidios que aún no se resuelven, dijo el director legal de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid.
El analista dijo en entrevista con Criterio.hn que, las acciones que competían realizar eran tomar datos de patrones previos, marcaje, toma de huella y contrastar con el registro de homicidios que aún están por resolver.
“No solo se debe de incautar el tráfico ilícito de armas, se debe realizar una investigación, por lo tanto, no debieron destruir sino pasar por un complejo análisis para dar con los responsables de distintos homicidios”, apuntó Madrid.
En este sentido, detalló que el problema de la introducción de armas no solo pasa por destruir el armamento sino radica en esclarecer quiénes son los responsables del ingreso a los centros penitenciarios.
Ahora -continuó Madrid-, le corresponde a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), esclarecer bajo la complicidad de que policías del alto y bajo rango, autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y custodios se realizó el ingreso.
“Se debe de realizar la investigación para dar con los responsables, que se sabe que tuvo que ser alguien dentro de los centros penitenciarios, no pudo haber sido por una persona ajena”, indicó el entrevistado.
En este sentido, declaró que la investigación es necesaria y para ello solo el Ministerio Público es el único que puede proceder al análisis de pruebas por tanto si se hace mediante otra vía sería un acto erróneo.
En tanto, la subsecretaria de Seguridad y médico forense, Julissa Villanueva, coincidió con Madrid al expresar que la omisión de un peritaje, de las armas previo a la destrucción, podría incurrir en complicidad e ignorancia porque no se esclarece si se practicó algún crimen con las mismas.
“Las cárceles son verdaderas escuelas del crimen, ninguna de las evidencias balísticas tanto municiones como armas deben ser destruidas sin sus respectivos peritajes forenses con los que se conocerá su participación en crímenes extracarcelarios, su origen y su respectivo registro”, expresó la funcionaria mediante una publicación en su cuenta de twitter.
LO DECOMISADO
El armamento se extrajo producto de las requisas de los centros penitenciarios de “El pozo” en Ilama, Santa Bárbara; “La Tolva” en Moroceli, El Paraíso; “Siria” en El Porvenir y la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
Sobre el tema, el titular de la Policía Militar de Orden Público, Ramiro Muñoz, dijo en comparecencia pública que todas las armas ingresaron a las cárceles contaron con la complicidad de personal de las prisiones y que ahora le corresponderá al Ministerio Público (MP) investigar a los responsables.
Además, indicó que se continuará en la búsqueda de más armas en las prisiones, y de comprobar la complicidad de militares o miembros de otros cuerpos de seguridad en el tráfico de armas en las cárceles, serán puestos a disposición para que sean investigados.
Por su parte el secretario de Seguridad y Defensa, José Manuel Zelaya, dijo que las armas incautadas fueron destruidas y los bienes serán puestos bajo la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), para que lo pueda trasladar en un beneficio social para la población hondureña.
Al tiempo que reiteró que jefes de pandillas que han venido controlando las prisiones del país serán remitidos a la nueva cárcel de máxima seguridad que será construida en las Islas del Cisne, en el Caribe hondureño, situadas a 250 kilómetros de tierra firme.
-34 fusiles entre ellos AR15, de asalto AR 5.56 y mini uzi calibre 9 milímetros.
-5 fusiles AK-47
-1 fusil Galid
-2 escopetas 12
-9 subametralladoras mini uzi
-71 armas de diferentes calibres
-934 armas de fabricación cacera tipo chimbas
-42 armas blancas
-333 cargadores para diferentes armas
-23,925 proyectiles sin percutir
-2 aros de presión con logos de institución policial
-8 granadas de fragmentación M67
-11 granadas de gas
-5 explosivos de fabricación cacera
-211 libras de marihuana
-4,522 envoltorios de marihuana
-64 envoltorios de cocaína
-40 envoltorios de piedra de crack 40
-95 router
-47 walkie-talkie
-3 teléfonos satelitales
-507 celulares
-Un total de 533,283 lempiras en efectivo
-42 play station
-94 DVD
-945 televisores
-346 reproductores de música
-13 equipos para música
-64 microondas
-9 freezer
-45 refrigeradoras
-5 pianos
-62 ventiladores
-20 aires acondicionados
-9 placas balísticas para chalecos antibalas
-1 chapa de identificación de cuerpo de institución policial
-208 alajas, entre ellas anillos, cadenas y pulseras
-4 mascaras antigases
-18 chalecos antibalas de uso de institución policial
-388 equipos de sonido
-85 parlantes recargables
-9 teléfonos fijos
-14 guitarras
