Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Foto portada: río Jicatuyo/pinterest
Tegucigalpa.- La Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) exigió en un comunicado que no entre en vigencia el decreto PCM-138-2020 que aprueba un millonario fideicomiso para la generación de energía con la construcción de 14 represas, mediante la constitución de alianzas público-privadas.
Fustiga que se pretenda utilizar la crisis provocada por el mismo gobierno con el mal manejo de la pandemia y del paso de los huracanes de noviembre pasado, así como con la “enraizada y mundialmente conocida corrupción”, para justificar este tipo de proyectos que intensifican la agenda energética transnacional mediante el saqueo de la naturaleza.
Además, la manipulación de los recursos económicos, la maquinaria mediático-militar “en función de atentar contra los intereses del pueblo hondureño en confabulación con un sector de la empresa privada”, que pone primero el dinero y de último todas las formas de vida.
El decreto aprobado el 21 de diciembre pasado, señala ARCAH, es inconsulto y pone en riesgo la ya deteriorada integridad de los bienes comunes de la naturaleza, así como todo el entramado social, económico, cultural y comunitario.
Estas propuestas neoliberales, continúa el comunicado, profundizan la crisis humanitaria en Honduras que ha derivado en el desplazamiento forzado de hondureñas y hondureños de sus territorios.
“Nos oponemos enérgicamente a dicha apuesta” cuyo fin es acrecentar capitales en detrimento del planeta y sus habitantes, dice la ARCAH.
Los proyectos contemplados en el PCM-138-2020 son Llanitos y Jicatuyo en el río Ulúa, Santa Bárbara; El Tablón, en el río Chamelecón; San Fernando y Morolica, en el río Choluteca; quebrada Relumbrosa, en La Ceiba, Atlántida; río Jalán y Talgua, en Olancho; río Texiguat, en El Paraíso; río Guangololo, en La Paz; río Leutona, en Francisco Morazán; río Gila y Maicupa, en Copán; río Arsilaca, en Lempira; río Mame, en Yoro; y río Selgupa, en Comayagua.
El decreto establece que todos serán incorporados al fideicomiso contemplado en el Decreto Legislativo 373-2013, que “aceleraba el proceso de desmembramiento del Estado y de sus instituciones públicas”, señala el movimiento ambientalista.
Finalmente, hace un llamado a la población a organizarse para defender los territorios y a los alcaldes de los municipios mencionados en el decreto publicado en la gaceta el pasado 6 de enero, para que “rechacen la imposición de estos proyectos energéticos” y de manera urgente se busquen alternativas junto con la población “y no desde la lógica depredadora multinacional”.
