Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Luego de 15 meses que las fuerzas de seguridad del Estado violaran los derechos humanos de miles de hondureños que se lanzaron a las calles a protestar denunciando un fraude electoral, la justicia ha comenzado a dar algunos resultados parciales y a reconocer los abusos.
Ayer en la sureña ciudad de Choluteca, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial, dictó auto de formal procesamiento en contra de dos militares. Por el delito de vejámenes en perjuicio de la ciudadana Oneyda Lizeth Ordóñez y por violación a los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras, se decretó auto de formal procesamiento contra el militar Saúl Eneas Hernández.
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En tanto a José Mauricio Amador Paniagua se le dictó auto de formal procesamiento por el delito de violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública y se le decretó sobreseimiento provisional por un periodo de cinco años por el delito de vejámenes en perjuicio de
Pese a que los militares se les ha encontrado responsables de los delitos de violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública y que a uno de ellos se le dictó auto de formal procesamiento por el delito de vejámenes en contra de una ciudadana, el juez determinó ratificar las medidas distintas a la prisión preventiva dictadas en audiencia de declaración de imputado.
Los militares cometieron los delitos y abusos la noche del 17 de diciembre del año 2017, luego que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declarara como ganador de las elecciones del 26 de noviembre de 2017 en el nivel presidencial a Juan Hernández, luego de un proceso salpicado por un fraude electoral, a tal grado que la Organización de Estados Americanos (OEA) sugirió la repetición de los comicios.
Según testimonio de los afectados y presentado ante los tribunales de justicia, la noche del 17 de diciembre de 2017, personas de diferentes barrios y colonias de la ciudad de Choluteca salieron a protestar a inmediaciones del bulevar salida a San Marcos de Colón, donde llegó un contingente integrado por al menos 50 militares disparando a bala viva.
El relato establece que ante la balacera se produjo una estampida en la que Oneyda Lizeth Ordóñez, resultó agredida por seis militares y que cuando los demás manifestantes se acercaron para auxiliarla, los uniformados gritaron que si no se retiraban la iban a matar.
En el Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Honduras 2018 divulgado el lunes por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se recomienda al Estado de Honduras asignar los recursos necesarios para la investigación de las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el contexto de las elecciones de 2017, priorizando las muertes y las lesiones.
Asimismo, llevar ante la justicia y garantizar la rendición de cuentas del sector seguridad y la aplicación de la ley; y apoyar el acceso a la justicia de las víctimas.
En marzo de 2018, la OACNUDH presentó un informe que estableció que en el marco de las protestas contra el fraude electoral, al menos 23 hondureños murieron a consecuencia de heridas de balas, provenientes de armas de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad del Estado.
Hasta el momento no se ha presentado acusación contra la jerarquía de las Fuerzas Armadas y del presidente de la República, en su condición de comandante general de la institución castrense, ya que los ataques de los militares hacia los ciudadanos fue un patrón generalizado.
4 respuestas
Que barbaridad!
Donde está la cacaraquiada justicia q pregona Argueta?
Entonces sigue la impunidad.
Nadie será juzgado con este gobierno, sino hasta que el pueblo esté en el.poder