Por: Daniel Girón
Tegucigalpa.- Lanzada a inicios de julio de 2022 para combatir la inseguridad, la Policía Comunitaria no ha logrado los resultados trazados por el Gobierno izquierdista de Xiomara Castro al no erradicar el narcotráfico y el crimen organizado en Honduras, reconoció a Criterio.hn la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva.
“La Policía Comunitaria continúa trabajando, lo sigue haciendo, pero ahorita no se están visualizando los resultados positivos porque se está viendo opacada por los efectos de la criminalidad (que impera en el territorio nacional)”, expresó Villanueva.
La alta funcionaria, encargada de contrarrestar el gobierno de los privados de libertad en el sistema penitenciario del país, pidió a la población paciencia para que se puedan vivir los cambios, mientras en promedio, 11 personas han muerto violentamente por día en 2023.
“Claro que sí había un plan. Gradualmente hay que ir mejorando la estrategia del plan y ver la realidad nacional. Esta sociedad (hondureña) es una de las más desafiantes del mundo (por su índice de criminalidad) la tarea es bien grande”, argumentó.
Villanueva, directora de Medicina Forense del Ministerio Público (MP) entre 2013 y 2018, puntualizó que “la percepción de las personas es que ellos (Policía Comunitaria) les van a resolver todos sus problemas en materia de seguridad. Nosotros sabemos quién es el ladrón, pero no te lo vamos a decir porque ellos (policías) se arriesgan”.
Según el abogado criminalista Gonzalo Sánchez, el lanzamiento de la Policía Comunitaria, que está integrado a las “Mesas de Seguridad Ciudadana” no pasó a nada más que ser anunciado, pero en sus resultados no se ha visto un cambio.
“No pasó nada más que anunciar el plan. Se está trabajando mínimamente, pero no hemos visto a los policías comunitarios en las calles. Ese es un proyecto que, imagino, irá avanzado de manera progresiva, pero desde su lanzamiento no ha dado frutos ya que no se les mira en las comunidades”, dijo Sánchez a Criterio.hn.
Consideró, en ese sentido, que la Policía Comunitaria más el plan Solución Contra el Crimen (SCC) ya debería de estar mostrando resultado en el combate contra la inseguridad, uno de los problemas más fuertes que afecta a los hondureños.
Las medidas implementadas por la presidenta Castro para erradicar el imperio del crimen van desde un estado de excepción (implementado desde el seis de diciembre de 2022 y que continuará hasta el 23 de mayo de 2023) hasta la construcción de dos cárceles de máxima seguridad y la intervención penitenciaria.
Ese último apartado consiste en la depuración o remoción de policías y directores penitenciarios que se les compruebe su vínculo con el mal.
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MEDIDAS NO DARÁN RESULTADOS
El especialista, promotor y defensor de los derechos humanos en Honduras, Joaquín Mejía opinó, meses atrás en conversaciones que sostuvo con Criterio.hn que los cambios para erradicar la criminalidad en la nación deben ser más profundos debido, entre otras cosas, porque los implementados siguen siendo superficiales.
“Creo que mientras no exista una profunda reforma y depuración de los entes de seguridad del Estado esta iniciativa, aunque sea positiva a largo plazo, no va a tener el efecto que se busca”, expresó.
Y el planteamiento de Mejía podría ser complejo en la práctica, ya que, a mediados de 2022, el gobierno empezó el proceso de reintegro de unos 2,000 policías que habían sido separados de la institución armada en la última década.
Este proceso de limpieza en la institución armada inició en el gobierno del nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y continuó en las dos siguientes gestiones de Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018- 2022), hasta 2020, con un saldo de unos 19,000 miembros fuera de sus puestos.
SOBRE LA POLICÍA COMUNITARIA
Como una respuesta al crimen organizado y narcotráfico, la presidenta en marzo de 2022, durante la celebración de la ceremonia de traspaso de mando de la Policía Nacional, prometió lanzar la Policía Comunitaria para luchar contra la gobernanza de las maras y pandillas.
Y, en efecto, lo cumplió el 6 de julio de 2022, cuando lanzó el plan “Policía Comunitaria” en el departamento Santa Bárbara, en el extremo noroccidental de Honduras.
“La cercanía con la población es el principal activo que tiene la Policía Comunitaria, la instalación de las Mesas de Seguridad Ciudadana combate la delincuencia creando espacios articulados para la disolución y combate de delitos”, expresó en aquel momento la mandataria el día del lanzamiento de este plan estratégico.
La Policía Comunitaria está bajo la Dirección de Asuntos Interinstitucional y Comunitarios, un órgano superior de prevención, disuasión y control del delito y faltas, con la finalidad de mantener la seguridad ciudadana, el orden público, la convivencia y los derechos humanos.
