Por: Edmundo Orellana Mercado
Los dirigentes nacionalistas, dicen que impulsados por su vocación democrática, decidieron consultar a sus correligionarios cuántos periodos tiene que reelegirse el Presidente.
Por su trascendencia, según ellos, la consulta popular es procedente. Dicen que no reglamentar la reelección propicia la reelección indefinida, posición en la que se encuentran los partidos que se niegan a reglamentarla. No se trata, realmente de “reglamentar”, porque solamente las leyes se reglamentan y, en este caso, no existe ley alguna que permita la reelección.
Lo que sí existe es una sentencia que inconstitucionalmente derogó, supuestamente, la prohibición de la reelección. En otras palabras, lo que pretenden es regular la reelección, que, según ellos, introdujo en nuestro sistema constitucional, la sentencia (!).
Por su lado, Zelaya ha decidido consultar a sus parciales, si se inscribe su candidatura en caso de que el Presidente inscriba la suya. Si gana el “sí”, según los de Libre, Zelaya está autorizado para competir con Hernández en las próximas elecciones. Esta consulta, sin embargo, es innecesaria, porque este partido nació por, con y para Zelaya, quien es su líder indiscutible.
La consulta le será, inequívocamente, favorable. Esas consultas no son democráticas, porque no se dirigen al pueblo hondureño, sino a un sector de éste, que, por razones obvias, votará como quieren los promotores de la misma.
Los nacionalistas, sometidos a la férrea jerarquía de su partido, votarán como sus autoridades desean; los Libre, votarán como quiere su líder. La consulta de los nacionalistas es doblemente antidemocrática, porque, además de lo dicho en el párrafo anterior, lo que se debió consultar, no los nacionalistas, sino al pueblo hondureño, es si está de acuerdo con la reelección. Debió consultarse al pueblo porque éste es el depositario de la soberanía, de la que dimanan todos los Poderes.
Esa manifestación de imperio la ejerce el pueblo, directamente (cuando ejerce el sufragio, por ejemplo) o por medio de sus representantes (Presidente o diputados), en apego al pacto aceptado voluntariamente (Constitución), cuyas estipulaciones deben respetarse y cumplirse. En caso de modificación de ese pacto, se debe estar a lo que el mismo disponga.
Este pacto consagra, al respecto, varias reglas. Una, dispone que solamente podrá reformarse mediante el procedimiento que prevé el pacto mismo; otra, que el pueblo puede ser consultado para asuntos de trascendencia nacional, mediante el plebiscito o referéndum.
La prohibición de la reelección es parte del texto original de la Constitución. La pretensión de removerla es, pues, lo fundamental, lo demás es secundario. Lo correcto hubiese sido, entonces, consultar al pueblo sobre lo principal, no sobre lo accesorio, mediante los mecanismos de consulta popular, el plebiscito o el referéndum.
En nuestro país, sin embargo, nada es como debe ser, sino como tiene que ser. Porque querían suprimir la reelección y sabían que de consultarle al pueblo éste se opondría, fueron a la Sala Constitucional, dócil instrumento que, suplantando la soberanía popular, decidió según lo pedido.
Asegurado, supuestamente, el reconocimiento de la reelección, es decir, lo principal, someten a los nacionalistas (no al pueblo, que es el auténtico soberano) la consulta de sobre cuantas veces tiene que reelegirse el Presidente, es decir, lo accesorio, alegando que es ineludible esta consulta, por la trascendencia de la cuestión. ¡Qué temor les inspira el soberano! Son nuestros políticos oligarcas elevando la bandera del despotismo ilustrado: «Todo para el pueblo, pero sin el pueblo». Antidemocracia y demagogia en su expresión más acabada. Quintaesencia de la política vernácula.
