Organizaciones de derechos humanos y feminista reprochan la propuesta de la diputada Lesly Carolina Flores Méndez, señalando que violenta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, además, compromete su derecho a decidir sobre sus cuerpos
Tegucigalpa, Honduras. –– La propuesta de la diputada nacionalista Lesly Carolina Flores Méndez, que busca otorgar un bono de 100 dólares (2,500 lempiras) a las mujeres que elijan someterse a una esterilización quirúrgica, presentada este jueves en el Congreso Nacional, ha generado críticas en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Honduras y ha puesto sobre la mesa la necesidad de implementar la educación sexual integral.
La propuesta ha sido ampliamente cuestionada por diversas organizaciones de derechos humanos y feministas, quienes la consideran una violación a los derechos fundamentales de las mujeres.
Cristina Alvarado, del Movimiento de Mujeres por la Paz «Visitación Padilla», quien se mostró sorprendida por la referida propuesta, enfatizó que la misma se contrapone al derecho que tienen las mujeres de decidir por si mismas sobre sus cuerpos. “Me parece una incoherencia que se plantee este bono”.
A criterio de Alvarado, la propuesta denota un desconocimiento en materia de derechos sexuales y reproductivos. Además, lamentó que la diputada coloca la responsabilidad de tener hijos, sólo en las mujeres. “No la ve (a la mujer), como un ser humano con derechos, sino como un útero que produce vida”. Al tiempo que la defensora de derechos de las mujeres, cuestionó “¿dónde está la responsabilidad de los hombres?
Para Alvarado, los hombres tienen que ejercer su masculinidad y su sexualidad de manera responsable para evitar con ello que muchos niños y niñas queden abandonados por sus padres, dejando toda la responsabilidad en las madres.
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MUJERES SIN CAPACIDAD DE DECIDIR
La diputada Carolina Flores Méndez, defendió su propuesta señalando que no se trata de un control de natalidad, sino de un incentivo para aquellas mujeres que decidan voluntariamente no tener más hijos. La diputada explicó que la esterilización, aunque es gratuita en el sistema sanitario público, el bono se destinaría a cubrir gastos asociados al procedimiento.
Sin embargo, dicha propuesta supone una transgresión al derecho de las mujeres a tomar decisiones informadas y libres sobre su salud reproductiva. Las organizaciones de mujeres han argumentado que la oferta de la compensación económica puede presionar a las mujeres a tomar decisiones que, aunque aparentemente voluntarias, están condicionadas por una necesidad económica.
Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil (GSC), consideró que el proyecto de ley, es “irrespetuoso” porque afecta la capacidad de decidir de las mujeres hondureñas.
En ese sentido, Sánchez, enfatizó que la decisión de tener hijos o no y además cuántos tener, es un derecho que se fundamenta en la Constitución de Republica y en tratados internacionales de cuales Honduras es signatario.
El Fondo de Población de las Naciones (UNFPA), refiere que el tamaño de los hogares, ya sean numerosos o no, está estrechamente relacionado con el ejercicio de los derechos reproductivos, lo que a su vez se relaciona con muchos otros derechos, como el derecho a la salud, la educación, la libertad de decidir, la no discriminación y tener acceso a ingresos adecuados.
“Cuando las personas ejercen todos sus derechos, tienden a prosperar. Cuando no lo hacen, no pueden desarrollar su potencial y las tasas de fecundidad tienden a ser distintas de lo que la población realmente quisiera”, señala el informe Estado de la Población Mundial 2018.
Natalia Kanem directora UNFPA, enfatizó que “la posibilidad de decidir puede cambiar el mundo. Puede mejorar rápidamente el bienestar de las mujeres y las niñas, transformar familias y sociedades, y acelerar el desarrollo mundial”.
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INSTAN APROBACIÓN DE LA LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
Las organizaciones de derechos de las mujeres sostienen que la propuesta se contrapone al derecho fundamental de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, lo cual es incoherente en el contexto de los derechos sexuales y reproductivos.
En ese sentido, señalan que, en lugar de ofrecer incentivos monetarios para la esterilización, los legisladores y legisladoras deben enfocarse en la creación de políticas públicas que promuevan el ejercicio pleno de estos derechos. Esto incluye garantizar el acceso a una educación sexual integral, que permita a las mujeres tomar decisiones informadas y autónomas sobre su salud reproductiva, y asegurar servicios de salud accesibles y de calidad para todas las mujeres.
“Lo que debe aprobarse es la Ley de educación sexual”, instó Jessica Sánchez. Señaló que la misma debe ser trabajada desde los centros educativos.
Por su parte, Cristina Alvarado, enfatizó que la ciudadanía hondureña –tanto hombres como mujeres— necesitan consejerías sobre salud sexual y reproductivas y brindar las herramientas para decidir el momento y la cantidad de hijos que quieren tener. A razón de ello, demandó a las y los tomadores de decisión, desarrollar políticas públicas para que las mujeres de manera efectiva puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.
En Honduras, existe una renuencia a la implementación de la educación sexual integral. En 2023, se aprobó la Ley Integral de prevención de Embarazos en Adolescentes, sin embargo, debido a las presiones de los grupos fundamentalistas, la presidenta Xiomara Castro decidió vetar el proyecto de ley.
