Ante paro nacional, empresarios amurallan sus edificios

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Forrados con láminas y con el temor de ser atacados en el marco del paro nacional anunciado del 20 al 27 de enero, se encuentran varios comercios de las ciudades más importantes y el edificio que alberga el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

La medida se ha puesto en marcha ante el miedo a ser atacados durante las acciones de protesta que ha anunciado la Alianza de Oposición contra la Dictadura, para boicotear la toma de posesión del segundo mandato del presidente Juan Hernández.

La mayoría de los negocios, que han sido amurallados, pertenecen a las franquicias internacionales y tiendas adyacentes a las zonas que son usualmente rutas de las manifestaciones.

El viernes 12 de agosto el edificio del Cohep y un hotel capitalino resultaron con daños en sus cristales, durante una manifestación de la Alianza. El gobierno acusó de los daños a militantes de la Alianza, pero dicha imputación ha sido contrarrestada por el expresidente de Honduras y coordinador de la Alianza, Manuel Zelaya Rosales y el excandidato, Salvador Nasralla, que esta semana denunciaron que el gobierno infiltró la protesta para acusarlos de violentos y justificar la brutal represión militar que  se originó ese día contra manifestantes y miembros de la prensa nacional e internacional.

ATAQUE AL COHEP

Mediante un extenso texto, el exdirector de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) Adolfo Facussé le reclamó esta semana al presidente del Cohep, Luis Larach, por su papel en la actual coyuntura de crisis y entre otras cosas, le dijo que se ha convertido en cómplice del fraude electoral del pasado 26 de noviembre y de la corrupción del actual gobierno.

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Facussé, quien además fue presidente del Cohep, persuadió a Larach que lo que pasó recientemente en el hotel y en el edificio del Cohep, va a ser poco el día que la gente que vive en la extrema pobreza baje de los cerros y se tome la ciudad, pues no habrá Policía Nacional o Militar ni Fuerzas Armadas que los pueda parar.

Lo expuesto por Facussé fue un directo y tajante llamado de atención para la cúpula empresarial, ya que a su juicio, si la gente está actuando de manera violenta es porque se siente acorralada por una empresa privada oportunista.

El industrial, condenó además el papel de complicidad y acompañamiento que están ejerciendo los medios de comunicación corporativos alrededor del gobierno de Juan Hernández.

Honduras vive actualmente una crisis política derivada de fuertes indicios de fraude por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que declaró ganador de los comicios al presidente, Juan Hernández, aun y cuando la Organización de Estados Americanos (OEA), que observó el proceso, se abstuvo de validar los resultados.

Además del fraude, el pueblo hondureño que se ha movilizado en las calles, resiente  que el gobernante se haya postulado a un segundo mandato, ya que la reelección está prohibida por la Constitución de la República.

La empresaria farmacéutica y también expresidenta del Cohep, Juliette Handal, resiente también el papel de la cúpula de su gremio y los ha llamado a que dejen de rasgarse las vestiduras y de parcializarse con posturas que sólo benefician a ellos mismos

Handal considera que aunque las manifestaciones afecten al sector público y privado, «al final los que dañan más a la economía son los que insisten en quedarse en el poder».

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Considera además que las manifestaciones se han tornado violentas, porque han sido aprovechadas por el vandalismo e incluso porque han estado siendo infiltradas por el mismo gobierno para culpar a la oposición de ser violenta.

También ha lamentado que algunos empresarios, especialmente los coludidos con el gobierno, condenen únicamente las pérdidas económicas y no miren la muerte de las personas.

De acuerdo a la Mesa de Defensores de Derechos Humanos de Honduras, que aglutina al menos 30 organizaciones, la crisis post electoral ha dejado al menos 33 muertes, las que en su mayoría, han sido atribuidas a las fuerzas de Seguridad del Estado.

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Este viernes, la vocera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) Elizabeth Throssell, pidió al gobierno de Honduras evitar la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Militar en manifestaciones, y que reconsidere las leyes que regulan el uso de la fuerza en las mismas.

Esta semana y ante el anuncio del paro nacional, los militares a través de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) han emitido sendos comunicados advirtiendo que reprimirán enérgicamente a todos los ciudadanos que participen en acciones de protesta.

El defensor de los derechos humanos, Edy Tábora, dijo a CRITERIO que tanto el gobierno, como la cúpula empresarial y los medios de comunicación tradicionales, pretenden imponer la tesis que lo más importante es el respeto a la propiedad privada y la libre locomoción, cuando eso no se puede aplicar en las condiciones actuales de Honduras porque ha existido dos ilegalidades: la violación a la Constitución de la República a través de la reelección y el irrespeto a la voluntad popular, mediante el fraude.

Ante dichas arbitrariedades y ante la falta de institucionalidad, Tábora argumentó que a la población sólo le queda el derecho a la libertad de expresión y a la protesta en los espacios públicos.

Es obvio que la protesta, afectará la libertad de circulación, “pero el problema es que como estamos hablando de defender la democracia, el Estado de Derecho, aquí la  pregunta es ¿cuál es el derecho más importante en esta crisis política para defender la democracia y el Estado de Derecho, si ya se asistió a la institucionalidad y no respondió? Entonces sólo queda el derecho a la protesta social, prosiguió.

Ahondó que hasta el momento la población hondureña sólo ha ejercido el derecho a la protesta social, pero que el artículo tres de la Constitución faculta a la insurrección, que podría conllevar a una revolución e incluso violenta, para buscar cambios estructurales y defender la Constitución.

CRISIS POLÍTICA

Actualmente Honduras vive una crisis política propiciada por indicios de fraude en las pasadas elecciones, mediante las cuales Hernández fue declarado ganador por el Tribunal Supremo Electoral (TSE)  y logró reelegirse violentando la Constitución de la República.

La Alianza de Oposición contra la Dictadura, alega que el ganador de los comicios fue su candidato Salvador Nasralla.

El Partido Liberal, que se ubica como la tercera fuerza política, desconoce los resultados del Tribunal Electoral y, al igual que la Alianza Opositora, sostiene que el ganador de las elecciones fue Nasralla.

Ante la falta de transparencia y poca certeza en los resultados del TSE, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, recomendó la repetición de los comicios.

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