El presupuesto de la CIDH ha sido históricamente deficitario. Es una condena súbita de los Estados vigilados frente a su vigilante. Los estados recienten que un órgano internacional los someta a control y para no asumir el costo político y diplomático que sería irse en su contra, lo controlan otorgándole un miserable presupuesto que lo ha tenido viviendo en cuidados intensivos por más de una década.
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está a punto de cerrar el 40% de sus contratos de trabajo debido a la falta de presupuesto ante la caída de las aportaciones de los Estados miembros.
Esto significaría que, el grupo que procesa las peticiones quedará sin capacidad operativa para procesar las peticiones pendientes (más de 4000) y no podrá tampoco recibir nuevas.
El 80% del personal que tramita las medidas urgentes frente a amenazas graves y que requieren respuesta urgente (conocido como medidas cautelares) cesará sus labores.
El monitoreo regular en derechos humanos de un tercio de los países de la región (una región de casi mil millones de personas) no podrá realizarse.
Así lo dio a conocer Nelson Camilo Sánchez León*, profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia, e investigador en la organización Dejusticia en un artículo denominado “El silencioso jaque mate a la CIDH”.
La semana pasada, en una reunión ocurrida en Washington DC, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a su personal una impactante noticia: la CIDH tiene un déficit presupuestario de un millón de dólares. Si no ingresan fondos adicionales rápidos, su Secretaría Ejecutiva se verá obligada a cesar los contratos de trabajo del 40% de su personal a partir de agosto de 2016.
En la práctica, según una evaluación elaborada por el personal de la CIDH, esto significaría, entre otras cosas, que:
El grupo que procesa las peticiones quedará sin capacidad operativa para procesar las peticiones pendientes (más de 4000) y no podrá tampoco recibir nuevas.
El 80% del personal que tramita las medidas urgentes frente a amenazas graves y que requieren respuesta urgente (conocido como medidas cautelares) cesará sus labores.
El monitoreo regular en derechos humanos de un tercio de los países de la región (una región de casi mil millones de personas) no podrá realizarse.
El presupuesto de la CIDH ha sido históricamente deficitario. Es una condena súbita de los Estados vigilados frente a su vigilante. Los estados recienten que un órgano internacional los someta a control y, por eso, para no asumir el costo político y diplomático que sería irse en su contra, lo controlan de regreso otorgándole un miserable presupuesto que lo ha tenido viviendo en cuidados intensivos por más de una década.
Si se compara con otros sistemas internacionales similares, se muestra como el sistema interamericano (incluyendo aquí a la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica) es el que menos recursos posee en todo el mundo (De hecho, es impresionante todo lo que el sistema interamericano hace y el alto impacto que tiene contando con tan pocos recursos).
Pero la crisis actual es la más dramática de todas.
Anualmente, en el informe que somete a los Estados de la OEA, la CIDH hace un balance de su presupuesto. La información que presenta no es del todo completa, pero definitivamente su presentación ha mejorado en los últimos años. Lo que muestran estos datos es que en los últimos tres años anteriores el presupuesto de la comisión ya venía decreciendo.
El presupuesto total anual de la CIDH. Este total se divide en dos rubros:
El presupuesto del fondo regular, es decir, el porcentaje de los fondos corrientes que la OEA otorga a la CIDH; y el presupuesto de fondos específicos, que se compone de contribuciones adicionales provenientes de tres fuentes: dinero adicional enviado por los Estados miembros, donaciones de otros gobiernos (principalmente europeos), donaciones de organizaciones filantrópicas privadas.
Entre 2012 y 2013 se presentó un aumento presupuestario considerable: casi un millón y medio de dólares. Este aumento coincidió con dos hechos: el cambio de Secretario Ejecutivo y el momento más álgido del denominado proceso de “Fortalecimiento del SIDH”. Este segundo hecho parece haber sido el que motivó tal aumento. Frente a la amenaza a la CIDH, se visibilizó un problema que movilizó recursos de manera coyuntural, pero que como se denota en la gráfica no pudo sostenerse en el tiempo.
En el siguiente año el presupuesto decreció en 976.900 dólares. Para el siguiente año, es decir, 2015, el presupuesto descendió en 1.143.300 adicionales. Aquí es importante aclarar que mis cálculos restan del presupuesto un millón de dólares que aparece en el informe anual como aporte de México. Ese dinero fue depositado exclusivamente para el funcionamiento del Grupo de Ayotzinapa, bajo un acuerdo especial, y de eso, la CIDH no tocó un solo centavo.
En conclusión, el presupuesto total de la CIDH de 2015 bajó en un 20 porciento de aquél del que dispuso en 2013. Y fue, incluso, más bajo que el deficitario presupuesto de 2012. El impulso post-fortalecimiento fue flor de un día.
Este decrecimiento se debió fundamentalmente a la menor recaudación de fondos específicos. Ya desde abril, el Secretario Ejecutivo se había referido públicamente a esto y lo atribuyó a que la CIDH habría perdido dos millones de dólares de la “contribución europea” que estaría siendo canalizada al problema de los refugiados sirios en Europa. Una versión que no termina de convencer, pues da la impresión de que en años anteriores la CIDH habría recibido tal cantidad de dichos países, lo cual no es cierto.
Pero el núcleo del asunto va más allá de esta coyuntura. La responsabilidad principal de la crisis es de los Estados dueños del sistema. El mecanismo ideal de financiación debería ser la asignación de presupuesto suficiente mediante presupuesto regular de la OEA. Sin embargo, en la actualidad la CIDH recibe solo un 6% del presupuesto general de la OEA.
Los fondos de la OEA no son muchos y cubren muchos temas. Además, dada la severa crisis que este órgano internacional enfrenta, no parece que exista un ambiente muy favorable para que estos fondos aumenten.
Una segunda salida es que los Estados de la región contribuyan directamente a la CIDH. La dificultad de implementar este modelo no es su costo. En realidad, el presupuesto no requiere un esfuerzo financiero muy grande por parte de los Estados de la región. El problema está en la falta de voluntad política. Como el procedimiento no está reglado, existe un incentivo muy grande a que los Estados o no participen o lo hagan de manera gansteril: amenazan a la CIDH con estrangularla financieramente si no los “toma en cuenta” adecuadamente.
Un tercer esfuerzo estaría en aumentar las contribuciones de cooperación internacional o fondos específicos. Aquí los problemas han sido dos: Por un lado, los gobiernos a los que no les interesa que la CIDH cumpla su mandato se han intentado oponer a que la Comisión los obtenga (bajo el argumento de que eso mina su independencia). Por otro lado, en la Secretaría Ejecutiva de la CIDH han existido históricos problemas de gestión para la consecución de estos recursos, que evidentemente se han profundizado en los últimos años.
Tanto las soluciones definitivas, como sus problemas, ya han sido suficientemente diagnosticados y son conocidos. En este momento es necesario tomar medidas de choque que requieren una posición firme, unificada y planificada por parte de la CIDH. Cada uno de los siete comisionados representa a un órgano político y todos deben asumir su rol y responsabilidad política en este asunto. Es un órgano colegiado elegido por los Estados para que represente los intereses de las víctimas de la región. No pueden descargar responsabilidades en la secretaría ejecutiva (cuyo titular va de salida) ni en su presidente.
Las medidas urgentes a las que el pleno de la CIDH está llamado a adoptar, podrían incluir:
El compromiso de un grupo de estados de la región por alcanzar, al menos, el presupuesto del año anterior. Esto quiere decir, realizar contribuciones inmediatas que permitan que la CIDH no tenga un nuevo decrecimiento presupuestal este año. Esto debe incluir cubrir un posible recorte de fondos de presupuesto regular que puede enfrentarse por la crisis general de la OEA. Deben ser, además, contribuciones sin condiciones.
El inicio de la discusión de un mecanismo reglado de contribución directa a la CIDH por parte de los países, que tenga a nivel interno estatus legal y que garantice que año a año existirá una apropiación concreta con este fin.
El compromiso de la CIDH por modificar su sistema interno de gestión para la planeación de actividades y movilización de recursos al interior de su Secretaría Ejecutiva. Hoy que la CIDH está evaluando candidaturas para la cabeza de tal secretaría, debería asegurarse que exista, no solo capacidad comprobada de gestión en quien aspira a dicho cargo, sino además exigir una propuesta concreta e integral de gestión.
Hace un par de años, investigadores de la reconocida organización brasilera Conectas señalaban que, para cumplir el importante y enorme reto de protección de los derechos más básicos en toda la región, la CIDH se la pasaba “contando monedas”. Hoy, lamentablemente, debemos decir que la CIDH está “mendigando monedas”.
* Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia, e investigador en Dejusticia (www.dejusticia.org)
