Por: Viena Hernández
Tegucigalpa. – Honduras es un país donde todavía una importante parte de la población no tiene acceso al agua potable ni a la energía eléctrica, siendo parte de los derechos básicos permanentemente violentados de una población vulnerabilizada.
Esta situación es reflejada a través del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), al señalar que la mayoría de denuncias atendidas en 2021 fueron relacionados a cobros indebidos y la negación del derecho a la energía.
Según reveló la entidad estatal, atendieron 9,782 denuncias, de la cuales 331 eran quejas de usuarios de los servicios públicos sobre cobros indebidos de energía eléctrica, interrupción injustificada de ese servicio, al igual que la privación al derecho del agua y de la energía eléctrica.
Un factor importante a resaltar, es que la mayoría de las denuncias recibidas fueron de mujeres y adultos mayores, siendo parte de los grupos más vulnerados en Honduras.
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El Conadeh desglosó que el 44% eran denunciantes mujeres que manifestaron la violación a sus derechos como usuarias de servicios públicos, luego los adultos mayores en un 30% y el obligado tributario en un 6%.
Los cobros indebidos y la suspensión injustificada forman parte de la lista de denuncias contra la Empresa Energía Honduras (EEH) y el Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillado (SANAA) y Aguas de San Pedro Sula, según informó el Conadeh en un documento presentado ante el Congreso Nacional (CN).
Es importante mencionar que, en Honduras, solo el 85,13% de la población cuenta con acceso al servicio de energía, el número más bajo de Centroamérica. De 298 municipios, 31 tienen menos del 50% de obertura eléctrica y más de 300 mil hondureños no cuentan con acceso a la energía.
ENERGÍA EN CRISIS
El 11 de mayo, durante una sesión, el Poder Legislativo aprobó por mayoría de votos, la ley energética impulsada por el Poder Ejecutivo, cuyo objetivo ha sido declarar un bien público y un derecho humano a la energía eléctrica. A su vez, intentan recuperar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de la perentoria quiebra y la renegociación de contratos irregulares con generadores.
La deuda de la estatal de energía, actualmente supera los 75,600 millones de lempiras, equivalente al 60% de ingresos del Estado en un año. Además, existen 75 contratos de energía que simbolizan un costo de 1,875 millones de lempiras por mes, de los cuales, más de 30 tienen ganancias mayores al 30%.
Desde febrero de 2022, se implementó la promesa del gobierno de Xiomara Castro, para que los hogares que consumieran menos de 150kwh (cerca de 850 lempiras mensuales) cada mes gozaran de energía gratis o no pagarían consumo de energía.
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Sin embargo, el gobierno ha cumplido esta promesa a medias, puesto a que el 40% del costo que representa el subsidio se trasladó al sector industrial y comercial, es decir, 216 millones de lempiras y, el 60% por el Estado, lo cual equivale a 324 millones.
El pasado 2 de febrero, el Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo con la finalidad de reformar el párrafo quinto del artículo 18 de la Ley General de la Industria Eléctrica que prohibía al Estado otorgar subsidios a los consumidores cargando el costo a otros consumidores.
La ENEE cuenta con 1, 940,362 usuarios que consumen energía eléctrica, de estos: 1, 793,666 son categoría residencial, 127,948 comerciales, 18,313 de gobierno y 434 industriales.
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SOBREVIVIR SIN AGUA
En Honduras, es común que muchas colonias no reciban agua potable desde hace más de 15 años, esto se refleja en las largas filas que hacen los ciudadanos para comprar un galón de agua a carros cisternas de empresas privadas que se dedican a este negocio, incluso el mismo gobierno a través del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), ante su incapacidad de construir redes de acueductos, opta por vender el líquido vital.
Más de dos millones de hondureños, equivalente al 19.4% de la población vive sin acceso al agua potable.
En marzo, el investigador de la Maestría en Recursos Hídricos de la Facultad de Ciencias, Arturo Tróchez, señaló que el 30% de las colonias de la capital de Tegucigalpa carecen de una conexión formal al servicio de agua potable y que la ciudad actualmente opera con déficit del 50% del vital líquido.
El 30% de los capitalinos que carece de una conexión formal al servicio de agua potable representa a unas 500,000 personas, pero el problema va más allá, porque Tegucigalpa y Comayagüela también sufren del deterioro de las cuencas de agua, lo cual incrementa los costos del tratamiento del agua potable, señaló el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
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