La desaparición de Angie Peña resalta la crisis humanitaria que enfrenta Honduras, donde más del 36% de las desapariciones reportadas en los últimos años corresponden a mujeres, evidenciando una alarmante vulnerabilidad
Tegucigalpa, Honduras. – Las desapariciones forzadas continúan siendo una grave problemática en Honduras, donde miles de mujeres han sido reportadas como desaparecidas en los últimos años.
En este contexto, el caso de Angie Peña Melgares, quien desapareció el 1 de enero de 2022 en Roatán, se ha convertido en un símbolo de la lucha por justicia y visibilidad. A tres años de su desaparición, la familia y organizaciones de sociedad civil demandan respuestas y acciones efectivas del gobierno, mientras la angustia y la incertidumbre persisten en un país marcado por la impunidad y la violencia.
A pesar del tiempo transcurrido, su paradero sigue siendo un misterio. Angie desapareció el 1 de enero de 2022 tras alquilar una moto acuática en West Bay. Su hermana.
“Yo quiero justicia para Angie y que no sólo sean palabras y palabras y reuniones y palabras vacías. Porque tres años y no tenemos nada, absolutamente nada, solo más desesperación y más desesperación, nada más que eso. Puras mentiras todo”, recriminó.
Su demanda refleja la angustia y desesperación de muchas familias en Honduras que enfrentan la dolorosa realidad de las desapariciones forzadas, mientras continúan luchando por respuestas y un compromiso real por parte del Estado para abordar esta problemática.
Al tiempo que recordó la desaparición de Martha Fabiola Matute Bardales, bajo las mismas circunstancias de su hija. Martha Matute desapareció en Roatán Islas de la Bahía, el 14 de agosto de 2017 y hasta la fecha no se sabe de su paradero.
Por otro lado, demandó la captura tanto del guía (quien vio por última vez a Peña) y al dueño de las motos acuáticas. “Me parece una gran injusticia que el guía y el dueño sigan gozando de su libertad y yo no saber nada de mi hija”.
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«EL ESTADO CONOCE MUCHOS CASOS, PERO PREFIERE NO DARLES SEGUIMIENTO»
Lara Bohórquez, coordinadora del Observatorio de Derechos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), expuso la alarmante situación que enfrentan las mujeres en el país. En sus declaraciones, Bohórquez destacó el caso emblemático de Angie Peña, cuya desaparición ha sido objeto de presión internacional y movilización social. «Hay una comisión de búsqueda, pero es por presión internacional; no hay un interés genuino del Estado en encontrar a las mujeres con vida», afirmó.
En enero de 2024, un grupo de 16 organizaciones defensoras de derechos humanos presentó ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU una solicitud de acción urgente para el Estado de Honduras, exigiendo medidas concretas en la búsqueda de Angie Peña Melgares.
En respuesta, el Comité emitió una resolución que requirió al Estado hondureño adoptar todas las acciones necesarias para localizar a Angie y proteger su vida e integridad personal. Además, se le dio un plazo hasta el 22 de febrero para informar sobre los avances en la investigación y además a implementar una estrategia integral que incluya enfoques humanitarios, investigaciones penales y la participación activa de la familia de la víctima.
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CONTRADICCIONES EN PROCESOS INVESTIGATIVOS
En abril de 2024, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, generó controversia al afirmar que conocían el paradero de Angie y que estaba viva. Sin embargo, sus declaraciones han sido recibidas con escepticismo y preocupación por parte de organizaciones civiles y familiares ya que consideran que este tipo de información podría poner en riesgo la vida de la joven al alertar a quienes podrían tenerla.
Bajo este contexto, para la investigadora Lara Bohórquez, hay una contradicción existente en el manejo del caso, donde, a pesar de contar con presuntos sospechosos, la búsqueda efectiva de Angie sigue sin avances.
«Es problemático que se hagan declaraciones sobre su paradero sin que se tomen acciones concretas para recuperarla», agregó Bohórquez
Entre 2017 y 2023, Honduras ha enfrentado una crisis alarmante de desapariciones, con más de 7,360 casos reportados en este período, de los cuales un preocupante 36.5% corresponde a mujeres. Esta estadística revela no solo la magnitud del problema, sino también la vulnerabilidad específica que enfrentan las mujeres en el país, quienes son desproporcionadamente afectadas por este fenómeno.
