El 25 de enero pasado, la presidenta solicitó al Congreso Nacional la aprobación de reformas constitucionales que faciliten la eventual llegada de la CICIH al país

No obstante, analistas consultados por Criterio.hn declararon que no se requiere ninguna reforma o modificación a la Constitución, sino más bien a las leyes secundarias

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro continúa apostándole a una reforma constitucional para la instalación de un mecanismo contra la corrupción y la impunidad en Honduras auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El pasado 25 de enero, durante la ceremonia de inauguración de la tercera legislatura del período 2022-2026, en su mensaje dirigido a los diputados del Congreso Nacional, la mandataria hizo referencia a la reforma por adición al artículo 232 de la Constitución de la República.

«Esperamos (…) que este Congreso nos dé las reformas constitucionales y leyes para que este mecanismo temporal y de emergencia tenga la independencia y autonomía para combatir las redes de corrupción de alto impacto», declaró.

La reforma a la que se refiere la presidenta Castro es la iniciativa que presentó el 1 de noviembre de 2022 su hija y diputada de Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Zelaya, y que busca reformar por adición el artículo 232 de la Constitución de la República para retirarle al Ministerio Público la exclusividad o monopolio de la acción penal pública.

«Se faculta para el ejercicio de las acciones investigativas de forma independiente, con énfasis en inteligencia y análisis financiero, el mecanismo de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), constituido por el Estado con el apoyo de las Organizaciones de las Naciones Unidas. El convenio internacional y las leyes secundarias regularán la forma y los procedimientos», indica la propuesta de reforma.

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Según el planteamiento de la diputada Zelaya, la reforma buscará combatir la impunidad y la corrupción pública y privada, realizadas a través de redes criminales organizadas que saquean y entregan bienes y recursos públicos de diversas maneras.

NO SE REQUIERE REFORMA CONSTITUCIONAL

Aunque esta propuesta ha sido respaldada por altos funcionarios del Gobierno, incluido el canciller Enrique Reina, quienes argumentan que con ella el mecanismo anticorrupción tendrá la potestad de investigar con independencia y de presentar acciones criminales públicas de oficio directamente a los tribunales hondureños, diversos sectores la ven innecesaria y dilatoria.

Por un lado, en el Congreso Nacional no existe acuerdo para conseguir mayoría calificada, es decir, 86 votos, y por el otro, dentro de las bancadas de los partidos políticos principales, Libre, Nacional y Liberal, existen diputados que han figurado en listas de corrupción y que fueron objeto de investigación de la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH).

La representante de la Articulación Ciudadana para la Transparencia y la Justicia (ACTJ), Gabriela Blen, dijo a Criterio.hn que es preocupante que la propuesta presentada por la diputada Xiomara Zelaya no contenga la figura de querellante adhesivo.

«En consecuencia, esta reforma no proporcionaría a la CICIH la independencia necesaria para llevar a cabo investigaciones», manifestó.

Además, declaró que el Congreso Nacional puede reformar el Código Procesal Penal para permitir que el mecanismo anticorrupción funcione como acusador privado. «Para ello, solo se requieren 65 votos, y es posible llevar a cabo esa reforma», añadió.

Según el artículo 373 de la Constitución de la República, aprobar una reforma constitucional requiere 86 votos y una ratificación, que deberá efectuarse en la siguiente legislatura con igual cantidad de votos.

En ese contexto, si el Gobierno establece la aprobación de dicha reforma constitucional para la suscripción del convenio, la llegada al país del mecanismo anticorrupción se atrasaría hasta 2025.

A consideración de Gabriela Blen, retrasar la instalación de este mecanismo solo demostraría que el Gobierno está instrumentalizando la lucha contra la corrupción y la impunidad con fines electorales, ya que el 30 de noviembre de 2025 se efectuarán las elecciones generales.

«Ignoran esta parte y esta movida estratégica para ganar simpatizantes les puede pasar factura. El partido de gobierno no está considerando que la ciudadanía ha estado luchando por la instalación de la CICIH durante varios años», comentó Blen.

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Por su lado, el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Joaquín Mejía, coincidió en que no es necesaria ninguna reforma a la Constitución de la República.

«No se requiere reforma constitucional porque la Constitución no habla del monopolio de la acción penal pública. Lo que sí se requiere es reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal para otorgarle a la CICIH el rango de querellante adhesivo», expresó Mejía a Criterio.hn.

Los artículos que requieren reforma, únicamente con 65 votos, son el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el artículo 25 del Código Procesal Penal, ya que establecen que el Ministerio Público es el ente encargado de ejercer la acción penal pública.

CICIH

El 14 de febrero de 2022, semanas después de su investidura presidencial, la presidenta Xiomara Castro envió a la ONU la solicitud formal que dio paso a las negociaciones para instalar una CICIH en Honduras.

El 18 de diciembre de 2023, la ONU y el Gobierno acordaron extender el memorando de entendimiento para la eventual instalación de la CICIH hasta el 15 de junio de 2024.

Días después, el 22 de diciembre de 2023, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) otorgó a la Secretaría General de ese órgano el mandato para apoyar y negociar la iniciativa destinada a instalar un mecanismo anticorrupción en Honduras o una eventual Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH).

En respuesta, el Gobierno designó al canciller Enrique Reina, al procurador general Manuel Díaz Galeas, a la exsecretaria de Finanzas, Rixi Moncada, y a la exsecretaria de Trabajo, Mayra Mejía, dentro de una comisión de negociación del convenio del mecanismo anticorrupción.