Por: Redacción Carlos Zelaya Herrera
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Tegucigalpa.-Por más que distintos sectores cuestionen la legalidad del proyecto de reelección presidencial del partido en el poder, el polémico tema ha removido el escenario político nacional y genera incertidumbre necesaria que echa por tierra el inmovilismo en la gobernanza que impone una Carta Magna gestada para enfrentar la ficción del comunismo en Honduras y Centroamérica, en la década de los ochenta.
Reacciones encontradas y tan interesantes como el proceso de recolección de firmas del Partido Nacional, que concluyó supuestamente con más de 1.5 millones de encuestas, como la consulta del Partido Libertad y Refundación (Libre) a sus bases, en las internas del 30 de octubre próximo, de respaldar la eventual candidatura a la reelección del expresidente y coordinador general de ese instituto político, Manuel Zelaya Rosales.
Una posición de Libre trenzada en una plática entre Zelaya y el embajador de Estados Unidos en Honduras, James Nealon, en la celebración del Día de Independencia de la nación del norte y que trascendió a las redes sociales, es que el exmandatario olanchano habría respondido que Libre no apoya la reelección presidencial en el caso de que esta se diera.
Un cuadro con pinceladas con un fuerte tono liberal en cuanto a que no se puede reglamentar lo que no existe, en alusión a su postura de que lo que la Corte suprema de Justicia falló, es hablar de la reelección, pero no de la figura en sí.
El partido anticorrupción, PAC, por su parte, mantiene la postura de rechazo a la reelección, independientemente del resultado de la gestión al frente de la nave del Estado.
Incluso y de manera individual, Salvador Nasralla, líder del PAC, y Enríque Ortéz Sequeira, precandidato presidencial por una facción interna del liberalismo, formaron una alianza contra la reelección presidencial.
A esto se agrega la denuncia de la llamada Alianza por la Defensa de la Constitución, entidad que forman ciudadanos, algunos de ellos partícipes en el golpe de Estado de hace siete años, para que la Fiscalía investigue y actúe ante la mecánica desatada por 16 diputados, el ex presidente Rafael Callejas y la Corte Suprema de Justicia por declarar inconstitucional la Carta Magna y despertar al Frankenstein de esta coyuntura política actual en Honduras.
El debate se intensifica ante posiciones firmes y decididas de la dirigencia nacionalista, de los funcionarios de gobierno y de su bancada en el Congreso Nacional que a una sola voz, reafirman que la reelección es cosa juzgada y que sólo falta su reglamentación.
El panorama es complejo si se retoman advertencias de liberales, PAC y Libre; los primeros, porque no existe nada que reglamentar y que a ese episodio sólo se accede con el plebiscito o referéndum que modifique la constitución de la república.
Postura a la que se suman Libre y PAC, cuyo liderazgo advierte que sin reformas electorales, como la segunda vuelta, alternabilidad y paridad de género, voto electrónico y adjudicación de representantes en entes registrales y electorales, el próximo año no habrá elecciones generales.
En estas aguas agitadas la nave azul, que infla sus velas con más de un millón y medio de encuestas de electores que sí quieren la reelección, según la dirigencia de la estrella solitaria, avanza sin titubeos a los astilleros del Congreso Nacional para reglamentar su viabilidad, con banderas de una vez más y al estilo que priva en la tierra de las barras y las estrellas.
A quienes no se les ha escuchado su voz, es los jerarcas militares, gestores del golpe de Estado de 2009, sin embargo Romeo Vásquez Velásquez, uno de los precursores de este triste episodio para la vida política hondureña, ha dicho hasta el cansancio que los verde olivo deben actuar y ha dejado entrever que una vez que JOH inscriba su candidatura, las Fuerzas Armadas deben retomar su papel como lo hicieron con Manuel Zelaya Rosales.
Las advertencias a los sueños y ansias reeleccionistas también han salido de la boca de Ramón Custodio, que citó la posibilidad de un golpe de Estado en el momento en que Juan Hernández inscriba su candidatura a la reelección presidencial; incluso, que los mismos gringos podrían extraditarlo al igual que a algunos miembros de su gabinete de gobierno y de partido por vínculos con el narcotráfico, corrupción y lavado de activos desde ambas vertientes.
