Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Por transacciones irregulares se asoma otro posible remezón en la banca hondureña, a menos de cuatro meses de la liquidación forzosa de Banco Continental, que tuvo un fuerte impactó en el producto interno bruto, pérdida en reservas internacionales, cierre de al menos 11 mil empleos, atrasos y daños en más de 200 mil ahorrantes.
En el horizonte financiero y la paz social asoman nuevos nubarrones con la posible intervención de unos cuatro bancos que estarían implicados en operaciones atípicas desde hace ya varios años.
A pedido de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, (OFAC, por sus siglas en inglés) la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), estaría próxima a intervenir varias e importantes y prestigiosas entidades bancarias que operaron con el empresario y presunto narcotraficante, Javier Antonio Cerrato Oliva y otra persona aún no identificada por las autoridades.
Esta situación deja en entredicho la cuestionada transparencia y solvencia del sistema bancario nacional, tal como se jacta la CNBS y otros entes afines del país. Por estas transacciones es que la OFAC también pediría intervenir al propio ente regular de la banca hondureña, el que con su desidia incumple sus funciones, por lo que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCO), podría pedir el cierre de esos bancos, como sucedió con Banco Continental, cuyos activos pasaron a la Oficina Administradora de Bienes incautados, (OABI).
De llevarse a cabo la medida, la economía hondureña se afectaría de manera considerable, con el giro de operaciones, que significarían serios retrasos y daños para los ahorrantes, pérdida del producto interno bruto y millones de lempiras en reservas internacionales, como reconocieron economistas y un ex presidente del Banco Central de Honduras (BCH).
Dándole seguimiento al caso de Banco Continental, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, incautó el pasado 11 de enero mediante la operación “Arrecife II”, 53 bienes de Cerrato Oliva en los municipios de Trujillo, Tocoa y Sabá en el departamento de Colón.
Días después trascendieron una serie de transacciones por más de 946 millones de lempiras en importantes bancos nacionales, en los que Cerrato Oliva habría movido dichas sumas de dinero, calificadas como operaciones atípicas por las autoridades correspondientes de acuerdo a información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Hasta la fecha, FESCO, ha incautado todos los bienes que ha podido identificar como pertenecientes a Cerrato Oliva, su esposa, una compañera sentimental y parientes.
Adquisiciones del acusado fueron generadas en un entorno de aparente legalidad como comerciante individual y propietario de las dos ferreterías “Javier”; además de permisos de explotación de carga pesada no especializada.
Se supo que del 2000 al 2012 Cerrato, su esposa y su compañera sentimental, adquirieron 53 bienes, 12 cuentas bancarias con transacciones por más de 946 millones de lempiras y 5 millones 276 mil 890 dólares.
En las investigaciones de la fortuna se estableció que entre noviembre de 2002 a noviembre de 2012, Cerrato recibió préstamos bancarios por 62 millones 746 mil lempiras los que canceló de forma anticipada, lo que no contrasta con ganancias comerciales de sus negocios.
La FESCO investiga la compra y venta de dólares a las que se dedicó entre los años 2007 y 2009. En las operaciones irregulares habrían participado cuatro bancos, uno de ellos denunció las transacciones atípicas del comerciante y presentó seis denuncias que ahora forman parte de las pesquisas que están en etapa de verificación en el Ministerio Público. Con base a estas informaciones es que próximamente la FESCO estaría por solicitar la incautación de los bienes ante los Juzgados de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
Entre junio de 2011 y octubre de 2012, Cerrato recibió depósitos por 105 millones de lempiras, de los cuales 70 millones fueron en efectivo, sin que se sepa el origen de los mismos.
Sonia Anabel Padilla Cruz, esposa de Cerrato, figura como pequeña contribuyente en el Registro Tributario Nacional, pero de julio a noviembre de 2008 trasladó más de cuatro millones de lempiras de varias cuentas; y arriba de 225 mil dólares en un lapso de diez meses, por lo que todas estas actividades forman parte de las investigaciones que sustentan entidades de la Fiscalía General de la República.
