Calderón Boy reveló en entrevista con Citerio.hn que, cuando lideraba la MACCIH, un grupo de diputados corruptos la denunció ante el Ministerio Público porque supuestamente había violado la confidencialidad de los documentos que se habían filtrado de unos reportes de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Para que esto sucediera hubo connivencia de los funcionarios de la referida institución
Tegucigalpa. – La exvocera de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Ana Calderón Boy, abogada con más de 30 años de ejercer como fiscal del Ministerio Público de Perú, país de donde es originaria, aceptaría integrar una nueva misión anticorrupción que posiblemente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instale en este país centroamericano.
“Si me necesitan para brindar mi experiencia, con mucho gusto me integraría para poner en práctica las lecciones aprendidas que tuve con la MACCIH [Misión de Apoyo Contra la Corrupción e impunidad en Honduras], pero sabemos que esa decisión no depende de mi voluntad solamente, depende de cómo se negocie la CICIH, con qué facultades llegue al país y bajo qué parámetros”, mencionó Boy en conversaciones con Criterio.hn.
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La abogada considera que, formar parte de la CICIH, pasaría una vez que el Poder Ejecutivo dé el visto bueno, algo que, desde su óptica ve complicado porque a la clase política que denunció por cometer actos de corrupción, años atrás, y hoy están en libertad, por la impunidad que campea, podría meter uno de sus tentáculos para dejarla fuera de esa misión.
“Entiendo que para integrar la CICIH hay que tener el visto bueno no sólo de la ONU, sino del Poder Ejecutivo de Honduras, porque ellos van a analizar si el ingreso de cada integrarte, les conviene o no y, en realidad, no sé si figuro en esa lista porque ventilé con la MACCIH grandes casos de corrupción”, analizó.
Por conocer la Constitución hondureña, los actores de corrupción y a quienes investigar, el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, considera que Calderón Boy debe integrar la CICIH, en su posible llegada a Honduras.
“Nos alegraría que la señora Ana Calderón Boy integre esa misión de investigación por todo lo que ella vino hacer a Honduras, por ese coraje con el que vino a sacar los verdaderos casos de corrupción que se mantenían ocultos en el país, poniendo en evidencia cómo funcionarios eran capaces de robar dinero del pueblo”, dijo Santos, en entrevista con Criterio.hn.
Calderón Boy se unió a la MACCIH en el 2018, después de la repentina salida de Juan Jiménez Mayor, quien encabezaba esa misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se instaló en Honduras en 2016, después de ventilarse el mega caso de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), durante el primer mandato del expresidente Juan Orlando Hernández, quien se encuentra privado de libertad y a la espera de un juicio en Estados Unidos por narcotráfico.
Su primera comparecencia ante el pueblo hondureño fue el 28 de febrero de 2018, presentando nada más y nada menos el caso “Caja Chica de la Dama”, que involucró a una red de corrupción encabezada por Rosa Elena Bonilla, exprimera dama de Honduras, quien fue arrestada ese mismo día por cometer el delito de fraude y apropiación indebida.
Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio “Pepe” Lobo, fue condenada a 58 años de cárcel, el 5 de septiembre de 2019, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró sin lugar el juicio argumentando que hubo irregularidades y fue puesta en libertad e inició el segundo juicio el ocho de febrero de 2022, once días después de que asumiera el poder la presidenta Xiomara Castro.
El 21 de septiembre de 2022, el Tribunal de Sentencia volvió a encontrar culpable a Rosa Elena Bonilla y le dictó 14 años de cárcel, nuevamente fue trasladada hasta la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), donde estuvo pocos meses hasta que, con el argumento de un quebrantamiento en su salud, le dictaron medidas sustitutivas de casa por cárcel el 15 de febrero pasado.
Arca Abierta, Pacto de Impunidad, Red de Diputados, Fraude Sobre el Gualcarque, Licitación Fraudulenta del Seguro Social, Corrupción Sobre Ruedas, Caja Chica del Hermano, Patuca III Corrupción y Colusión y Narcopolítica, son algunos de los grandes casos de corrupción que presentaron, entre enero de 2016 y enero de 2020, la MACCIH y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), ahora Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco).
El Congreso Nacional, en desacuerdo con los casos de corrupción que presentó la MACCIH y UFECIC, conformó, a mediados de 2019, una comisión de congresistas para supuestamente evaluar el funcionamiento de la misión que, vinculó directamente y, en su mayoría, a diputados nacionalistas y liberales, al único diputado de la Democracia Cristiana, en aquel entonces, y a cuatro diputados de Libre, quienes luego fueron expulsados de esa institución partidaria.
Para finales del mismo año, los diputados recomendaron a la Junta Directiva del Congreso Nacional, encabezada por el nacionalista Mauricio Oliva, descontinuar la MACCIH, bajo el argumento que abusaron de sus atribuciones y habían violentado principios y garantías constitucionales al ventilar información confidencial del Estado y fue así como su vigencia se extinguió en enero de 2020 al no ampliarse su periodo de vigencia.
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ATAQUE CONTRA LA MACCIH
Calderón Boy recuerda esos meses como un ataque dirigido por diputados corruptos contra la misión, “estos congresistas enviaron hasta mi despacho una serie de documentos pidiendo cosas imposibles de proporcionar, como, por ejemplo, el salario de cada integrante de la MACCIH y la información de todos y lo querían de un día para otro”.
“Después, fue un ataque de manera personal. Pusieron una denuncia ante el Ministerio Público en mi contra porque supuestamente había violado la confidencialidad de los documentos que se habían filtrado de unos reportes del Consejo [Comisón] Nacional de Bancos y Seguros. Ahí fue que nos dimos cuenta que el Consejo [Comisión] de Bancos estaba coludido con el Congreso. Ese fue uno de los ataques más duros” recordó.
“Lógicamente rechazaron esas acusaciones, pero ahí nos dimos cuenta que desde el Congreso, los señalados que tenían mucho poder, trataron de desprestigiarnos. Pero, aun así, teniendo todo en contra, presentamos el último caso que fue Corrupción Sobre Ruedas. Cada vez que me acuerdo de esto me molesto porque, ¿cómo fueron capaces de hacernos ese tipo de cosas?”, añadió.
La MACCIH se fue de Honduras en 2020 presentando grandes casos de corrupción que continúan en impunidad por el poder y la injerencia que tiene la clase política sobre el sistema operador de justicia en Honduras que, con este nuevo gobierno, se pensó que podría ser distinto a la dictadura anterior, pero, hasta el momento, no está dando los resultados urgentes que se han esperado.
Muestra de ello es que la Sola de lo Constitucional encabezada por la magistrada Sonia Marlina Dubón, esposa del asesor presidencial Enrique Flores Lanza, quien fue beneficiado por los pactos de impunidad, admitió un recurso de amparo a favor del narcotraficante Ramón Matta Waldurraga, permitiendo que ahora se defienda en libertad.
Lo paradójico del caso es que esa Sala ha hecho caso omiso, por ejemplo, a los recursos de inconstitucionalidad contra las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y dejó sin lugar dos recursos contra los pactos de impunidad, que continúan premiando a los corruptos.
ASÍ INFLUIRÍA CALDERÓN CON LA CICIH
Calderón Boy, en un caso hipotético que se instale la comisión anticorrupción y que ella sea contratada como jurista, propone trabajar de la mano con el Ministerio Público, para que las prácticas y métodos de investigación que los expertos utilicen se las hereden a los fiscales y jueces hondureños.
“¿Por qué es bueno trabajar de manera paralela?, porque así se heredan los métodos de investigación a la institucionalidad de Honduras, ¿una misión anticorrupción que investigue casos y sólo los entregue a la Corte a quien le enseña?, a nadie, trabajaría sola y ese no es el punto”, valoró.
Otro factor positivo que podría implementar la CICIH, de acuerdo con la fiscal internacional, es que la instancia tenga independencia para seleccionar e investigar casos de corrupción, sin que el Ejecutivo interfiriera
“Con la MACCIH había plena independencia, sin que el Ejecutivo interfiriera. Nos basábamos en criterios y teníamos un reglamento para elegir los casos que considerábamos eran los más emblemáticos para sacar a la luz”, precisó Calderón Boy.
La jueza internacional recordó que, si bien la MACCIH tenía independencia para escoger los casos, no tenía la independencia para presentarlos ante los tribunales de justicia porque su papel era de acompañamiento por lo que trabajaba junto a la UFECIC.
Calderón Boy es del criterio que no se requiere de una reforma constitucional para que se instale la misión auspiciada por Naciones Unidas, pues no cree que para buscar justicia se desbarate las instituciones nacionales, sino por el contrario estas sean fortalecidas por las experiencias y conocimientos de los especialistas internacionales.
En pocas palabras, es contraria a la opinión de los líderes del gobierno hondureño que argumentan que sólo reformando el artículo 232 de la Constitución de la república, se garantizará la independencia y, por ende, el éxito de la comisión anticorrupción.
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SIN AMBIENTE PARA UNA CICIH
Calderón Boy, que nació en Chiclayo, Perú, en 1963, aseguró que, según sus propios análisis, en Honduras todavía no hay un verdadero ambiente de lucha contra la corrupción y muestra de ello es que todavía no se han sentado las bases para que una misión de expertos llegue, como lo prometió Xiomara Castro, el 27 de enero de 2022, en su embestidura, a investigar y ventilar desfalcos de funcionarios al Estado.
“Es necesario que en Honduras se tome conciencia porque los niveles de corrupción son muy altos. En los índices de corrupción Honduras ha salido en cuarto lugar en América Latina. Es necesario una verdadera lucha porque, si la hay, no se nota”, consideró.
“También hay un alto grado de impunidad, lo que significa que los procesos no llegan a ninguna sentencia y eso me lleva a una sola conclusión: Honduras verdaderamente necesita esa misión anticorrupción, pero todavía no hay ambiente”, agregó.
Enfatizó en que el Congreso Nacional, presidido por el diputado Luis Redondo, integrante de las filas del Partido Salvador de Honduras (PSH) y afín al oficialismo, no ha logrado derogar los famosos pactos de impunidad enmarcados en los decretos 116-2019, 117-2019, 57-2020, 93-2021 y 04-2022.
Estos decretos, en síntesis, mantienen maniatado al Ministerio Público para investigar casos de corrupción relacionados con diputados, blindan a exfuncionarios que se dedicaron a blanquear dinero proveniente del mismo Estado, narcotráfico y crimen organizado y continúan promoviendo la impunidad.
La derogación de esos decretos no es a solicitud de expertos en la materia, sino que el mismo gobierno de Honduras firmó un memorándum de entendimiento con la ONU, el 15 de diciembre de 2022 y que se prorrogó hasta diciembre de 2023, en el que se comprometió a derogar estos decretos y aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, cuyos dictámenes están listo, pero engavetados en el Congreso.
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TEMOR DE CORRUPTOS
El analista político, Lester Ramírez, asegura que en el Congreso Nacional no hay voluntad para derogar estos decretos porque varios diputados de los partidos mayoritarios están involucrados en casos de corrupción.
“En el caso hipotético de que la CICIH venga, si los diputados votan a favor, una de las condiciones que van a poner es que no se investiguen casos de corrupción porque hay actuales diputados de los diferentes partidos involucrados en corrupción”, comentó.
Muestra de ello es que los diputados del Partido Nacional se han negado a votar a favor de la derogación de estos decretos, argumentando que el oficialismo carece de consensos, pero la realidad podría ser que, el jefe de la bancada nacionalista Tomás Zambrano, fue salpicado por corrupción en el caso Fe de Erratas, presentado por la MACCIH y el miedo sería que se reviva este emblema de la corrupción que, con argumentos sólidos que hay, estaría tras las rejas.
Zambrano y Antonio Rivera Callejas votaron a favor para echar, sin argumentos, a la MACCIH del país, y ahora se niegan a votar para que la CICIH venga con colmillos y dientas a investigar porque ambos fueron sobreseídos por los pactos de impunidad. Sin embargo, sus discursos en los medios de comunicación, es que es el oficialismo el que está dilatando la instalación del ente anticorrupción.
Si bien, es cierto, los casos no se pueden reabrir porque la Constitución de Honduras establece que una persona no puede ser condenada dos veces por el mismo delito. Sin embargo, si la Sala de lo Constitucional de la Corte declara inconstitucional estos decretos, se determinaría que los juicios fueron resueltos de forma ilegal y, de esa manera, se pueden volver a señalar a las personas salpicadas por la comisión de delitos que, por hoy, están dando directrices desde el Congreso y el Ejecutivo.
“La derogación o declaración de inconstitucionalidad de esas leyes le darían un margen de lucha contra la corrupción a Honduras, ¿por qué?, porque se pueden revivir casos de investigaciones y señalar por los mismos delitos a los corruptos que les declararon sobreseimientos”, analizó Calderón Boy.
LLEGADA DE LA CICIH
Aunque desde el Poder Ejecutivo prometan que antes de que termine el gobierno de la presidenta Xiomara Castro la misión anticorrupción llegará a Honduras, en la práctica es algo que no corresponde a ese ese poder del Estado, sino que al Congreso Nacional donde a casi año y medio de gobierno aún no hay respuesta.
Los diputados vienen de un receso de más de un mes de vacaciones. De acuerdo con la Ley Orgánica del Legislativo, los congresistas tienen derecho a 30 días libres y se los pueden tomar en junio de cada año, pero con opción a moverlos a otro mes.
Desde el 15 de mayo, los diputados no venían sesionando porque no podían llegar a un acuerdo para ratificar el acta de la sesión celebrada el 14 de ese mes, en la que aprobaron la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Lo anterior, entorpeció y podría continuar siendo una piedra en el zapato o pretexto para dilatar la derogación de los pactos de impunidad, para así evitar que la CICIH llegue al país y no ser investigados, se podría tratar de una carta de la que está haciendo uso la clase política.
El domingo llegó a Honduras una misión de expertos de Naciones Unidas, para evaluar cómo se ha avanzado en la lucha contra la corrupción y sugerir la derogación y aprobación de leyes que facilitarían el trabajo que haga la CICIH en el país.
Además, durante su permanencia de seis meses en el país, discutirán la creación del convenio de la CICIH con Rixi Moncada y Enrique Reina, contrapartes del gobierno hondureño. El convenio deberá ser aprobado por los diputados por mayoría calificada, es decir, por 86 votos.
