Por: Redacción CRITERIO
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TEGUCIGALPA.- Con el respaldo de los diputados del partido de gobierno, el Congreso Nacional aprobó este jueves la ampliación de un escudo de impunidad del que gozan los directivos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), que les permite operar sin rendir cuentas cientos de millones de lempiras del ente de pensiones de los comunicadores.
La ampliación del decreto 59-2000, que exime al IPP de la aplicación de las leyes de control, vigilancia y supervisión de sus operaciones financieras y administrativas, aprobado con carácter de urgencia, puso al descubierto la oscura relación existente en Honduras entre el poder y la prensa.
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La reforma del decreto fue apoyada por la votación de 50 diputados del Partido Nacional, 23 votos en contra de legisladores del Partido Libertad y Refundación (Libre) y de la bancada del Partido Innovación y Unidad, y 3 abstenciones.
El decreto que ratifica una condición de impunidad y privilegio a los periodistas directivos del IPP, violenta el artículo 60 de la Constitución que establece que “en Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley”.
También, el artículo 61 que establece que la “Constitución garantiza a todos los hondureños y extranjeros residentes en el país”, entre otros derechos “la igualdad ante la ley”, pero en el Congreso Nacional se aprueba este privilegio a un grupito de directivos de los periodistas para administrar un ente de pensión sin rendir cuentas.
La ampliación de la legislación excluye al IPP, que es un órgano de derecho público, de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y se traslada a la Jurisdicción Civil, pretendiendo bloquear juicios en marcha de dos periodistas jubiladas, Vilma Rosales y Delia Mejía, por el arbitrario cálculo de las pensiones.
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DIRECTIVOS DE PERIODISTAS CON MIEDO
El diputado del partido Libertad y Refundación, Jari Dixon, de los pocos legisladores de oposición a los que se permitió el uso de la palabra, dijo que “aquí lo único que se puede interpretar es que no quieren rendir cuentas, por eso quieren salir del marco de la auditoría”.
“Tienen miedo de que se venga el Ministerio Público, tienen miedo de que venga la UFECIC y tienen miedo a que los investiguen qué han hecho con los dineros los periodistas”, dijo.
El ente de pensiones de los periodistas no ha sido auditado ni por lo que fue hasta 1995, la Superintendencia de Bancos del Banco Central de Honduras, ni a partir de ese año por la CNBS, como legalmente corresponde.
“Los colegios profesionales tienen algunas similitudes, pasan plegados a los gobiernos siempre buscando no rendir cuentas. Este es el problema de los colegios profesionales hoy en día, por eso tenemos nosotros varios dirigentes de nuestro Colegio de Abogados presos”, agregó Dixon.
Dagoberto Rodríguez Coello, Eduin Natividad Romero y Ninfa Arias
estuvieron presentes en la sesión del Congreso Nacional
En la sesión en la que se aprobó la ampliación del ilegal decreto, y a la que asistieron los directivos del CPH, Dagoberto Rodríguez Coello, Eduin Natividad Romero y Ninfa Arias, fue evidente la manipulación del vicepresidente del Congreso Nacional, César Antonio Rivera Callejas, conocido como “Toño”, que urgió la aprobación, alegando que “este tema es urgente”, pero sin explicar por qué razón.
Mientras, la periodista Patricia Murillo, miembro del CPH y diputada por el partido Libre, ante la urgencia de Rivera Callejas que dirigió la sesión, dijo que “yo no veo ninguna urgencia, no es una premura no es cuestión de vida o muerte para nadie” que se apruebe la reforma solicitada por los directivos de los periodistas a través del diputado nacionalista Rodolfo Irías Navas.
Murillo, que es fundadora del CPH y el IPP, advirtió que el Instituto en su ley de creación establece como fuente de recursos la aportación de los afiliados, los empleadores, las transferencias de Estado y pidió más tiempo para la discusión de la iniciativa.
HAY QUE AUDITAR PODERES OCULTOS
“Es necesario saber qué se han hecho los fondos públicos, que nos den más tiempo”, dijo, preguntando de inmediato “¿puede sustraerse un instituto de previsión? ” de la auditoría de organismos especializados del Estado.
“Y más nosotros los periodistas, debemos ser lo más transparente. No esperemos entonces que nos lleven al Ministerio Público, que nos lleven a lo Contencioso, que nos lleven a lo Civil para ser transparentes”.
“Hay que dar ejemplo para poder supervisar y auditar todos los poderes y los poderes ocultos de este país”, sostuvo.
El decreto permite a un grupito de directivos del CPH, de la llamada “vieja guardia” y “nueva guardia”, ya arriba de los 50 años, administrar cientos de millones de lempiras sin la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
En la ampliación del decreto de impunidad, solicitada por los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), que son en su mayoría los mismos del IPP, les permite excluir de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo las demandas contra el IPP, donde por ley corresponden por ser un órgano de derecho público, con el fin de bloquear juicios en marcha de varios afiliados por el arbitrario cálculo de las pensiones.
La iniciativa pretende que las demandas contra el IPP se conozcan en la jurisdicción de lo Civil, donde los juicios son prolongados a veces hasta casi una década, lo que va contra el interés de los afiliados que han demandado, y que por tratarse de personas de la tercera edad ameritan que los juicios más bien se aceleren.
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DIRECTIVOS AMENAZANTES
En la intervención del presidente del Tribunal de Honor del CPH, en la cámara, Eduin Romero, quien es funcionario de gobierno, fue notorio el tono amenazante contra una juez del poder Judicial y contra el mismo Legislativo.
Romero admitió que “hay demandas contra nosotros — los periodistas directivos del ente de pensiones –, a través de lo Contencioso Administrativo, una juez admitió eso”, lo que según él la juez no podía hacer porque el Instituto es “público no estatal”.
“Yo no sé qué tan difícil es que una juez entienda eso, y eso nos genera a nosotros presiones desde el Estado y desde cualquier organismo de gobierno, y no lo vamos a permitir”, agregó.
Las demandas ponen al descubierto resoluciones arbitrarias adoptadas por los directivos del IPP, que esquilman la pensión de los periodistas que se jubilan, más allá de un 60 por ciento.
Romero aseguró que el ente de pensiones de los periodistas los directivos lo han manejado “con las manos limpias”, pero no explicó que, si es así, porque se refugian en un escudo de impunidad para no ser auditados.
Los directivos del CPH, presididos por Dagoberto Rodríguez Coello, llegaron hace unas semanas al Congreso Nacional a reunirse con directivos del poder Legislativo, presuntamente para exigir la derogación del nuevo Código Penal, pero lo que hicieron fue pedir que se reformara nuevamente la ley del IPP, que les otorga el escudo de impunidad que evita sean auditados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
La reforma aprobada dice textualmente:
“Artículo 1. Reformar por adición el artículo 1 del Decreto 59-2000 (…) que interpreta los artículos 2 y 64 del decreto 190-85 de fecha 30 de octubre de 1985 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de diciembre de 1985, el cual debe leerse de la siguiente forma: Artículo 1. Interpretar los artículos 2 y 64 del Decreto 190-85, conocida como Ley del Instituto de Previsión Social del Periodista, en el sentido de que siendo un organismo de Derecho Público, no estatal, gremial sin fines de lucro, dedicado a la prestación de beneficios sociales de conformidad a su ley, no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República, en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas; su representación legal corresponde al presidente de la Junta Directiva, quien podrá delegarla con autorización de ésta en otros miembro de la misma; los conflictos y demás relacionados con la actividad del Instituto de Previsión Social del Periodista no son actos de administración pública y la solución de tales conflictos no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, debiendo ser dirimido ante la justicia ordinaria civil o laboral”.
