Por: Breidy Hernández
Foto portada: Policía Militar
Tegucigalpa. -El gobierno de Xiomara Castro, amplió el estado de excepción en 73 municipios del país, dando continuidad al PCM 29-2022 aplicado inicialmente en los municipios de Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula.
Pese a recomendaciones de organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes se pronunciaron en contra de la puesta en marcha del estado de excepción por vulnerar los derechos humanos, el PCM 29-2022 se amplió por 45 días más y en otros territorios de Honduras a través del PCM 01-2023, que entró en vigencia el viernes 06 de enero de 2023 hasta el 20 de febrero de 2023.
Carlos Sierra, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), es de la opinión que estas medidas coercitivas tienen un alto riesgo que se produzcan violaciones de derechos humanos por parte de operadores de justicia, policías por la historia y tradición de abusos por elementos de la seguridad.
La muerte violenta de mujeres, la violencia en contra de la niñez y otros tipos de violencia, que se generan de manera silenciosa como la violencia intrafamiliar, y otras áreas en materia de seguridad ciudadana, podrían estar en un descuido estatal, ya que se han centrado únicamente en el combate de la extorsión y desarticulación de bandas criminales.
Seguridad ciudadana en manos de uniformados
Con estas medidas coercitivas, el Estado de Honduras está dejando en manos de las instituciones armadas la seguridad ciudadana, este combate a criminalidad se está desarrollando bajo el ataque, la violación de derechos humanos, la vulneración y estigmatización de la ciudadanía que vive en las zonas marginadas y no bajo la perspectiva de la prevención.
Para la criminóloga, Wendy Funes, el Estado tiene una visión militarista de la seguridad, que expone al joven bajo una construcción de un estereotipo de delincuente por vivir en zonas estigmatizadas por la violencia.
Carlos Sierra, consideró que no es correcto dejar en manos de los uniformados la seguridad ciudadana porque no están lo suficientemente profesionalizados para abordar la prevención de la violencia desde un enfoque integral.
En ese sentido, añadió que el Estado de Honduras no debería tener a militares realizando acciones de seguridad interna, “lo hace porque no cuenta en la actualidad con una policía lo suficientemente fortalecida”.
“Esperábamos que Xiomara Castro realizara un proceso fuerte, tanto de fortaleciendo de la Policía Nacional, como un proceso de depuración y profesionalización para poder mejorar el actuar de la institución”, lamentó Sierra.
Prevención de la violencia con una mirada integral
Los diferentes organismos defensores de derechos que se han pronunciado en contra de esta medida, han solicitado al gobierno, que se convoque a un dialogo abierto a fin de trabajar en una estrategia integral en la prevención de la violencia.
De acuerdo con Ismael Moreno, exdirector de Radio Progreso y el ERIC-SJ, se requieren respuestas integrales a la situación de violencia, criminalidad y extorsión, a través de medidas preventivas, una corte suprema de justicia independiente, un fiscal general acucioso para la investigación y con políticas carcelarias que de algún modo garantice el encarcelamiento de los auténticos actores criminales.
“A fin de cuentas, este estado de excepción dejará una persecución fuerte a la población juvenil, pero a los auténticos responsables de la extorsión y de la criminalidad, no se les va a tocar, son intocables que se convierten en colaboradores de la política de estado de excepción”, lamentó el padre Melo, también defensor de derechos humanos.
De igual manera, Sierra propone un enfoque integral en la creación de una estrategia como política pública para la prevención de la violencia en todos sus aspectos.
Es importante mencionar que la tasa de homicidios del 2022, en Honduras, de acuerdo a las estadísticas del Observatorio de la de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), cerró con una tasa de 37.4 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Esto obliga al Estado de Honduras a encaminar, a través del diálogo, una política pública integral que aborde la prevención de la violencia desde la perspectiva de diversos actores como: sociólogos, psicólogos, médicos, defensores de derechos humanos, sociedad civil, organizaciones de jóvenes, de mujeres, organizaciones comunitarias.
