Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- Las mujeres defensoras de derechos humanos denunciaron que ayer lunes 22 de junio fueron informadas por sus compañeras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que presuntos pobladores de Santa Catarina, Intibucá, han propagado a través de diferentes medios un comunicado en el que además de difamar y tratar de desacreditar la organización y a su coordinadora, Berta Zúñiga Cáceres, han amenazado también con incendiar el Centro de Encuentros y Amistad “Utopía” que el COPINH tiene en dicha población.
Es muy importante denunciar que en la publicación se expresa una amenaza en contra de Berta Zúniga Cáceres como coordinadora de la organización, y es su figura la única que aparece en el mismo tratada de manera despectiva, lo que en el contexto político y de agresiones contra el COPINH no se puede tomar como un hecho aislado. La historia reciente sobre amenazas, agresiones, persecución y asesinato de su madre en este mismo papel de coordinadora está presente.
Los hechos ocurren después de que el COPINH anunciara su iniciativa de poner el Centro a disposición para el aislamiento de personas privadas de libertad en el penal de Ciudad La Esperanza que sean sospechosas o confirmadas de COVID-19.
La decision de brindar el centro se hizo como solución ante la indiferencia de los funcionarios públicos a nivel local y nacional para hacer frente a la grave situación que la pandemia ha generado en dicho centro penal, donde hasta la fecha se han confirmado veintitrés casos positivos, suponiendo una amenaza para la población entera.
Desde la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras repudian estas amenazas y hacen responsable al Estado hondureño de cualquier atentado contra las instalaciones e integrantes del COPINH, organización que es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y contra su coordinadora general, Berta Isabel Zúniga Cáceres.
Las mujeres reconocen el trabajo invaluable del COPINH para hacer frente a la crisis generada por la COVID-19 desde la organización comunitaria, poniendo sus recursos y su experiencia organizativa al servicio de las comunidades, brindando a éstas las alternativas que el Estado es incapaz o no tiene voluntad de garantizarles.
