Tegucigalpa.- Los casos en que elementos policiales y militares han trastocado las escenas del crimen en donde ellos resultan involucrados, son varios y estos continúan en impunidad,

Rara vez los informes policiales registran aumento en los crímenes o similitudes con años anteriores y mas bien presentan logros que destacan un trabajo que no realizan o realizan a medias.

Las instituciones policiales y paramilitares en reiteradas ocasiones han tratado de ocultar de todas formas los hechos sucedidos para no “manchar” su imaginen, la que según ellos está intacta y con el mayor de los prestigios.

Sin embargo, el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, manifestó que el caso de Wilson Pérez Hernández, el barrista asesinado de manera violenta y con saña en San Pedro Sula no es un caso aislado, el cual fue modificado y también se vivió bajo una serie de versiones que solo pretendían limpiar la imagen de la institución policial.

Asimismo, aseguró que alterar las escenas del crimen son prácticas que se han usado desde hace un par de años en Honduras.

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En entrevista con Criterio.hn, Mejía Rivera, agregó que las escenas del crimen en el caso de las muertes violentas son alteradas con el fin de justificar las ejecuciones extrajudiciales que comenten los elementos de seguridad del Estado.

Agregó que a los elementos de la Policía Nacional les enseñan a participar en acciones salvajes, militarizadas, y encima de esto la institución policial es una institución corrupta que todavía está vinculada con el crimen organizado.

Del mismo modo, manifestó que este no es el primer caso en el que elementos de la Policía Nacional se ven involucrados en hechos violentos y con una escena modificada por miembros policiales y militares.

Mejía aseguró que muchas de las escenas del crimen que son modificadas y trastocadas por elementos policiales lo hacen con órdenes enviadas desde el escalón superior.

Para dar un ejemplo Mejía recordó el caso de Rafael Alejandro Vargas Castellanos, un joven de 22 años que perdió la vida de forma violenta y que su cuerpo fue encontrado en una hondonada de seis metros en el kilómetro 8 de la carretera que conduce al sur del país. Vargas Castellanos era hijo de la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos.

Desde el 2011 que ocurrió este caso que tocó los tentáculos de la institución encargada de “servir y proteger” a la ciudadanía y que los involucró como responsables intelectuales del asesinato de este y de su acompañante, Carlos David Pineda de 24 años.

En conclusión, el caso de Pérez no es el único en el que se involucran elementos policiales, también está la joven enfermera Keyla Martínez quien murió de manera sospechosa en una celda policial y del cual se dieron varias hipótesis de su muerte, mismas que fueron rechazadas por organizaciones feministas y que hoy por hoy se conoce de un supuesto responsable quien es miembro de la institución policial.

En entrevista reciente con Ana Ruth García, coordinadora de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, dijo a Criterio.hn que por el abuso de poder que existe, por agentes de las fuerzas de seguridad, ya sea policías y militares, salen implicados o vinculados en diversos crímenes, entre ellos los femicidios.

Otro caso en el que también se dieron muchas dudas y donde se descubrió que hubo modificación en la escena del crimen fue el de la muerte  de la jefa de La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sherill Yubissa Hernández Mancía el 2018, misma que según las autoridades murió producto de un suicidio, sin embargo, luego de las investigaciones y estudios forenses, la autopsia arrojó que la causa de muerte fue por herida de proyectil de arma de fuego, la que provocó traumatismo craneoencefálico abierto y aceleración cerebral.

Este mismo año la ATIC también se vio envuelta en la ejecución extrajudicial en el crimen de los dos jóvenes estudiantes del instituto Técnico Honduras, Gerson Daniel Meza Medina (18) y Mario Enrique Suárez Gómez (19), quienes aparecieron ejecutados el vienes 31 de agosto en la aldea La Montañita, al oriente de Tegucigalpa.

Un informe de la Asociación para una Sociedad más Justas (ASJ), publicado el año en curso expone que hay infiltración del crimen organizado en la institucionalidad y corrupción policial, en vista que en los últimos años han salido a la luz pública varios casos de policías de alto rango involucrados con el crimen organizado y actos de corrupción.

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Recientemente se conoció el caso del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos “el Tigre” Bonilla, quien fue solicitado en extradición por los Estados Unidos, acusado de haber participado en delitos relacionados con el narcotráfico.

Otros casos de impacto incluyen los asesinatos de Julián Arístides González, el académico Alfredo Landaverde, quien hablaba públicamente del involucramiento de los policías en el narcotráfico.

Este mismo documento expone que, una encuesta realizada en 2019 por ASJ reveló que 63% de los policías creen que hay miembros del crimen organizado infiltrados dentro de su institución. La infiltración permite a grupos del crimen organizado acceder a información crucial de inteligencia y abusar de las funciones de la Policía para sus fines criminales.

Por su parte, Jimena García, de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), manifestó en entrevista con Criterio.hn que estos casos generan suspicacia porque no se puede desconocer que la Policía Nacional viene de las Fuerzas Armadas y se desliga de las mismas después de la peor época que vivió la institución.

A juicio de García los pocos casos que han tenido una investigación finalizada es porque los familiares y la población organizada exige justicia, de lo contrario todos estuvieran en impunidad.

“No hemos logrado ver que nos presenten en ningún caso toda la información de manera puntual, confiable, coherente que vaya hilvanando lo sucedido para que se pueda emitir que la población quede satisfecha con el trabajo que les corresponde”, dijo.

Agregó que debe hacerse una línea de investigación precisa y no dejarse llevar por rigurosidades, “aquí es donde yo vuelvo a la rigurosidad científica que debe cumplirse y no solo por las causas, debe hacerse el peritaje del cual ellos están entrenados y capacitados”.

García no descarta la posibilidad que los entes de seguridad del Estado modifiquen las escenas del crimen, recordó el caso de la escena del crimen de la fiscal de la ATIC quienes dijeron que era suicidio, pero al final se dio a conocer que fue asesinato y no como lo manejaban las autoridades. “no me extrañaría que haya casos donde se modifica la escena del crimen, especialmente donde están involucrados los propios policías porque al tener ellos acceso inmediato a la escena es fácil que manipulen las evidencias”.

García lamentó que la institución policial quiera dar la impresión que estos problemas no se están dando a lo interno, cuando se sabe que hay violaciones a los derechos humanos y mucha arbitrariedad de la Policía Nacional.

El estudio de ASJ menciona que la confianza en la Policía ha sido históricamente baja, en gran medida como producto de casos de corrupción de alto impacto y la falta de resultados en indicadores de seguridad. La confianza iba mejorando de 2011 a 2015, cuando 62.9% de la población tenía poca o ninguna confianza en la Policía. Desde entonces, la desconfianza ha aumentado nuevamente hasta llegar a 72.9% en 2020, es decir que siete de cada 10 personas en Honduras desconfían de la Policía.