Foto portada: Policía Nacional
Tegucigalpa. El estado de excepción fue implementado en Honduras bajo cuestionamientos y el rechazo de los defensores de derechos humanos y otros sectores de la sociedad, quienes aseguraron que la medida pone en situación de mayor vulnerabilidad a los pobladores.
Un reciente informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONDAEH), expone que aproximadamente el 60% de las intervenciones policiales reportadas como acciones con éxito por parte de la Secretaría de Seguridad tuvieron lugar en localidades distintas a Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula.
Diferentes sectores contradijeron dicha medida por considerar que la misma era un peligro latente a los derechos humanos de los y las hondureñas, sin embargo, y no conformes con la implementación de un estado de excepción, recientemente este fue extendido en el país.
La investigación realizada por el CONDAEH, fue desarrollada en el marco de la lucha contra la extorsión y delitos conexos durante los treinta días de vigencia del primer decreto PCM 29-2022, lo que evidencia según el ente regulador de derechos humanos, que no es necesaria la suspensión de garantías para emprender intervenciones policiales efectivas.
Fuentes oficiales manifestaron que dicha estrategia de seguridad se debe al repunte del cobro de extorsión en el sector transporte y en negocios por parte de las pandillas MS-13, barrio 18 y otras estructuras criminales, así como al incremento de los homicidios y los secuestros, delitos que se registran a diario a nivel nacional.
En uno inicio la media fue implementada con la vigencia de un mes bajo el Decreto Ejecutivo Número PCM 29-2022 que suspende seis derechos garantizados en la Constitución de la República de Honduras.
Estos incluyen la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión, y la inviolabilidad del domicilio, entre otros.
La medida entró en vigor el 6 de diciembre de 2022 y se estableció por un mes, este abarcaba 162 zonas del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) y San Pedro Sula, principalmente en los sectores marcados por altos índices de criminalidad y violencia.
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El decreto incluye en sus argumentos “la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país, ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados, que operan como mafias poniendo en riesgo la vida y los bienes de las personas”.
Posteriormente el gobierno hondureño publicó el viernes 06 de enero de 2023 un decreto legislativo que da vigencia a un estado de excepción parcial ordenado por la presidenta Xiomara Castro.
El PCM 29-2022 se amplió por 45 días más, extendiéndose a otros 73 municipios del territorio hondureño a través del PCM 01-2023, que tendrá vigencia de 45 días y caducará el 20 de febrero de 2023.
Es importante recordar que la ampliación del PCM, también se dio sin tomar en cuenta las recomendaciones de organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes se pronunciaron en contra de la implementación del estado de excepción por considerar que este pudiera ser aprovechado por miembros de seguridad del estado para violentar derechos y atentar contra la población.
Los hondureños han rechazado dicha medida, dado que la historia no se olvida y muchos han tenido conflictos con los elementos policiales y militares y porque, además, el estado de excepción fue puesto a la práctica bajo la tutela de una policía cuestionada y señalada por su participación en crímenes contra la población y extorsión en contra de migrantes de paso por el país.
El director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, Carlos Joaquín Méndez, en entrevista con Criterio.hn manifestó que han constatado que las intervenciones policiales no necesitan de la suspensión de garantía o de una medida tan restrictiva como la que actualmente se vive en Honduras.
A juicio de Méndez en el país urge implementar medidas estructurales, que se adopte una estrategia integral de abordaje que implique políticas públicas y no un estado de excepción, “esto es una media excepcional para situaciones excepcionales”, reveló.
“Nosotros hemos encontrado indicios de detenciones arbitrarias, registros y cifras de personas detenidas en aplicación de este PCM que no concuerdan con lo que nosotros hemos verificado”, declaró.
Mencionó que han realizado cerca de 20 visitas a los centros de detención en Tegucigalpa y San Pedro Sula y han verificado que los libros de registros de detenidos únicamente reportan 159 personas detenidas de las cuales 132 de estas se reportan en el centro Belén.
Mismas que están relacionadas con faltas de respeto como el irrespeto a la autoridad o escándalo en vía pública, de tal forma que no podrían considerarse como detenciones de personas pertenecientes a grupos de crimen organizado.
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Méndez manifestó que el Conadeh registra trece quejas relacionadas con el uso desproporcionado de la fuerza por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO). Al tiempo que informó que ya están dando el seguimiento que corresponde y el acompañamiento debido a las víctimas.
A criterio de Méndez en Honduras no existen los argumentos suficientes para sostener la proporcionalidad, idoneidad y necesidad de esta medida. “En estos primeros 30 días encontramos que 60% de las intervenciones policiales que se presentan como acciones con éxito están fuera del espectro territorial que contiene este primer decreto, eso nos quiere decir que no es necesario la suspensión de garantías para el abordaje de esta situación”.
Registros del Conadeh en su primer informe de observación al PCM 29-2022” de observación a la suspensión de garantías, arrojan que se registra una denuncia de una mujer trans durante el estado de excepción, la denuncia se relacionada con el uso desproporcionado de la fuerza, “es importante que la Secretaría de Seguridad y los agentes policiales brinden un abordaje diferenciado a esta población en condición de vulnerabilidad”, manifestó Méndez.
El Conadeh también expone que el estado de excepción debe comprenderse como lo que es, una medida excepcional para situaciones excepcionales cuya extensión no se justifica por una aparente aceptación democrática.
El equipo de Criteiro.hn buscó entrevista con el portavoz de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid, sin embargo, al cierre de la nota dicha petición no tuvo respuesta.
