Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Miembros de la policía detuvieron el día de ayer a José Aguilar Guevara, miembro de la Empresa Campesina 10 de junio del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), ubicada en la comunidad de Guadalupe Carney, en Trujillo Colón mientras tramitaba su licencia de vehicular en el departamento de transito de la posta policial de Tocoa.
La detención se dio a las 9:00 de la mañana por miembros de la policía justificando la misma con una supuesta orden de captura vigente del el año 2008, por el delito de homicidio en contra de un testigo protegido, al lugar llegó la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), para dar acompañamiento mientras era trasladado a los juzgados de Trujillo para el proceso.
En el 2008 el gobierno de Honduras entregó al Movimiento Campesino 5, 700 hectáreas de tierra en el municipio de Trujillo, pero este no fue responsable para sanear la tierra que adquirieron las familias campesinas. “Tras la inoperancia por parte del Estado se desato un conflicto con Corporación Dinant entonces propietario Miguel Facussé quien se adueñó de manera ilegal de una gran parte de las tierra que le pertenecen a las familias campesinas del Movimiento Campesino del Aguán.
Tras la defensa de sus tierras en el año 2010 las familias campesinas emprendieron un proceso de recuperación de las mismas, pero en ese intento fueron asesinados cinco campesinos miembros de la organización por guardias de seguridad de Corporación Dinant, esta tragedia que fue llamada “La masacre de tumbador” hecho que continua en total impunidad.
El 21 de octubre 2015 el líder campesino y preso político José Isabel Morales, conocido como Chabelo, declarado inocente de los cargos que se le imputaban fue puesto y posteriormente puesto en libertad luego de permanecer 6 años, 9 meses y 7 días en prisión por un delito que nunca cometió.
Chabelo, que es parte del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) de la comunidad Guadalupe Carney, fue detenido el 17 de octubre de 2008, criminalizado y condenado a 20 años de prisión en dos juicios anteriores, que posteriormente la Corte Suprema de Justicia anuló por violaciones al debido proceso.
Por este mismo caso hay unos 32 campesinos de la organización MCA en el Bajo Aguán enjuiciados por la defensa del derecho a la tierra con la clara intención de criminalizar a quienes defienden este derecho.
