“Hacemos un llamado enérgico a las organizaciones campesinas e indígenas a nivel nacional de diferentes federaciones, confederaciones y bases campesinas a mantenerse en alerta y pendiente ante el anuncio, creemos bien intencionado, de la presidenta Xiomara Castro, pero que al parecer los agroindustriales están tratando de manipular y distorsionar el espíritu de la comisión”, establecieron en el comunicado.
Fotos: MADJ
Tegucigalpa.- Organizaciones sociales vinculadas a la defensa de la tierra y el territorio, desde los sectores campesinos e indígenas se declararon este viernes en alerta ante la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, anunciada esta semana por la presidenta Xiomara Castro en cadena nacional.
Señalaron que, si bien valoran de forma positiva la decisión bien intencionada de priorizar la problemática agraria en Honduras, no deja de causar resquemores que la decisión naciera en el seno del Consejo de Defensa y Seguridad (CNDS), esto debido al carácter militar y policial que le otorga a la recién creada comisión. La cual al mismo tiempo deja a un lado al sector campesino e indígena, quienes han recibido el impacto directo de décadas de abusos a manos de terratenientes, empresas agroindustriales y gobiernos.
La alerta realizada en conferencia de prensa es respaldada por la Plataforma Agraria, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), la Central Nacional de Trabajadores del Campo de la región norte de Honduras, la Federación De Tribus Xicaques De Yoro (Fetrixy), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad.
“¿Por qué estamos en alerta? Porque tenemos mucho tiempo de estarle planteando al gobierno que asuma el tema agrario y no nos había escuchado, y ha sido la presión de los actores económicos que aparecen nombrados aquí —el sector palmero, el sector bananero, y el sector azucarero— y esas son las mismas vocerías que han salido a celebrar la creación de un espacio como este”, destacó el coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), Víctor Fernández.
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El profesional del derecho criticó que una de las primeras iniciativas desde la Comisión de Seguridad Agraria fuese reunirse con la Corte Suprema de Justicia y la priorización de desalojos de las familias campesinas, quienes “han iniciado procesos legítimos de recuperación de la tierra”.
Fernández apuntó que la realidad del campo está marcada por dos situaciones: el derecho de acceso a la tierra a los movimientos campesinos, que debe ser satisfecho por el Estado a través de la Reforma Agraria, que tiene el propósito de evitar el minifundio y el latifundio. Por otra parte, existen familias indígenas que cuentan con títulos de propiedad que datan de 1800 y esto no evita que su territorio sea invadido por grupos de poder.
“Nos colocamos en condición de alerta porque pareciera que parte de esta comisión y los grupos económicos entienden que lo que va a operar es una maquinaria de desalojo de familias campesinas e indígenas, y eso no es llevar justicia al campo”, abordó el abogado del BED.
INTENTAN VINCULAR A GRUPOS CAMPESINOS E INDÍGENAS AL CRIMEN ORGANIZADO
Señalaron que algunos apartados de la resolución mediante la cual se crea la comisión les “pone en máxima alerta” pues se intenta vincular al sector campesino real al crimen organizado y otras figuras delictivas, obviando que son los campesinos e indígenas quienes han denunciado a estos grupos delincuenciales ligados al poder, a parte de la empresa privada y hasta a los gobiernos.
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“Desde el Valle del Aguán llevamos al menos 160 compañeros y compañeras asesinadas por grupos paramilitares al servicio de estos grupos, ocho de ellos asesinados solo en lo que va del 2023. Mientras pueblos indígenas como el tolupán acumulan centenares de asesinatos y desplazamiento permanente vinculados a la defensa de su territorio ancestral por la agresión y despojo ejecutado impunemente por terratenientes”, lee el comunicado.
Al respecto, el abogado Víctor Fernández planteó que la justicia requerida implica que la cantidad de asesinatos en el campo tenga prioridad y no se descontinué otras iniciativas ya en marcha por parte del gobierno, como la Comisión Tripartita para el Valle del Aguán que tiene por prioridad investigar los crímenes y las violaciones de derechos humanos.
“Insistimos ante la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra que no habrá paz ni producción en el agro, sin justicia y dignidad para todos los pueblos del medio rural hondureño. ¡Sin justicia para las víctimas mortales y criminalizadas del agro, no puede haber paz!”, planteó el integrante del área de investigaciones del MADJ, Juan Mejía.
Por su parte, el integrante de la Federación De Tribus Xicaques De Yoro (Fetrixy), Julio Paz, anotó que “en nombre del pueblo tolupán, queremos hacer manifiesto a la opinión pública nuestra posición frente a esta iniciativa gubernamental de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra como un instrumento que pretende zanjar o dividir los conflictos agrarios”.
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El líder tolupán indicó que, si bien “arroja una luz de esperanza” la creación de la iniciativa gubernamental para dirimir los problemas de tierras, pesan más las preocupaciones y dudas, iniciando por la interpretación y sesgos a favor de los grupos de poder que se puedan dar bajo la reforma al Código Penal con el Decreto 93-2021.
“Para nosotros como pueblos históricos, sabemos que fuimos invadidos y saqueados, y ahora desplazados de nuestras tierras por intereses económicos y políticos que aplican los gobiernos en los últimos años, en los cuales pretenden sacar provecho de nuestros territorios y de los bienes comunes en ellos existentes, aun a pesar de violentar derechos fundamentales de los pueblos indígenas y campesinos”, narró el integrante de la Fetrixy.
EL CONTROVERTIDO DECRETO 93-2021 Y SU FIGURA DE USURPACIÓN
Especial hincapié y preocupación fue expresada ante el planteamiento de la aplicación de artículos ligados a la usurpación y el desplazamiento forzado a través de la reforma del nuevo Código Penal en el decreto 93-2021.
En su versión original el Código Penal establecía la obligación de “realizar una investigación previa, imparcial y diligente [que] conlleve a una verdadera aplicación de justicia, así como, asegurar que los afectados por el desalojo tendrán la oportunidad de defender los derechos que tienen sobre el predio”, establece el comunicado.
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No obstante, a través del decreto 93-2021, se reformó el artículo 378 relativo a la figura penal de usurpación. El cual es fuertemente rechazado y se ha exigido la derogación del mismo desde las organizaciones sociales y bufetes legales que defienden derechos humanos en Honduras. Sin embargo, hasta la fecha, se desconocen acciones que haya realizado la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional para alcanzar la derogación.
Durante la conferencia se remarcó que “no es casualidad que la misma reforma que permite al crimen organizado seguir con el lavado de activos también criminaliza a los y las defensoras de la tierra y territorios”.
A la vez que se lamentó que “la iniciativa gubernamental establecida en esta comisión le de vida a un derecho penal creado por la narcodictadura que muestra desprecio a la lucha social, popular y campesina al acudir a desalojos preventivos y peor aún, sin considerar la reubicación digna de las familias desalojadas, como lo mandan los convenios internacionales en materia de derechos humanos”.
El coordinador del BED recalcó que “deben revisarse la cantidad de procesos judiciales que se iniciaron en tiempo de la narcodictadura y que generaron ordenes de desalojo. Nosotros tenemos certeza, y por eso nos colocamos en posición de alerta, que esas órdenes de desalojo que hoy quieren que se ejecuten de manera urgente, inmediata, pasaron por un proceso de colusión entre el sector empresarial, agroindustrial, entre jueces, fiscales y policías, y no pueden venir hoy sin revisar los términos en que se colocaron esas decisiones judiciales a instalar una maquinaria que violente los derechos de la familia, y mucho más si se pretenden hacer desalojos entendiendo que las familias campesinas son desechos humanos”.
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Enfatizaron que esperan objetividad, imparcialidad y prioridad, de parte de la Comisión de Seguridad Agraria en investigar exhaustivamente los métodos y procedimientos que utilizaron los agroindustriales para adueñarse de las tierras y territorios a nivel nacional.
Asimismo, rechazaron por completo la posibilidad que Elías Melgar, vice ministro de Defensa, sea nombrado en dicha comisión dado los señalamientos realizados por la Plataforma Agraria y COPA por sus fuertes vínculos al sector agroindustrial, específicamente Corporación Dinant y la empresa de seguridad privada al servicio de esta.
“Hacemos un llamado enérgico a las organizaciones campesinas e indígenas a nivel nacional de diferentes federaciones, confederaciones y bases campesinas a mantenerse en alerta y pendiente ante el anuncio, creemos bien intencionado, de la presidenta Xiomara Castro, pero que al parecer los agroindustriales están tratando de manipular y distorsionar el espíritu de la comisión. La justicia no es aplicar leyes que violen los derechos, la justicia es garantizar equidad en la tenencia de la tierra”, concluyó el comunicado.
Mientras que el abogado Víctor Fernández llamó al gobierno a asumir con perspectiva de derechos humanos el tema agrario. “No es el sector empresarial, no es el sector agroindustrial el que ha sido víctima de la forma en que se maneja la situación política en el campo, ha sido el movimiento campesino. Un gobierno de corte popular que reivindica el campo popular debe decantarse en la practica por reinvindicar los derechos del campo popular”.
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En la conferencia de prensa estuvieron presentes: Julio Paz, integrante de la Fetrixy y representante del pueblo tolupán; Francisco Godínez de la Central Nacional de Trabajadores del Campo de la región norte de Honduras; Estefany Contreras, área legal del MADJ; Juan Mejía, área de investigaciones del MADJ; Víctor Fernández, coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad; y Martín Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.
