Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- La sentencia de siete años dos meses dictada hace unos días contra uno de los violadores de una niña en La Ceiba “representa un primer momento en el proceso de respuesta del sistema de justicia pero queda mucho trabajo por hacer”.
Así lo ha señalado en un comunicado conjunto la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (Udimuf), el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Somos Muchas y el Centro de Promoción en Salud y Asistencia Familiar (Ceprosaf).
El sentenciado es un menor que se entregó a la justicia, igual que lo hizo Luis Ulloa Hernández, el otro acusado, pero “en ningún momento fueron capturados”, reclaman con malestar los grupos feministas.
Un tercer violador, Juan Manuel Gómez Castejón, sigue prófugo, “sin que observemos que a la fecha las autoridades tengan el interés de capturarlo”.
El 20 de abril de 2019, Alejandra fue víctima del grupo de violadores en una de las cabañas del Hotel Palma Real, en la ciudad de La Ceiba, al norte de Honduras.
Tuvieron que pasar casi dos años de lucha de las mujeres unidas y organizadas para que se dictara la primera sentencia.
La madre de Alejandra, la abogada y jueza Flor de María Sosa, ha tenido un papel crucial en esta demanda colectiva de justicia.
“Son lamentables las debilidades en el proceso investigativo con los retrasos y demoras en las diligencias y en las audiencias, que evidencian la falta del recurso humano especializado y competente que se necesita en nuestra ciudad”, dice el comunicado.
Pero el de Alejandra es un caso más de los miles que existen en Honduras, donde niñas y mujeres siguen esperando justicia para ellas, agrega el documento según el cual la impunidad en los casos de violencia sexual es de un 93%.
“Las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno no nos protegen”, agregan, porque no existe voluntad política, lo cual queda evidenciado con la aprobación del Código Penal “nefasto” que más bien disminuye las penas a los violadores y feminicidas.
Las mujeres víctimas de violadores tampoco cuentan con un protocolo de atención integral y Honduras es el único país de Latinoamérica que no brinda anticoncepción de emergencia a las niñas y mujeres violadas.
En ese sentido, “el Estado también obliga a embarazos y maternidades forzadas porque penaliza absolutamente el aborto”.
