Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- Como un abuso de autoridad calificaron vecinos de la municipalidad de Santos Guardiola, Roatán, Islas de la Bahía, la ordenanza de la municipalidad suscrita en abril pasado que, invocando medidas sanitarias contra el Covid-19 del Sistema Nacional de Riesgos, (SINAGER), advierte la incineración de embarcaciones que arriben a esta comunidad sin el visto bueno del ente edilicio.
La medida se extiende al municipio de la isla de Santa Elena, que depende completamente del abastecimiento de alimentos y combustibles por la vía marítima, lo que consideran una arbitrariedad y discriminación de parte de la alcaldía de Santos Guardiola.
Con esta disposición la corporación en pleno estaría expuesta a demandas civiles y penales ante la imposición de una medida no autorizada por el SINAGER, ante la posible de destrucción y daños de bienes privados a personas naturales y jurídicas.
El comunicado de la entidad edilicia ratifica los puntos de la ordenanza municipal del mes de abril, donde aparte de la destrucción embarcaciones, advierte la captura de la tripulación que será presentada ante las autoridades policiales y una multa de 100 mil lempiras, como parte de las prohibiciones de ingreso a esa comunidad “para prevenir la propagación del Covid-19”.
La medida contraviene autorizaciones de zarpe para carga y combustibles y alimentos emitidos por la Dirección de la Marina Mercante y el SINAGER en el marco de la pandemia, entre las que no se contempla la destrucción de naves como medida preventiva al patógeno viral.
El punto cinco del comunicado de la corporación edilicia de Santos Guardiola avisa, “a todas las comunidades del municipio, en especial al de Santa Elena, que queda terminantemente prohibido permitir el ingreso de personas nacionales y extranjeras, así como embarcaciones de todo tipo; el incumplimiento de esta medida obligará a poner un cerco epidemiológico para evitar la propagación de la enfermedad.
Los puntos 1, 2 y 5 están para demandar a la municipalidad de Santos Guardiola, el resto de las medidas que invocan estas autoridades sí cumplen con lo que pide el SINAGER, coinciden vecinos con acceso a las redes sociales.
El comunicado en cuestión lleva las firmas de los regidores Clifford Mejía, regidor 1, Karla Leiva, regidora 2, Walter Orellana, regidor 3, Terel B. Alas, regidor 4, Alex F. Ávila, regidor 5, Orellana, Sterling Lucas, regidor 6, Jenny Hernández, regidor 7, Salma Fernández, regidor 8 y Carlson Gilbert, alcalde municipal.
Lo anterior muestra de la alta vulnerabilidad jurídica en la que se encuentran las Islas de la Bahía, donde procedimientos como el registro de un catastro exclusivo para la ZEDE Prospera, cerca de Crawfish Rock, por el Instituto de la Propiedad, así como que el área de esta ciudad modelo se extiende hasta inmediaciones del municipio de Coxen Hole, Roatán, suceden sin consulta alguna, como se informó en Criterio.hn.
Algunas autoridades no están al servicio de las instituciones, sino que, de particulares fuera a la comunidad, se dijo en un espacio de análisis, donde además se denunció la falta de equidad en el cierre de negocios por parte de la municipalidad de Santos Guardiola.
