Ante el boicot del cabildo abierto por parte del alcalde Adán Fúnes, quien irónicamente lo promocionó, los pobladores realizaron una asamblea popular en presencia de ocho regidores de Tocoa rechazando la instalación de una planta termoeléctrica a base de coque de petroleo o petcoke
Tegucigalpa. – Ignorando la convocatoria a un cabildo abierto, el alcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnes, canceló a último momento la reunión pública extraordinaria en la que abordaría la instalación de una planta termoeléctrica a base de coque de petróleo de las empresas mineras Los Pinares – Ecoteck.
Ante la negativa de Fúnes de presidir el cabildo y con la presencia de ocho de los diez regidores, la población presente se autoconvocó a una asamblea popular en la que rechazaron el componente energético del megaproyecto minero del Grupo Emco Holding en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
El componente termoeléctrico a base de coque de petróleo, en el pasado, ha sido promovido tanto por Fúnes como por el titular de la Secretaría de Recurso Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina. Este último incluso descalificó al regidor de Tocoa y defensor del agua criminalizado, Leonel George, quien cuestionó el accionar de Medina.
El proyecto es impulsado por el oficialismo como la solución a la problemática energética en la zona. En una entrevista a un medio local en octubtre, Medina planteó que la capacidad de generación de unos 25 megas “pueden abastecer de energía eléctrica a unos 40 mil hogares en la zona”. No obstante, obvió que gran parte del mismo sería dirigido a satisfacer las necesidades energéticas de la planta peletizadora de oxido de hierro de Ecotek.
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ALCALDE FÚNES LLEGÓ PERO OPTÓ POR NO INGRESAR
La defensora e integrante del Cómite Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Juana Esquivel, contó a Criterio.hn que el alcalde Fúnes sí llegó al exterior del Instituto Froylan Turcios –donde se llevaría a cabo el cabildo abierto– pero se negó a ingresar al temer el resultado que obtendría en el cabildo.
Por su parte, el alcalde de Tocoa –apostado frente al Instituto Froylan Turcios– argumento ante medios de comunicación que no había condiciones para celebrar el cabildo abierto y que estaba siguiendo las recomendaciones de la Policía Nacional. Fúnes partió del lugar a bordo de un vehículo Honda CRV.
“Uno de los regidores anunció que por instrucciones del alcalde, se suspendía el cabildo abierto. ¡Lamentable! Él mismo ha estado presionando porque se desarolle este cabildo abierto, movilizando de manera muy vil a los empleados de la alcaldía municipal para promocionar este proyecto a nivel de algunas comunidades, y el día de celebrarlo, al ver que la mayoría de las personas teníamos una posición en contra de este proyecto, decide boicotearlo, decide cancelarlo porque temía a los resultados de esa consulta”, expresó Esquivel.
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La integrante del Comité Municipal pormenorizó que ya en octubre la corporación municipal rechazó la realización de un cabildo abierto, pero que ante las presiones de Inversiones Los Pinares y Ecotek, ambas del Grupo Emco Holding, se promovió nuevamente al interior del consejo municipal, por lo que se estableció que el cabildo se realizaría el pasado sábado 9 de diciembre.
Si bien la postura del Cómite Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa fue de que no se podía realizar un cabildo abierto sin la socialización de los efectos del coque de petróleo en la salud y ambiente, Esquivel sostuvo que se insistió a la población que debían participar.
FUERTE PRESENCIA POLICIAL NO AMEDRENTÓ A POBLACIÓN
La defensora manifestó que las y los habitantes de las comunidades de Guapinol, Ceibita y el asentamiento campesino La Lempira, asi como Tocoa, atendieron puntualmente al llamado de la Corporación Municipal y manifestaron su postura en contra de la instalación de la termoeléctrica.
“Pasadas dos horas después de la convocatoria [9:00 AM] y a pesar de estar presentes la mayoría de los regidores y la secretaria municipal, el alcalde no llegó. Al parecer nuestra normativa municipal dice que no se pueden celebrar [cabildos abiertos] sin el alcalde municipal. Como pobladores consideramos que si hay mayoría de corporativos que acordaron ese cabildo abierto, debería haberse celebrado”, planteó Esquivel.
Agregó que días antes, se anunció que en el marco del cabildo abierto habría “un fuerte cuerpo policial y militar dentro de las instalaciones”. Llegado el día así fue, relató, “alrededor de más de 60 elementos policiales presentes registraron a cada una de las personas que ingresaron al centro educativo”.
Esquivel señaló que los guardías de seguridad de Ecotek también estuvieron presentes en el instituto donde se celebraría el cabildo abierto. Sin embargo, aclaró que el cuerpo policial presente “cumplió con los acuerdos que había tenido con la población […] que no iba a permitir que otros cuerpos armados estuvieran presentes en el instituto y en el cabildo abierto”, por lo que fueron desalojados temprano, antes de que iniciara la actividad.
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Tras el anuncio del alcalde cancelando el cabildo abierto, y en presencia de seis regidores que permanecieron el centro educativo, el Cómite Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa junto a la población autoconvocaron a una asamblea popular en la que se sometió a votación la decisión de la instalación de la termoeléctrica, resultando en un no al proyecto de generación eléctrica ni a los siete componentes del megaproyecto minero del Grupo Emco Holding.
A la vez que “ratificamos nuestra declaratoria de cabildo abierto celebrado el 29 de noviembre de 2019”, en la que Tocoa fue declarada libre de minería. No obstante, en ese entonces, las autoridades presentes no adquirieron compromisos con respecto a la exigencia de la cancelación del mega proyecto minero.
El cabildo de 2019 estuvo presidido por el alcalde Adán Fúnes y el coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre) y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, así como diputados por dicho instituto político.
El megaproyecto minero del Grupo Emco Holding es responsable de la criminalización de defensores ambientales, entre ellos ocho protectores de los ríos Guapinol y sector San Pedro que fueron sometidos a prisión arbitraria durante 914 días por defender el derecho a un ambiente sano.
