Tegucigalpa. – La Secretaría de Seguridad de Honduras anunció, para este 2023, la construcción de dos cárceles de máxima seguridad.
El anuncio ha generado fuertes cuestionamientos, ya que el Estado de Honduras podría estar a las puertas de emular la política del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
El anuncio, surgió luego que la presidenta de Honduras emplazó a los entes Armados del Estado por los altos índices de criminalidad. “No es posible que estemos bajo ataque del crimen organizado en constantes masacres y feminicidios, entre otros”, señaló Xiomara Castro.
Luego de esta reprimenda y de constantes reuniones en Casa de Gobierno, el director de la Policía Nacional (PN), Gustavo Sánchez, informó la construcción de estos recintos carcelarios. “Exclusivamente para recluir en ellas, a miembros de bandas que están procesados por delitos de crimen organizado”, mencionó Sánchez.
Sin embargo, analistas y defensores de humanos son de la opinión que esta decisión es repetir patrones y políticas que no han dado resultados.
En ese sentido, Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), mencionó “el problema es que no implica y no significa nada que sea novedoso en relación a seguridad”.
Quien, además, advirtió “lamentablemente la historia nos enseña que, si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a obtener los mismos resultados incluso peores”.
Según informó el director de la PN, los centros penales se construirán, uno en la isla del Cisne, ubicada al noreste del mar Caribe y el otro en la zona selvática entre Patuca, Olancho y Gracias a Dios.
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ESTADOS DE EXCEPCIÓN COPIAS DE EL SALVADOR
Honduras vive desde el seis de diciembre de 2022 bajo un estado de excepción parcial, prorrogado hasta el 6 de abril, y que de acuerdo con defensores de derechos humanos esta medida, que permite a los entes armados del Estado suspender garantías constitucionales es violatoria de derechos humanos.
Todas las medidas adoptadas apuntan a que el Gobierno de Castro, adopte las prácticas que implementó Bukele, de acuerdo con Javier Acevedo, esto es producto de “una demanda bastante fuerte que existe en la sociedad hondureña a la acción represiva por parte del Estado”, un llamado que se dispersa en los medios de comunicación y redes sociales.
Ahora con el anuncio de la construcción de las cárceles de máxima seguridad con una capacidad para albergar a 1,500 personas, procesadas o sentenciadas por delitos de crimen organizado, narcotráfico o por pertenecer a maras y pandillas, se hace evidente que van por el mismo camino del presidente Bukele.
“En El Salvador hay un mal ejemplo, la simple frase del presidente refiriéndose a los privados de libertad como que fueran animales, ya es una violación de derechos humanos,” apuntó Bartolo Fuentes, disputado de Libre, al ser consultado por Criterio.hn si en Honduras se adoptarían estas medidas represivas.
El vecino país de El Salvador, implementó un estado de excepción desde el 27 de marzo de 2022, le siguió la construcción de “la cárcel más grande de toda América” donde trasladó a 2 mil pandilleros, lo que despertó las críticas de organizaciones de derechos humanos.
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INGOBERNABILIDAD EN CENTROS PENALES
Las Cárceles en Honduras dejaron de ser los centros de rehabilitación debido a que el Estado abandonó esta responsabilidad con los privados de libertad, y se convirtieron en centros de operación de la criminalidad y la extorsión, lo que se traduce según analistas, en la ingobernabilidad del sistema carcelario.
Con esta ingobernabilidad, las violaciones a derechos humanos en los centros penales se han aumentado. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH ), reportó mil 339 quejas de violaciones a derechos a humanos en los centros penales, además indicó que el 31% de quejas están relacionadas con el trato no adecuado por parte de las autoridades o custodios penitenciarios.
En Honduras los centros penales están a cargo de la Policía Nacional, y en un pasado reciente bajo el mando de los militares, decisión que cuestiona el diputado del partido Libre, Bartolo Fuentes. “Ni el Ejército, ni la policía son lo más indicado para dirigir los centros penales”.
En ese sentido el congresista, sugirió la formación de personas civiles capacitadas en derecho, psicología, la salud, y el ámbito educativo, para que al privado de libertad “se le considere un ser humano”.
Los centros penitenciarios han sido escenarios de crímenes como el asesinato Magdaleno Meza, el supuesto narcotraficante y socio de Tony Hernández, hermano del presidente Hernández, quien enfrentan la justicia estadounidense por el delito de narcotráfico; fugas de alto impacto como la de Alexander Mendoza, “el Porky”, líder de una pandilla, e incendio como la ocurrida en el centro penal de Comayagua donde murieron 360 víctimas.
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POLÍTICAS INTEGRALES
En Honduras, las políticas de mano dura, no son algo nuevo, en el gobierno de Ricardo Maduro fueron implementadas a fin de declarar una guerra a las maras y pandillas. Políticas que de acuerdo con el director de CIPRODEH “no han servido para nada, la delincuencia en términos prácticos no se ha reducido”.
De acuerdo con el defensor de derechos humanos, estas políticas han abonado a impunidad. Estimaciones del CONADEH, indican que alrededor 20 mil 000 personas están privadas de su libertad en los diferentes centros penitenciarios del país.
Javier Acevedo apuntó que en el país centroamericano –que cerró con una tasa de homicidios de 35.8 % por cada 100 mil habitantes en el 2022— ya se han hecho varios esfuerzos de construcción de propuestas en materia de seguridad con enfoque de derechos humanos.
Sin embargo, lamentó “hay una resistencia bastante fuerte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para asumir la responsabilidad de respetar los derechos humanos”.
En ese sentido, Acevedo urgió de un trabajo integral no solo con los entes armados, sino garantizar a los hondureños el acceso a la educación, salud, empleo, vivienda, es decir la garantía de sus derechos humanos para provocar condiciones que le permitan a las personas vivir en libertad.
