Adolfo Facussé le dice al presidente del Cohep que es cómplice del fraude electoral y de la corrupción del gobierno

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Por: Redacción CRITERIO

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Tefucigalpa.-Mediante un extenso texto, el exdirector de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) Adolfo Facussé le reclama al presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Luis Larach, por su papel en la actual coyuntura de crisis y entre otras cosas, le dice que se ha convertido en cómplice del fraude electoral del pasado 26 de noviembre y de la corrupción del actual gobierno.

En su misiva expuesta públicamente en su página de Facebook, Facussé dice que la población hondureña y especialmente la oposición ha interpretado  que la aparente pasividad de la empresa privada ante lo que está ocurriendo en el campo nacional, particularmente con motivo de las recientes elecciones, es una  “aceptación tácita de un fraude electoral y en colusión con la corrupción del partido gobernante”.

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“Mucha gente, también, está culpando aparentemente a la empresa privada por una supuesta indiferencia ante el irrespeto a los principios básicos de la Constitución y a la separación de poderes”, agrega la misiva publicada anoche en la red social.

Honduras vive actualmente una crisis política derivada de fuertes indicios de fraude por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que declaró ganador de los comicios al presidente, Juan Hernández, aun y cuando la Organización de Estados Americanos (OEA), que observó el proceso, se abstuvo de validar los resultados.

Facussé manifiesta además que de acuerdo a la reacción de la población, da la impresión que el COHEP está  muy a gusto con el Gobierno y que su única y exclusiva preocupación son sus ganancias “o sea, a los empresarios no se les ocurre que también son ciudadanos y que, como tales, van a sufrir las consecuencias de la destrucción del sistema democrático y de separación de poderes, de los abusos de los malos gobernantes, de la corrupción, de la competencia desleal de los negocios turbios, del saqueo y destrucción de las empresas de servicios públicos y, en general, de la incapacidad del sector público para cumplir con sus obligaciones principales, entre otras, de dar seguridad a la población, de atender a la educación y la salud y de detener y castigar a los corruptos, “caiga quien caiga” o sea, no importando de quién se trata”.

El expresidente de la ANDI reprocha también el papel que están jugando los medios de comunicación en la actual coyuntura, ya que a su juicio, “sólo proyectan la imagen que el Gobierno quiere dar”, ocultando que la realidad del país es muy distinta.

Apunta además que lo que pasó recientemente en el hotel Marriott y en el edificio del COHEP, va a ser poco el día que la gente que vive en la extrema pobreza baje de los cerros y se tome la ciudad, pues no habrá Policía Nacional o Militar ni Fuerzas Armadas que los pueda parar.

De acuerdo al análisis de Facussé, la empresa privada hondureña está bajo el control de sectores comprometidos con el Gobierno y no está en disposición de hacer nada, o cree que no le conviene, o no tiene el valor que se requiere para liderar un movimiento amplio, cívico, de protesta ante la corrupción y, mejor aún, liderando el cambio.

Asimismo recuerda que actualmente Honduras tiene  el índice de pobreza y miseria más alto de América, un 67%. “Es increíble cómo no hemos podido razonar ni siquiera como empresa privada en que la pobreza y la miseria, aparte de las consideraciones morales del caso, son un “mal negocio” porque el pobre, el miserable, no les puede comprar nada”

Hay que decirlo claramente: A nosotros, los empresarios, nos conviene que la gente tenga buena educación, buena salud, vivienda digna, seguridad social y los otros beneficios de las sociedades modernas, que se pueda invertir sin tantas trabas e impuestos para que se generen cada vez más oportunidades de trabajo, que la gente gane bien y vivan bien tanto ellos como sus hijos, dice Facussé.

Por otra parte, apunta que la las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (Zedes) que pretende implementar el gobierno, conspiran, obstaculizan y destruyen las oportunidades de inversión y de creación de fuentes de trabajo modernas, porque competirían y elevarían el costo de los salarios.

“Ese sistema sólo le conviene a los que controlan el
poder para beneficio propio, de sus parientes y de sus asociados y requiere y se sostiene con base en una dictadura y en el poder militar”, sostiene el industrial.

La carta integra que Adolfo Facussé dirige al presidente del Cohep:

Mensaje al Presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)

Estimado Luis:

Tengo la mejor impresión de su persona, su inteligencia y su capacidad. Por esa razón y por mi preocupación por la empresa privada, me voy a permitir formular algunas reflexiones, con todo respeto pero también con franqueza, que espero reciba con buena disposición, con el deseo de que le ayuden en el mejor desempeño posible como presidente del COHEP, pues su éxito en ese cargo es de importancia para nuestro país.

Seguramente usted, al igual que todos nosotros, está muy preocupado por lo que está pasando. La empresa privada nunca había sido sujeta de un ataque tan feroz y destructivo como el sufrido recientemente en el edificio del COHEP.

Se culpa en general a los participantes de la marcha de protesta de la Alianza de Oposición, pero muchos dicen que era gente infiltrada y otros, que se trata de “agentes provocadores” del mismo Gobierno, con los que aparentemente busca asustar, demostrando que esa es la alternativa que enfrenta la empresa privada en particular y nuestro país en general si se llega a considerar la viabilidad de un Gobierno dirigido o controlado por el expresidente Manuel Zelaya quien, como recordarás, fue expulsado del país por tratar de reelegirse, lo que ha logrado hacer el gobernante actual con base en un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, basado en que “eran inconstitucionales algunos artículos de la Constitución”.

La Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), por su parte, ratificó que la movilización realizada por la Alianza el viernes 12 de enero en Tegucigalpa, según la fuente de la noticia, “fue reprimida sin que existiese una provocación por parte de las personas que asistieron a la movilización” y “desmiente el comunicado de la Policía Nacional en donde mintió diciendo que todas sus acciones represivas estaban dentro del marco del Manual del Uso de la Fuerza de las Naciones Unidas.”

Se ha notado que, por la general, las marchas son pacíficas cuando no ha habido fuerzas públicas reprimiéndolas o se hayan introducido infiltrados o agentes provocadores, como fue la experiencia con las marchas de las antorchas, grandes manifestaciones de jóvenes indignados por el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social durante el Gobierno nacionalista de Porfirio Lobo Sosa.

En todo caso, nadie está de acuerdo con hechos violentos. Ojalá que las cámaras que supongo tiene el COHEP en los exteriores de su edificio hayan podido grabar las imágenes de los asaltantes y que ya se han presentado las denuncias y acusaciones correspondientes.

En todo caso, es necesario preguntarse, ¿qué puede haber hecho la empresa privada para convertirse en blanco de ese tipo de ataque o si es que estamos condenados a seguir siendo atacados haga lo que haga la empresa privada?

Mejor pregunta podría ser, ¿qué es lo que no ha hecho y más bien, debería hacer, la empresa privada para evitar volverse a ver en esta penosa situación?

Según se puede entender de los varios “chats” que están circulando, mucha gente y particularmente la oposición han interpretado una aparente pasividad de la empresa privada ante lo que está ocurriendo en el campo nacional, particularmente con motivo de las recientes elecciones, como un caso de aceptación tácita de un fraude electoral y en colusión con la corrupción del partido gobernante; mucha gente, también, está culpando aparentemente a la empresa privada por una supuesta indiferencia ante el irrespeto a los principios básicos de la Constitución y a la separación de poderes.

Se trata, entonces, de una acusación tanto de índole moral como política y, si acaso va a haber respuesta, tiene que ser en ambos campos.

Para mucha de la población, los empresarios, a través de su representación en el COHEP, dan la impresión de que están muy a gusto con el Gobierno que tenemos y seguiremos teniendo y que su única y exclusiva preocupación son sus ganancias o sea, a los empresarios no se les ocurre que también son ciudadanos y que, como tales, van a sufrir las consecuencias de la destrucción del sistema democrático y de separación de poderes, de los abusos de los malos gobernantes, de la corrupción, de la competencia desleal de los negocios turbios, del saqueo y destrucción de las empresas de servicios públicos y, en general, de la incapacidad del sector público para cumplir con sus obligaciones principales, entre otras, de dar seguridad a la población, de atender a la educación y la salud y de detener y castigar a los corruptos, “caiga quien caiga” o sea, no importando de quién se trata.

Hay también miles de empresarios micro, pequeños y medianos que no se sienten parte de lo que llaman la gran empresa, “la de los banqueros”, la de los monopolios, la que hace negocios con el Gobierno, la que está exenta de impuestos, las que se benefician de los proyectos de CoAlianza, etc.

Igual sucede con la clase media, cada vez más menguada, de los miles de personas con títulos universitarios que no encuentran trabajo o, si lo hacen, es ganando salario mínimo o trabajando por horas.

Muchos de los grandes medios de comunicación callan y sólo proyectan la imagen que el Gobierno quiere dar. Pero la realidad es distinta: Por ejemplo, 40% de los 542 barrios y colonias de Tegucigalpa son zonas marginales, controlados por las maras y por policías corruptos.

Casi todas estas zonas marginales están en los barrancos de las montañas que rodean la capital; allí no leen periódicos, nunca han visto ni de cerca a La Gaceta, su orientación es la que reciben de las redes sociales y su sustento el que obtienen con la extorsión y el robo.

Lo qué pasó en el Hotel Marriott y en el edificio del COHEP va a ser poco el día que se decidan a bajar de los cerros y tomarse la ciudad, pues no habrá Policía Nacional o Militar ni FFAA que podrán pararlos.

Similarmente resentidos están muchos buenos y grandes empresarios que triunfaron después de muchísimo tiempo, prácticamente todas sus vidas, de dedicarse al trabajo, al ahorro, al sacrificio y, quienes finalmente han tenido éxito. Lo que a ellos les tomo 50, 60 y hasta 70 años de trabajo honrado hoy lo logran en un santiamén muchos gobernantes deshonestos, narcos, criminales y hasta supuestos y mal llamados “empresarios” que logran increíble éxitos financieros aprovechándose de las ventajas y privilegios asociados al poder.

Su temor es que a los buenos empresarios, los que en otros lados sirven hasta de modelo para los jóvenes que se esfuerzan a hacer los mismos sacrificios y triunfan, se les confunda con los millonarios “maleantes express”.

Basta acordarse de los 28 contratos a precio alzado que les fueron adjudicados al cártel de los Cachiros por la ENEE, SECOPT, Fondo Vial, etc. Lo peor es la impunidad pues, preguntamos, y ¿por qué la Fiscalía todavía no ha acusado de oficio a los ministros, gerentes y miembros del Congreso Nacional y del presidente de la República que sancionaron y fueron co-responsables de dichas contrataciones?

Lo que sí es cierto es que aquí se cubre todo lo que se gasta con el Tasón, supervisada por una Comisión en la que estaban representantes del COHEP hasta que, gracias a Dios, presentaron su renuncia y que hay una Ley de Secretos que impide un control efectivo o la investigación de medidas varias que se adoptan así como de cierto uso de cargas tributarias que nos imponen.

El asunto, sin embargo, es que la empresa privada no denuncia con la autoridad moral que puede y debe tener o, cuando lo llega a hacer por esas y otras arbitrariedades, teme que el Gobierno conteste con represalias, como ocurrió con don Jimmy Dacarett, a quien le cerraron su panadería por defender a los vendedores de verduras en los mercados, pero a quien lo dejó hablando solo la empresa privada.

El resultado es evidente. La empresa privada aparentemente no se siente en la obligación cívica de denunciar, ni de combatir a los delincuentes públicos y “privados”, pues parece que tiene miedo o cree que callar “es lo más prudente”, consecuentemente no se da a respetar y por lo tanto, no la respetan.

¿Cuál es la solución que ha adoptado la empresa privada ante estas situaciones? Pues, una conducta pragmática, no pelea, tampoco invierte o, si ya invirtió y no puede excepto a alto costo trasladar a otro país sus instalaciones, les pasa el costo a los consumidores.

La realidad es que la empresa privada o está bajo el control de sectores comprometidos con el Gobierno y no está en disposición de hacer nada, o cree que no le conviene, o no tiene el valor que se requiere para liderar un movimiento amplio, cívico, de protesta ante la corrupción y, mejor aún, liderando el cambio.

Véase el ejemplo de Venezuela para conocer en que acaba la empresa privada cuando decide que “hay que dejar que la gente pelee sola” o se abstiene de decir nada porque “eso es meterse a política”, o razona que “hay que aprovechar las oportunidades”, o decide que “lo mejor es venderle al doble de precio al gobierno y no tener que molestarse con la competencia” y teme unirse a los demás sectores y hacer lo que se tiene que hacer junto con los demás sectores ciudadanos, cuando uno quiere vivir en un país con un gobierno que impulse políticas sanas de desarrollo, bajo el imperio de leyes justas, con libertad y democracia, con respeto a los derechos de las personas y con oportunidades.

Lo que lamentablemente hace la empresa privada es dejar abandonadas las banderas de las luchas por un sistema de libertad e inclusión y en contra del atraso y la corrupción. Estas banderas las deja en manos de otros que, aprovechando las debilidades de una sociedad traumada e instituciones públicas al servicio de tiranos desde sus inicios, terminan instaurando regímenes que acaban con la empresa privada que se iba a defender mejor no metiéndose o, peor aún, beneficiándose con Gobiernos corruptos.

Bien hubiera podido el presidente Trump incluir a Honduras entre el grupo de las cloacas, los “shitholes” como llama el a ciertos países, pues el máximo logro de todos los gobiernos que hemos tenido, salvo pocas y contadas excepciones, es haber convertido a Honduras en el último pelo de la cola de los países más atrasados del continente.

Tenemos el índice de pobreza y miseria más alto de América, un 67%. Es increíble cómo no hemos podido razonar ni siquiera como empresa privada en que la pobreza y la miseria, aparte de las consideraciones morales del caso, son un “mal negocio” porque el pobre, el miserable, no les puede comprar nada.

Hay que decirlo claramente: A nosotros, los empresarios, nos conviene que la gente tenga buena educación, buena salud, vivienda digna, seguridad social y los otros beneficios de las sociedades modernas, que se pueda invertir sin tantas trabas e impuestos para que se generen cada vez más oportunidades de trabajo, que la gente gane bien y vivan bien tanto ellos como sus hijos.

Los enemigos de la empresa privada se aprovechan de esa debilidad, de esa cobardía de la empresa privada hondureña, de esa increíble renuncia a la defensa y descuido de la razón fundamental de su existencia y funcionamiento o sea, de representar el sistema más eficaz que se conoce para el desarrollo y el bienestar de las poblaciones.

Nuestra generación ha visto el fracaso de la URSS, máximo exponente del comunismo. En cambio, hasta naciones regidas por gobiernos comunistas, como China, optaron por abrir su sistema económico al capitalismo y han logrado un crecimiento espectacular en beneficio a sus ciudadanos.

Pero aquí, ya se puede ver cómo los enemigos tradicionales aprovechan las debilidades de la empresa privada nacional para dar rienda suelta a su odio, su repudio y a la violencia.

Pero no es el Comunismo, que está abandonado o en franco proceso de retroceso en todo el mundo, el que pretende atacar al sistema de libre empresa, el capitalismo consciente que representa el COHEP.

El verdadero enemigo es la cultura y el sistema feudal y mercantilista que se implantó y domina a Honduras desde los tiempos de la conquista española y que ha promovido el atraso económico como mecanismo para mantener en la ignorancia y sometimiento a la población y seguir adueñándose de lo que queda de las riquezas del país.

Los españoles que conquistaron Honduras sólo estaban interesados en robarse el oro, la plata, las maderas preciosas y otros recursos que tenía el país, para lo cual sometieron y explotaron inmisericordemente a la población original.

Una vez agotados la mayor parte de los recursos minerales, los conquistadores distribuyeron las propiedades y las poblaciones indígenas comprendidas en las mismas, entre sus descendientes, con quienes prevalecieron los cultivos latifundistas y la explotación del bosque. Los parceleros sembraban en campos de los latifundistas, entregándoles en pago una mitad de la cosecha, como en los tiempos de la Edad Media.

El único comercio permitido era entre la Colonia y el Reino Español, por eso, aunque vecinas o cercanas, no se permitía el comercio entre las Colonias. Únicamente se permitía, básicamente, la producción de materias primas; también, se desanimaba la producción industrial, pues se obligaba a importar y consumir sólo lo producido en España.

Una vez agotados dichas forma de explotación, los miembros de la aristocracia y oligarquía colonial, que nunca aprendieron a trabajar y vivían de sus rentas, fueron descuidando o vendiendo sus propiedades y, como la oligarquía criolla que ha mandado hasta ahora, se dedicó a las otras formas más efectivas de acceder y mantener riquezas, esto fue destacándose en el campo militar y en la política.

Aun después de la supuesta independencia de España muy pocas veces vemos que alguno de estos personajes se dedicó a un oficio como albañil, carpintero o herrero, o puso un negocio mercantil o abrió una fábrica, pues se trataba de ocupaciones despreciadas “por ser inferiores a su clase y condición social privilegiada”. Ese espacio se lo fueron dejando paulatinamente a otros inmigrantes que, contrario a los españoles, si vinieron con sus familias a vivir y a trabajar aquí.

El modelo vigente en Honduras es el más atrasado de las Américas porque fue de los que más se resistió a aceptar los cambios políticos impulsados a nivel mundial por la revolución norteamericana (1776) y la revolución francesa (1789), así como a los cambios económicos representados por la revolución industrial. Al hermano masón y liberal Francisco Morazán lo asesinaron los conservadores, mientras aquí tocaron las campanas en celebración cuando se conoció de su muerte. Cuando hubo un intento de modernización, como con el ferrocarril interoceánico, se robaron el dinero.

Las luchas fratricidas por el poder o por mantenerse en el poder fueron incesantes durante la época post independencia. El último golpe de Estado netamente militar se mantuvo con poderes absolutos desde 1963 hasta 1982, impidiendo que se continuara con los proyectos reformistas del gobierno de Ramón Villeda Morales, inspirados por la revolución de 1948 de don Pepe Figueres en Costa Rica. A Villeda Morales, por su parte, lo calificaba el embajador de Estados Unidos en ese tiempo como ‘un comunista”.

Uno de los proyectos paralizados por los militares fue el Hospital Materno Infantil, criticado por ellos por considerarlo un “elefante blanco”, hoy conocido como el Hospital Escuela y que es el hospital que atiende a más personas en el país.

Mientras las reformas de don Pepe Figueres convirtieron a Costa Rica en el país más desarrollado de Centroamérica, los descendientes hondureños del sistema de explotación de la Conquista siguen viendo como una amenaza a la industria nacional y a los intentos reformistas, en particular a la legislación financiera.

El Banco Nacional de Fomento, copia local de la Banca Estatal de Desarrollo costarricense, rápidamente fue manejada por políticos en lugar de técnicos y quebrada dos veces, primero convertido en Banadesa y últimamente absorbido por Banhprovi.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica igual, de ser manejada por personal técnico, competente, se pasó al mando de los políticos, logrando una quiebra monumental.

Podemos seguir contando sobre otros casos, por ejemplo Puerto Cortés, el mejor puerto de Centroamérica, también quebrado por los políticos, etc.

La oligarquía criolla quiere, a toda costa, conservar el poder utilizando lo que todavía no ha quebrado y que queda en mano de los partidos políticos dirigidos por ellos, última fuente de su enriquecimiento.

Aspira a que la gente siga sometida e incluso no le molesta que se devuelva al millón de personas que se han escapado a los Estados Unidos por la falta de oportunidades en Honduras, pues representa mano de obra barata, que pueden ofrecer a nuevos conquistadores, los que vienen a establecerse y ocupar grandes extensiones del país en las “reservaciones indígenas” conocidas como las ZEDES; conspiran obstaculizando o destruyendo las oportunidades de inversión y de creación de fuentes de trabajo modernas, pues competirían y elevarían el costo de los salarios.

Ese sistema sólo le conviene a los que controlan el
poder para beneficio propio, de sus parientes y de sus asociados y requiere y se sostiene con base en una dictadura y en el poder militar.

Algunos de los expresidentes del COHEP le pueden contar sus experiencias y darle recomendaciones por si en algo te pueden servir para que tenga éxito en estos tiempos difíciles.

Yo le diré que el éxito no consiste en quedar bien con el Gobierno: ignorar su lado corrupto y sombrío y someterse; convertirse en parte, beneficiario y hasta socio para asegurarse de obtener ganancias; o pagar las mordidas para que lo atiendan y hacerse el tonto para que no lo toquen a uno.

El éxito es convertirnos en aliados del pueblo, peleando y liderando, si es posible, la lucha contra las causas del atraso.

Todavía esto es vivible y el Gobierno puede llegar a controlar tarde o temprano las protestas y las manifestaciones, aunque sea a un alto costo como hasta ahora, cuando comienza el conflicto y ya debemos lamentar más de 30 muertos, aparte de grandes daños a la inversión privada.

Pero conviene considerar algunas cosas de las muchas que pueden ocurrir un poco más adelante y preguntarnos, cómo va a enfrentar el Gobierno estos problemas, por ejemplo, qué hará: cuando fracase el diálogo, terminen las protestas sin resultados y se deba enfrentar una falta de gobernabilidad y la posibilidad de actos de terrorismo por haber frustrado el derecho a elegir conforme a la voluntad popular; cuando vuelva a subir el petróleo a $100 o más por barril; cuando baje el precio del café; cuando nos regresen de los Estados Unidos a más de un millón de emigrantes ilegales, gente que arriesgaron hasta su vida para abandonar este país, que no va a suceder como piensan en el Gobierno porque va a ser difícil atraer los miles de millones de dólares de inversiones que se requieren para darle trabajo a toda esa gente, con la violencia e ilegalidad que se viven; cuando se pierdan los $4,400 millones de remesas familiares que les mandan a otro millón de sus parientes, que ahora ya no tendrán ese sustento; y cuando esa suma representa más que el total de todas nuestras exportaciones, lo cual provocará un proceso acelerado de devaluación y enorme encarecimiento del costo de la vida, etc.

¿Qué se puede hacer?

Le recomiendo que comience leyendo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, formuladas después de los sucesos del 2009 y previa amplia consulta con todos los sectores de la Sociedad Civil.

Hicieron 64 propuestas para que, de implementarse las mismas, “no se repitieran los hechos” pero y no obstante la insistencia de la Sociedad Civil, ninguna de las cuales quisieron que se pusieran en práctica por nuestros partidos políticos.

Esa sería una buena bandera para el COHEP, que debería comenzar por recuperar su independencia y convocar a todos los demás sectores para comenzar el proceso del cambio.