Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. – La Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), exige el cese a la criminalización sistemática en contra de los defensores de la tierra y los bienes comunes y en particular a defensoras y defensores de Zacate Grande.
En un comunicado señalan que en vista de la grave situación de criminalización y hechos de violencia ocurridos en las comunidades de Zacate Grande han decidido salir a las calles para exponer el actuar de empresarios en contubernio con las instituciones encargadas de impartir justicia.
Señalan que quieren evidenciar que la matriz institucional del Estado de Honduras ha sido utilizada durante muchos años para crear una atmósfera permanente de criminalización y judicialización en contra líderes y lideresas de las comunidades, han provocado el enjuiciamiento sistemático de sus miembros y miembras en las diez comunidades de Zacate Grande, acusaciones penales por los delitos de usurpación de tierras y amenazas.
El exceso del uso del Derecho Penal, de usurpación y amenazas, exceden los principios de Legalidad y de Intervención Mínima. Es decir que van en contra de los derechos legales que tiene toda persona.
Apuntan además que el Ministerio Público, la Policía Nacional, y las Fuerzas Armadas han sido puestos a disposición de las élites hondureñas, para así sostener por medio de la violencia y el despojo sus privilegios.
Durante más de una década sus integrantes han sido sometidos a procesos penales que han desembocado en medidas que limitan su libertad. Es así, que cuando estas élites han hecho uso de los Tribunales Penales, estos han respondido satisfaciendo cada una de sus peticiones; sin embargo, cuando ellos y ellas han denunciado, con documentación y pruebas, delitos que se han cometido en nuestra contra (tanto de funcionarios públicos, como de personas particulares y empresarios), las peticiones y denuncias han sido ignoradas, como en el caso particular de Jorge Cassis Leiva y sus empleados que agreden físicamente y amenazan a muerte a los habitantes de la comunidad de Playa Blanca en el caserío Puerto Sierra, miembros de ADEPZA y que en las últimas semanas intimidan con armas de fuego haciendo disparos en las noche, por toda la comunidad, así como guardias de la familia Facussé que destruyen los cultivos de maíz en otras comunidades como en el caso de La Flor.
Lo anterior, señala el comunicado de ADEPZA, deja en evidencia al Sistema de Justicia Penal en Honduras que favorece a las élites saqueadores del territorio de Zacate Grande en perjuicio de los pueblos, constituye una violación sistemática del derecho a la justicia. Durante los últimos meses los empresarios y terratenientes se han sentido amenazados porque han presenciado nuestra capacidad organizativa como sujetas y sujetos políticos y se han visto obligados a recurrir nuevamente ante el Sistema de Justicia Penal para reactivar causas penales (en nuestra contra) excesivamente antiguas y que deberían haber prescrito.
Exigen que cese la criminalización sistemática en contra de los defensores de la tierra y los bienes comunes y en particular a defensoras y defensores de Zacate Grande.
Al Estado de Honduras para que proteja, defienda y respete los Derechos Humanos de las personas habitantes de su territorio que se ven seriamente amenazados por la ambición desmedida de empresarios que utilizan a personas de la comunidad para crear caos en la zona.
Anuncian que seguirán en permanente organización y que agotarán todos los mecanismos nacionales e internacionales para asegurar el respeto y goce de sus derechos.
