Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Un grupo de abogados de Honduras acusó este martes al presidente de este país centroamericano, Juan Hernández, por atentar contra la forma de gobierno, tráfico de influencias y abuso de autoridad.
La acción fue interpuesta ante el Ministerio Público, por un grupo de abogados procedentes de la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras.
Los profesionales de las ciencias jurídicas manifestaron que los supuestos delitos se fundamentan en la denuncia del juez José Dimas Agüero Echenique, quien hace dos semanas acusó al presidente Hernández de instruir al vicepresidente del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, Teodoro Bonilla, para que condenara y enviara a prisión al periodista David Romero Ellner.
Los abogados cuestionaron al Ministerio Público por no haber iniciado de oficio la investigación, ya que la denuncia ha trascendido por los diferentes medios de comunicación.
Los profesionales del derecho consideraron que la acción de la Fiscalía puede derivarse en la deducción de responsabilidades, tanto para los miembros del Consejo de la Judicatura, como para el presidente de la República.
En ese sentido, los denunciantes concluyeron que el mandatario estaría incurriendo en violación a la independencia de poderes, ya que como titular del Poder Ejecutivo, no tiene facultades para dar directrices sobre otros poderes, en este caso sobre el Poder Judicial.
A renglón seguido, apuntaron que el gobernante estaría incurriendo en delitos contra la forma de gobierno, tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Uno de los denunciantes fue el presidente del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y miembro de la Mesa Amplia de Indignación de San Pedro Sula, Víctor Fernández, quien aclaró que la imputación se promovió a título de ciudadanos.
Fernández apuntó que la denuncia del juez Agüero Echenique, viene a evidenciar el daño que se le ha hecho a la administración de justicia en Honduras.
Añadió que aunque las componendas y el tráfico de influencias les parezcan como algo normal a las cúpulas, “los ciudadanos y ciudadanos estamos atentos a reclamar para que en el menor tiempo posible se haga justicia sobre este tipo de casos”.
Fernández lamentó que el Consejo de la Judicatura, siendo una institución nueva, “en tampoco tiempo se haya puesto a los servicios de los intereses políticos y económicos del país”.
También, dijo que aunque el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, haya dicho que el caso se investigue, a él tampoco se le debe excluir de su responsabilidad porque es parte de lo que sucede.
El pasado 1 de julio, el MADJ presentó una denuncia en contra del presidente hondureño por los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, por haber nombrado a su hermana Hilda Hernández, como ministra asesora en Estrategia y Comunicaciones, violentando así el artículo 250 de la Constitución de la República.
