Pese a denuncias de parcialidad, la PGR argumenta que en todos los procesos penales actúa en defensa de los intereses estatales, sin favorecer a imputados y que, de cara a la audiencia de conclusiones, se está preparando una defensa sólida
Tegucigalpa, Honduras. – El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CDBCPT) acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) por actuar de forma negligente y parcial en la causa judicial por daños ambientales en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
La denuncia se realizó el miércoles 26 de marzo, al finalizar el tercer día de audiencias iniciales en el proceso judicial por el que son imputadas 13 personas, entre ejecutivos y empleados de la minera, así como funcionarios públicos, por los daños ambientales y explotación ilegal realizada por Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, subsidiarias del Grupo Emco.
Juana Esquivel, integrante del CMDBCPT, cuestionó la falta de preparación y la aparente parcialidad que habrían mostrado los representantes enviados por la PGR durante las audiencias iniciales. Según Esquivel, los procuradores habrían adoptado una postura a favor de los intereses empresariales durante el proceso de evacuación de pruebas y testigos, en lugar de defender el interés público y el Parque Nacional Carlos Escaleras.
El caso, que está siendo ventilado en el Juzgado de Jurisdicción Nacional en materia de Corrupción y Medio Ambiente en Tegucigalpa, fue presentado diez días después del asesinato de Juan López, defensor y coordinador del CMDBCPT. Entre los trece requerimientos, se incluye a Lenir Alexander Pérez Solís, en su condición de representante legal y presidente del consejo de administración de Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek.
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La causa judicial es impulsada por la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), con la PGR representando al Estado de Honduras por los daños causados al parque nacional como bien público.
Durante al menos 10 años, los defensores y residentes de Tocoa denunciaron la instalación del proyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras, la cual fue posible a través del decreto legislativo 252-2013, el cual expandió la zona de amortiguamiento del área protegida a expensas de la zona núcleo, sin contar con estudios ambientales que respaldarán la acción.
Sobre la motivación detrás de la supuesta parcialidad mostrada por la representación de la PGR, Esquivel mencionó que es urgente que la PGR nombre a un equipo de procuradores que estén empapados y comprometidos a defender un bien nacional, como el Parque Nacional Carlos Escaleras.
“Hemos estado buscando la manera de reunirnos y de exigir a la PGR que pueda nombrar un equipo de procuradores especiales para atender todos los asuntos relacionados a la defensa y a la protección del Parque Nacional Carlos Escaleras”, pormenorizó Esquivel.
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Juana Esquivel apuntó que la audiencia de conclusiones estaba agendada a realizarse este miércoles 9 de abril, pero fue pospuesta a causa de la IX Cumbre de la CELAC. Con respecto, a la actuación del Ministerio Público en la causa, la defensora reconoció que, en esta ocasión, la Fiscalía “ha sustentado con suficiente y sólida evidencia los delitos ambientales cometidos, no sólo por los representantes de la empresa, sino que también con la responsabilidad que la empresa como persona jurídica tiene con la destrucción del Parque Nacional Carlos Escalera”.
