En la primera fase del convenio firmado por Naciones Unidas y el Gobierno de Honduras, se estableció que un equipo de expertos apoyaría y asistiría técnicamente en las reformas legales que se consideren necesarias para su puesta en marcha
Tegucigalpa. -A casi cuatro meses de la firma del memorándum de entendimiento entre el Gobierno de Honduras y la Organización de Naciones Unidas (ONU) miembros de sociedad civil no ven voluntad de parte de los políticos para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Honduras (CICIH).
El convenio firmado el 15 de diciembre en Nueva York por el canciller, Eduardo Enrique Reina, como representante de Honduras y el subsecretario general de Naciones Unidas para Europa, Asia Central y América del Departamento de Asuntos Políticos, Miroslav Jenča, tiene una vigencia de seis meses.
En ese sentido, el documento en cuestión habilita dos fases previas y de su cumplimiento dependerá el arribo del mecanismo anticorrupción a Honduras.
En la primera fase, las Naciones Unidas enviarán a Honduras un equipo de expertos que realizará un diagnóstico de los instrumentos, las instituciones y las capacidades nacionales existentes, en materia de combate a la corrupción y la impunidad.
En ese sentido, el director de Gobernabilidad y Transparencia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez aseguró que en este momento no existe voluntad política “en absoluto”, para la instalación del mecanismo anticorrupción.
La aseveración de Ramírez llega a raíz que en el Congreso Nacional no ha cumplido con las sugerencias de las Naciones Unidas para reformar o derogar algunas leyes que han fomentado la corrupción en el país.
En una entrevista con Criterio.hn dijo que el Poder Legislativo juega un papel importante pues es desde ahí donde se puede otorgar o no facultades para fortalecer la CICIH, pero mientras no haya una línea clara para darle tramite a “eso no lo van hacer”.
Recordó que, el memorándum de entendimiento, mismo que tiene una vigencia de seis meses para revisar todas las actuaciones que se deben hacer en la primera fase y “ya llevamos cuatro meses de los seis que señala el convenio y no se ha nombrado ni el equipo de la ONU ni del gobierno de Honduras”.
Entre tanto el jefe de la Unidad Fiscal contra las Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, dijo tener dudas de que se vaya a instalar una misión internacional en el país.
“Pues yo creo que el éxito que pueda tener una misión internacional, que se pueda instalar en el país (…), que, si usted me pregunta a mí, yo dudo mucho que se vaya a instalar a esta altura, yo dudo mucho. Tengo dudas de que se vaya a instalar una misión internacional en el país”, comentó Santos en una larga conversación con Criterio.hn el 22 de marzo.
Al ser cuestionado del porqué de sus dudas el fiscal hizo alusión al cáncer, una enfermedad que si no se trata a tiempo puede ser mortal, “muchos dicen que la corrupción es un cáncer, y el cáncer cuando no se trata a tiempo, pues el paciente se muere. Con el tratamiento que se le está dando a la corrupción en el país, realmente el paciente, yo creo que ya murió y resucitó otra vez porque es muy lento”.
A juicio del jefe de la Uferco no es posible que ya dentro de unos meses se cumplirán dos años de gobierno y que lo único que se haya firmado, con un organismo como la ONU, sea un memorándum de entendimiento.
No obstante, el abogado constitucionalista y especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía se mostró positivo, pues la firma del convenio entre el Gobierno de Honduras y Naciones Unidas, demuestra que existe voluntad política para instalación de la CICIH.
Tras una conversación con este medio digital Mejía explicó que en la instalación del mecanismo anticorrupción hay varios actores, y la llegada de la CICIH no lo depende del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, expuso que este mecanismo internacional como lo dice el memorándum de entendimiento, tiene que ser constituido de la misma manera que un órgano intergubernamental de la ONU. Lo que significa que tiene que haber una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, entonces “eso está fuera del alcance del Poder Ejecutivo porque es parte de lo que tiene que hacer de manera independiente la ONU”.
Agregó que otro actor determinante es el Poder Legislativo y ese memorándum de entendimiento establece que se hagan algunas reformas a ciertas leyes, mismas que no se han hecho. Por lo anterior el constitucionalista se pregunta “¿si tienen voluntad para cambiar estas leyes, a pesar de que ya están en el memorándum de entendimiento? Pues yo diría que no porque no lo han hecho”.
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A FUEGO LENTO DEROGACIÓN Y REFORMA DE LEYES QUE FOMENTAN CORRUPCIÓN
En el memorándum de entendimiento señala que en la primera, la ONU enviará a Honduras un equipo de expertos que realizará un diagnóstico de los instrumentos, las instituciones y las capacidades nacionales existentes, en materia de combate a la corrupción y la impunidad.
Este equipo de expertos apoyará y asistirá técnicamente con relación a las reformas legales que se consideren necesarias, entre ellas la derogación del decreto 116-2019, la reforma al Código Penal y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz; además, realizará un diagnóstico de las fortalezas y debilidades del sistema de operación de justicia.
De estas sugerencias la mayoría no se han cumplido y las otras están a medio vapor, un claro ejemplo es la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz ha sido discutida y aprobada en un primer debate, sin embargo, en el Congreso Nacional no se ha agendado su segundo y tercer debate.
El decreto 116-2019 tampoco es tema en el Poder Legislativo, pues no hay los votos suficientes según la declaración del presidente de ese poder del Estado, Luis Redondo.
Durante su disertación en el foro “La CICIH que Queremos y Necesitamos” el jefe de Uferco Luis Javier Santos puntualizó que se deben crear condiciones legales antes del establecimiento de la CICIH y después de su establecimiento en el país.
Las condiciones previas que se deben tomar en cuenta es garantizar un marco jurídico adecuado, el nombramiento del nuevo fiscal general que priorice desde el Ministerio Público la lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico.
Por último, mencionó que un punto importante es el actuar del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), pues es desde el ente contralor desde donde se emiten informes financieros de funcionarios públicos.
Sobre las leyes que urgen ser modificados por el Congreso Nacional mencionó el acuerdo 01-2016 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el cual se crea el Circuito Anticorrupción para poder llevar casos de corrupción en todo el país.
