Después de 10 semanas de un paro de labores encabezado por la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH) y la Asociación de Servidores y Empleados del Ministerio Público de Honduras (ASEMPH) se avizora una posible solución a problemática en el ente acusador del Estado
Tegucigalpa. – La fiscal del Ministerio Público y vocera del movimiento Lucha Nacional, Leslie Cruz, confirmó que en las últimas horas hubo acercamientos con las autoridades del ente acusador del Estado para solventar la crisis que arribó a su décima semana de protestas.
Durante una conversación con Criterio.hn la fiscal confirmó que durante la reunión con el fiscal general adjunto Daniel Sibrián, personal de Recursos Humanos del Ministerio Público y el presidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales, quien ha servido de mediador, se ha logrado un pequeño avance.
En la reunión las autoridades del Ministerio Público informaron que se ha remitido al director de Administración del ente acusador del Estado un primer informe en el que ha ubicado una partida presupuestaria de 125 millones de lempiras, que será utilizada para cumplir con los ajustes salariales, enmarcados en la Ley Orgánica del ente acusador del Estado.
Sin embargo, la fiscal aseguró que las acciones de protesta continuarán hasta no tener una respuesta concreta de parte de las autoridades del Ministerio Público, ya que hasta el momento las negociaciones no se ha firmado ningún documento que les de seguridad que se cumplirá con las exigencias de la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH), personal del Ministerio Público y del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Cruz lamentó que, el fiscal general Óscar Chinchilla y el director de Administración, no asistieron a la cita que fue pautada a las 10:00 de la mañana en el salón de conferencias del Ministerio Público.
Según lo expresado por Leslie Cruz, el fiscal general adjunto Daniel Sibrián les comentó que tras la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) el 31 de marzo el fiscal general Óscar Chinchilla cruzó palabras con la secretaria de Finanza Rixi Moncada, en donde hablaron sobre la problemática del Ministerio Público.
“Ellos quedaron de reunirse en esta semana, nosotros esperamos que así sea y esas son las noticias que tenemos hasta el momento, mientras tanto nosotros no vamos a soltar edificios hasta tener en realidad un acuerdo firmado”, declaró a este medio digital.
Precisó que, aunque Medicina Forense está realizando autopsias y levantamientos cadavéricos (en las principales ciudades del país), el personal del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses continua apoyando las acciones de protesta. En ese sentido, explicó que los médicos han retomados sus labores como un acto de buena voluntad ante los avances en las negociaciones con las autoridades.
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FISCALÍA DEVUELVE PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO
En un artículo publicado por Criterio.hn el 24 de marzo en el que fiscales del Ministerio Público aseguran que el fiscal general Óscar Chinchilla devuelve más del 10% del presupuesto otorgado al ente acusador del Estado a la Secretaría de Finanzas.
En ese sentido, afirman que los fondos devueltos son mayores al monto que exigen la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH) en aumento salarial.
Al respecto el asesor económico del Ministerio Público, Gerardo Rivas, detalló que desde el año 2018 el presupuesto del ente acusador del Estado no ha sido ejecutado al 100%.
Sin embargo, en el informe “Rendición de Cuentas del Sector Público de Honduras” correspondiente al periodo fiscal 2017 el mismo Ministerio Publicó detalló que la ejecución presupuestaria, fue de 1,621.1 millones de lempiras, lo que representó el 89.7% en relación al presupuesto definitivo.
Según las estimaciones brindadas por Rivas en el año 2018 solo por partida de salarios el Ministerio Público dejo de ejecutar 111 millones de lempiras con los cuales perfectamente pudo haber mejorado las condiciones de los servidores de la fiscalía.
En el informe de rendición de cuentas del periodo fiscal 2018, el ente acusador del Estado, de manera textual cita: “porque ejecutó su presupuesto en 87%, mostrando el equilibrio que prevalecer en la gestión institucional en sus resultados físico-financieros”.
Lo que significa que de los 2,072,151 mil 734 lempiras del presupuesto no se ejecutaron 278,538, 864 millones de lempiras, una cifra mayor que la expuesta por el asesor económico del Ministerio Público. Situación que se ha repetido por varios años, según declaraciones de los entrevistados y de los informes publicados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Entre tanto, la fiscal Elki Alvarado precisó que en noviembre de 2022, en la antesala a la aprobación del Presupuesto General de la República de 2023, el Ministerio Público solicitó al Congreso Nacional un presupuesto superior a los 3 mil 400 millones de lempiras para 2023, sin embargo, la asignación presupuestaria quedó en poco más de 2 mil 200 millones.
Seguidamente, dijo que la actual administración no ha sido capaz de pedirle a la Secretaría de Finanzas que modifique esta partida y lo mueva para otorgar el aumento salarial y la actualización por costo de vida.
En lo personal el jefe de la Unidad Fiscal contra las Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, externó que es contradictorio que la administración del Ministerio Público devuelva parte del presupuesto asignado, ante las necesidades de las regionales de la fiscalía.
Seguidamente, apuntó que en los últimos años se ha devuelto entre 13 y 16 por ciento del presupuesto y esta situación es una negligencia de parte de los que dirigen la institución, porque no solo eso, sino que han rechazado ayudas millonarias de organismos internacionales que han querido apoyar a la Uferco.
Para el jefe de la Uferco es inconcebible que en un país tan pobre se rechacen colaboraciones que buscan fortalecer la lucha contra la corrupción.
Asimismo, dijo que ha habido una limitación casi absoluta a ese tipo de colaboración dirigida a esa fiscalía o sea hay una limitación casi total se ha puesto un muro para que todas esas ayudas no ingresen a la oficina.
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AGRESIONES AL PERSONAL DE MEDICINA FORENSE
La doctora y vocera de los médicos forenses, Ana Molina, denunció haber sido víctima de agresiones por parte de agentes de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, la noche del miércoles 5 de abril.
“A eso de las 11:15 de la noche, cuando nos disponíamos a entregar el cuerpo de la persona, apareció una grúa de la Policía Nacional y un vehículo con seis agentes de los Cobras y les pregunté que quiénes son y qué andan haciendo y dijeron que (llegaron) para llevarse la morgue móvil”, relató la doctora Molina a medios de comunicación.
Dijo que los agentes de seguridad llegaron a las instalaciones del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forense, pero ellos no contaban con un documento legal que avalara la sustracción de la morgue móvil.
Al respecto, la fiscal Leslie Cruz lamentó y reprochó las acciones de los agentes de Fuerzas Especiales, ya que no era necesario el uso de la fuerza porque los médicos forenses ya habían retomado sus labores y han estado realizando las autopsias y levantamientos cadavéricos.
“Esa acción es totalmente injustificada, y es una acto que sucedió a las 11:00 de la noche sin ningún documento que respaldará esa decisión, ya sea por parte del Fiscal General o alguna orden judicial que no hubo evidentemente y fueron únicamente atacar a los compañeros y sacarlos por la fuerza la doctora, Ana Molina salió lastimada”, calificó.
