Una de las hipótesis más fuertes sugiere que el gobierno podría estar encubriendo a personajes de la vida política y familiar, algunos mencionados en el juicio de Juan Orlando Hernández en Nueva York.
El gobierno a través del canciller, inicialmente, argumentó que la cancelación del tratado se debía a que podría ser una herramienta política utilizada por Estados Unidos con fines electorales, pero más tarde, la presidenta manifestó que el tratado se había eliminado porque con este se pretendía debilitar y dividir las Fuerzas Armadas.
Tegucigalpa, Honduras. – La inesperada cancelación del tratado de extradición con Estados Unidos, anunciada la tarde de ayer por el gobierno de Honduras, ha desatado sospechas sobre posibles intereses ocultos.
Se teme que personas vinculadas al poder puedan estar en la mira para ser extraditadas, lo que habría motivado la decisión de suspender el acuerdo suscrito entre Honduras y los Estados Unidos en 1912.
Además, pese a que el gobierno justificó la medida bajo el argumento de rechazar la injerencia de Estados Unidos, muchos la perciben como un giro inesperado en su discurso, considerando que, en el pasado, las extradiciones fueron celebradas, como la del expresidente Juan Orlando Hernández en 2022.
¿DISCURSO INCONGRUENTE?
Después que la Secretaría de Relaciones Exteriores oficializó la cancelación del tratado, el canciller Eduardo Enrique Reina, explicó en un foro televisivo que la molestia por la intromisión de Estados Unidos en asuntos diplomáticos y la respuesta del gobierno hondureño en temas de seguridad están relacionadas, ya que con esta acción se busca contrarrestar las motivaciones electorales de Estados Unidos en Honduras.
Reina afirmó que la declaración de la embajadora estadounidense Laura Dogu, que insinúa una complicidad entre el secretario de Defensa de Honduras y una persona señalada como narcotraficante, busca manipular políticamente.
Según el diplomático, la extradición sería el arma con la que se pretende influir en las elecciones de 2025 a favor de intereses estadounidenses, llegando incluso a sugerir que podría dividir a las Fuerzas Armadas de Honduras para instaurar un golpe de Estado, como el ocurrido en 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya, esposo y asesor de la presidenta Xiomara Castro.
Sin embargo, el discurso de Reina muestra contradicciones, ya que, por un lado, advierte que la extradición podría ser usada antes de las elecciones en contra del partido de gobierno, pero, por otro lado, recalca que este mecanismo sólo se aplica a políticos fuera del poder, como ocurrió con el expresidente Juan Orlando Hernández, a quien se le notificó el proceso de extradición a las 2:00 de la tarde del 27 de enero de 2022, luego de haber entregado el poder a Xiomara Castro.
Además, señaló que los acuerdos de cooperación entre Honduras y Estados Unidos se mantienen vigentes, mencionando que las bases en Palmerola continúan estables, lo que generó dudas sobre la coherencia de sus afirmaciones al decir que no permitirá más injerencia estadounidense.
Igualmente, este día durante la inauguración de una Central Eléctrica de 20 MW en San Pedro, Copán, zona occidental de Honduras, la presidenta, Xiomara Castro, expresó que el señalamiento de la embajadora estadounidense constituye un intento claro de desestabilizar las Fuerzas Armadas de Honduras, acción que afirmó no se permitirá.
“No voy a permitir que se utilice el instrumento de extradición para intimidar o chantajear a las Fuerzas Armadas de Honduras, nosotros estamos defendiendo nuestras Fuerzas Armadas, no a los golpes de Estado”, expresó.
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¿ENCUBRIMIENTO?
El abogado penalista Raúl Pineda Alvarado consideró que, dado el entorno social y familiar de la familia presidencial, señalada en diversas ocasiones por supuestos vínculos con el narcotráfico, es comprensible sospechar de posibles encubrimientos; sin embargo, subraya que no existen pruebas contundentes que confirmen esas versiones.
En relación con la postura del gobierno, que atribuye la cancelación del tratado de extradición a la intención de evitar la desestabilización de las Fuerzas Armadas de Honduras, Pineda observó que estas, históricamente, han seguido las solicitudes de Estados Unidos sin necesidad de presión, “las personas que han sido extraditadas lo han sido por comprobados delitos de narcotráfico, no por motivos políticos”, expresó.
En línea con este pensamiento, Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, sugirió que una motivación detrás de la cancelación podría ser proteger a miembros de la administración hondureña que se encuentran bajo el escrutinio de la justicia estadounidense.
Además, advirtió que esta decisión podría tener serias repercusiones, tanto internas, permitiendo al crimen operar sin temor a la extradición, como externas, relegando a Honduras en la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.
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JOH CUESTIONA CANCELACIÓN DE ACUERDO
Sobre la reciente cancelación del tratado de extradición en Honduras, el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado a Estados Unidos y condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico, emitió un comunicado.
Mediante el escrito, supuestamente enviado desde prisión y divulgado por su esposa Ana García, actual precandidata presidencial por el Partido Nacional, expresó su desacuerdo con la decisión de cancelar el acuerdo.
En su mensaje, Hernández elogió el mecanismo de justicia y recordó que, durante su tiempo como presidente del Congreso Nacional en 2012, promovió importantes reformas, pese a los rumores sobre su posible extradición durante su presidencia (2014-2022), sin embargo, nunca consideró la opción de eliminar el tratado.
Hernández argumentó que, para evitar injusticias como la que él experimentó, es clave aplicar normativas adecuadas con magistrados imparciales en lugar de cancelar el acuerdo.
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DOBLE DISCURSO DE POLÍTICOS CON LA EXTRADICIÓN
En el debate sobre la extradición, numerosos políticos han cambiado su postura. Líderes de la oposición, que anteriormente condenaban la aplicación de la justicia mediante extradiciones, ahora se oponen a su cancelación.
Por otro lado, algunos que antes respaldan la medida se están retractando, como el caso del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien en una publicación de 2021 sostenía que los carteles de narcopolítica buscaban eliminar la extradición para continuar con sus delitos, pero hoy ante los cuestionamientos por dicha afirmación han optado por borrar la publicación.
Además, se recuerda que el expresidente de Honduras y actual asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, negó rotundamente la posibilidad de eliminar la extradición, no obstante, ahora es sólo cuestión de meses para que dicha medida entre en vigencia.
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JUSTICIA HONDUREÑA SIN CAPACIDAD
Tras conocerse que el narcotráfico será ahora juzgado por la justicia hondureña, han surgido serias dudas sobre si el país cuenta con la capacidad para enfrentar este desafío.
“Ni la justicia hondureña ni la de ningún país latinoamericano está preparada para lidiar con casos de narcotráfico. Ya hemos visto ejemplos como la fuga de ‘El Chapo’ Guzmán en México, donde los criminales logran cooptar la justicia y ponerla al servicio del crimen organizado”, opinó Raúl Pineda Alvarado.
En tanto, el exfiscal de la República, Edmundo Orellana, que inicialmente había expresado su desacuerdo con la cancelación de la extradición —al considerarla como una herramienta efectiva para impartir justicia—, después subrayó la necesidad de fortalecer al Ministerio Público y al Poder Judicial con recursos técnicos y financieros si se quiere combatir el narcotráfico en Honduras.
Pero el tema va más allá de herramientas técnicas, ya que de todos es conocido la poca credibilidad del sistema de justicia en Honduras, por la complicidad de funcionarios judiciales con el crimen organizado.
Por ejemplo, un análisis de Criterio.hn reveló que, en los últimos cinco años, al menos 299 miembros del Poder Judicial, incluidos jueces, magistrados y operadores de justicia, han sido denunciados ante el Ministerio Público por la comisión de diversos delitos.
